MURCIA (EP). La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación con once detenciones por presuntas irregularidades en adjudicaciones en la compra de material sanitario para la covid-19, dentro de una investigación que afecta a un cargo público de la Diputación de Almería. Las actuaciones las dirige un juzgado de Barcelona y afectan a las provincias de Almería, Barcelona, Gerona, Murcia y Palma de Mallorca.
Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press aseguran que el cargo público vinculado supuestamente con esta trama es Óscar Liria, que forma parte del organigrama de la Diputación de Almería en calidad de vicepresidente tercero y responsable de Fomento.
Desde la Diputación de Almería, fuentes de la institución han señalado que Óscar Liria se encuentra junto a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para colaborar con los requerimientos de los investigadores. Además, aseguran que no tienen constancia de ningún funcionario detenido.
Estas fuentes confirman que los agentes han estado en el Palacio Provincial, sede de la Diputación de Almería, para solicitar un expediente relacionado con la compra de material higiénico, principalmente mascarillas, durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. En este sentido, añaden que el expediente se pagó y que recibieron el material.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, "a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas".
"Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el Covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público", añade el Instituto Armado.
Hasta el momento se han practicado 11 detenciones y se están llevando a cabo diferentes actuaciones en las provincias de Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La Guardia Civil ha subrayado que se trata de la "primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo de la covid-19". Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros.
La operación está previsto que se desarrolle los días 15 y 16 de junio por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Los agentes están bloqueando e interviniendo diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como 'operación Lúa'. Además de la UCO hay efectivos de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Agrupación de Reserva y Seguridad, y de Policía Judicial, pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil afectadas.
Asimismo se cuenta con la colaboración del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de EUROPOL, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo durante el transcurso de las actuaciones.