Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. "Si me cuentas mi vida / Lo niego todo". Los versos de Sabina bien podrían ser la banda sonora de la jornada de este martes, marcada por la declaración de Eduardo Zaplana ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que lo juzga por el caso Erial. "Lo niego todo / Aquellos polvos y estos lodos / Lo niego todo / Incluso la verdad". Esto último no a juicio de él, por supuesto.
El exministro se sienta en el banquillo por los presuntos delitos de de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. Los investigadores lo consideran a él y a su círculo más cercano como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
Zaplana llegó pasadas las 9.40 horas a la Ciudad de la Justicia de València y a la entrada tuvo un pequeño percance cuando una mujer que aguardaba para acceder por el control de seguridad le recriminó que no esperara su turno. "Yo estoy aquí desde temprano. ¡Haz la cola!", le espetó. Finalmente, un guardia civil le ayudó a abrirle paso.
La sesión arrancó con normalidad y se inició con la petición del abogado del expresidente de la Generalitat de que declararan primero los acusados que hubieran suscrito un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, "si es que existen". El representante de Anticorrupción, sin embargo, replicó que en el calendario inicial se acordó que compareciera en primer lugar Zaplana, por lo que interesó que se mantuviera así. La Sala le indicó a continuación que se sentara a declarar.
El exministro sorprendió en su estrategia, puesto que se sometió a un exhaustivo interrogatorio de la Fiscalía durante cerca de tres horas y media. Después, su abogado rechazó realizarle preguntas. Si bien no es inaudito, sí que se trata de algo muy poco común en juicios de este tipo. El expresidente de la Generalitat traía el argumentario bien preparado y no se salió ni un milímetro de él. Tuvo salida para todo. Tal vez por ello su defensa optó por no añadir nada a sus respuestas que pudiera perjudicarle más.
A lo largo de su declaración, en la que evidenció un profundo conocimiento del sumario y aprovechó para contar que estaba ultimando un libro, trató de que el fiscal reformulara sus preguntas, denunció lo que consideraba cuestiones "capciosas", se cabreó por lo que ve como "interpretaciones y no hechos" y pidió perdón por su efusividad. "Puede que el equivocado sea yo, pero creo que es usted", le dijo en una ocasión. El representante de Anticorrupción permaneció impasible y no adoptó un papel agresivo. No ganaba nada entrando en el juego cuando todavía quedan importantes comparecencias de acusados por delante, algunos de ellos con posibles conformidades.
Ya entrando en el meollo, Zaplana negó su participación en todos los hechos que se le atribuyen: se desvinculó de las adjudicaciones públicas de las ITV y los parques eólicos; aseguró que nunca ha tenido dinero en el extranjero; dijo que desconocía absolutamente el entramado societario que habría servido para desviar los fondos de las comisiones y luego retornarlos; y, si hubo algo que le beneficiara a cualquier nivel, nunca fue gracias al dinero de la trama, sino que respondía a favores de amigos. A los cuales admitió que él también ayudó como intermediario en operaciones bancarias o inmobiliarias.
Zaplana, que manifestó que el uso del apodo "jefe" por parte de sus supuestos testaferros según las conversaciones que conforman la causa es algo que le suele ocurrir desde hace años cuando se dirigen a él, expuso sus relaciones personales con los otros 14 acusados. A su círculo más cercano de colaboradores admitió que lo conoce "mucho". Especialmente dedicó tiempo a explicar la relación con Joaquín Barceló, a quien los investigadores consideran como testaferro. Su amistad con él, comentó, viene desde la infancia y por eso le ayudaba, pero nunca tuvieron relaciones comerciales. Puso como ejemplo los problemas que estaba teniendo la Banda Privada de Andorra (BPA), donde él tenía unos fondos de sociedades panameñas y estaba preocupado por qué iba a pasar con ellos. El exjefe del Consell indicó que simplemente intermedió para tratar de ayudarlo, aunque realmente la causa apunta a que ese dinero era de la trama que presuntamente lideraba.
