"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo", ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de este miércoles, tras una madrugada de negociaciones sobre los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes hasta que se resuelve cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado en un comunicado en las redes sociales que "el 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia" porque se ha logrado un acuerdo fundamental para la gestión migratoria y del asilo en la Unión Europea. "Estoy muy orgulloso de que con el Pacto sobre Migración y Asilo hayamos logrado ofrecer soluciones", ha apuntado.
"Todas las piezas han encajado en su lugar. Es un punto de inflexión en los cinco pilares clave del Pacto de Migración y Asilo. Ha sido un largo camino pero lo logramos", ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de migración, Margaritis Schinas, sobre un acuerdo político que requerirá aún de trabajo técnico en las próximas semanas para ser finalizado.
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El modelo de solidaridad 'a la carta' también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo --y países como España e Italia en un primer momento-- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.
Entre los principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.
También tuvieron que resolver las diferencias en la última ronda sobre el reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección y el temor de los eurodiputados a que al permitir ese 'screening' dentro del territorio de la UE pudiera dar lugar a discriminación de personas controladas.
Ese control previo a la entrada para las personas que no cumplan las condiciones de entrada incluirá la identificación y recopilación de datos biométricos, así como controles de salud y seguridad, en un proceso que durará máximo siete días. Las autoridades deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un "mecanismo de supervisión independiente" para garantizar el cumplimiento de los Derechos fundamentales.
Se crea también un procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la protección internacional que sustituirá los marcos nacionales que fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. Se introducen plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente inadmisibles.
Además, el marco del reglamento de Eurodac que amplía las bases de datos introduce imágenes faciales además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años. Con esta modificación, los gobiernos podrán también marcar si alguien presenta una amenaza para la seguridad, es considerada violenta o ha tenido acceso a armas ilegales.
Críticas de ONG: "Es un paso atrás"
Pese al optimismo expresado tanto por eurodiputados como por los gobiernos, representados por la presidencia española del Consejo, varias ONG han visto en el resultado un "paso atrás" en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a la Unión Europea en situación irregular o en busca de protección.
"Este acuerdo está diseñado para dificultar que las personas lleguen de manera segura", ha alertado la directora de Amnistía Internacional en Europa, Eve Geddie, para quien el nuevo marco europeo facilitará que "más personas sean detenidas 'de facto' en la frontera de la UE, incluidas familias con niños y personas vulnerables".
Amnistía Internacional denuncia la rebaja de salvaguardas para los demandantes de asilo porque habrá más migrantes cuyos expedientes se "canalizarán a través de procedimientos transfronterizos deficientes en lugar de recibir una evaluación justa y completa" de su solicitud.
Las ONG también han alertado de las consecuencias de que se permita "derogar" las reglas de asilo -para alterar, por ejemplo, los tiempos de los procedimientos_en casos de fuerza mayor o "instrumentalización" por terceros de la migración que genere una llegada masiva de personas a suelo comunitario.
"En lugar de hacer que el sistema de asilo de la UE sea más fuerte y más justo, los Estados miembro prefieren transferir su responsabilidad de asilo a países no pertenecientes a la UE, impedir las llegadas y acelerar el retorno, exponiendo a los migrantes a violaciones de Derechos Humanos", ha lamentado, por su parte, la secretaria general de Caritas Europa, Maria Nyman.