La misma negativa sobre el hecho de compartir relaciones comerciales o societarias con Barceló extendió a Francisco Grau, su asesor; a Mitsouko Henríquez, su secretaria particular desde 1991 ininterrumpidamente; a Juan Francisco García, su exjefe de Gabinete y con quien mencionó que mantuvo una relación política muy cercana; a Vicente Cotino, sobrino del fallecido exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino –afirmó que lo empezó a tratar a a partir de 2019, cuando salió de prisión–; y al propio Juan Cotino, del que también indicó que simplemente lo conoció bastante del ámbito político.
Sobre este último, señaló que nunca le envió información del Plan Eólico por correo –como aparece en el sumario– porque "ese año no tenía correo electrónico, y Cotino tampoco". "Nunca hablé con él ni de inversiones ni de negocios", apuntó, aunque admitió que "todo el mundo sabía la relación de Cotino con Sedesa: los del gobierno, los de la oposición, los de arriba y los de abajo".
A todos los mencionados anteriormente se les considera partícipes de la trama, pero Zaplana rechazó que tal cosa existiera y, por lo tanto, enmarcó sus vínculos en el ámbito laboral y personal. De este modo, incidió en que desconoce todo el entramado societario que, de acuerdo con la causa, manejaba él en la sombra. Medlevante, Gesedesarrollos, Turnis, Imison, Fenix Investmentes, Impega... los nombres de las empresas eran nuevos para él hasta que tuvo conocimiento del sumario de Erial, según remarcó.
El fiscal trató de desmontar esta versión y le exhibió un papel encontrado en un registro de su vivienda de Pascual y Genís en 2018 en el que figuraban algunas de las sociedades que habrían servido para el desvío de fondos de las comisiones. Se trataba, concretamente, de un documento que describía el proceso del retorno de dinero desde Imison Internacional, la empresa matriz de toda la red. Constituida y gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, la investigación apunta a que para su creación Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo.
En el citado papel constaban también las inversiones hechas y que se iban a hacer a través de las mercantiles creadas por sus presuntos testaferros para el uso de las cantidades en efectivo o para realizar inversiones inmobiliarias en la Marina a través de Medlevante, Costera del Glorio y Gesdesarrollos.
Zaplana admitió que el papel se lo entregó Francisco Grau para informarse de esas sociedades porque estaba intermediando en unos negocios a petición de Joaquín Barceló. "Pedí estos datos por ignorancia del asunto del que iba a intermediar. No conocía las sociedades", dijo. Preguntado por con quién iba a cerrar el negocio, contestó que con un empresario de Murcia con el que ha tenido relaciones "durante mucho tiempo" pero que no recordaba su nombre.
Aun así, hizo hincapié de nuevo en que nunca ha tenido conocimiento de la constitución o funcionamiento de dichas sociedades. "Es imposible pensar que yo conocía todo lo que se describe en el sumario cuando en 2018 (cuando ya estaba en marcha la investigación de Erial) me tuvieron que dar toda la explicación pormenorizada en ese documento. Si todo era mío, ¿para qué me lo tenían que explicar?", se preguntó.
Los investigadores, a lo largo de varios años, han dibujado ese recorrido del dinero. De España a Andorra o Luxemburgo y, de ahí, a otros países como Panamá, Uruguay y Holanda. Luego volvían a España. El exministro repitió y repitió que nada sabía.
"Nunca he tenido dinero en el extranjero", afirmó con rotundidad. Por lo tanto, añadió, no propuso "a nadie" que se lo gestionara. La causa apunta a que, en realidad, esa persona fue el abogado uruguayo Fernando Belhot, actual colaborador de la Fiscalía. Pero el exministro lo rechaza. "Nunca ha gestionado patrimonio mío", destacó. No negó, eso sí, su relación con él. "A Belhot lo conozco. Era una persona muy conocida en Madrid, hasta donde yo sé se dedicaba a los negocios. Me propuso varias operaciones que nunca fructificaron, hemos tenido relaciones en el ámbito político de Uruguay, trajo a algún conferenciante al Club Siglo XXI que yo presidía y coincidimos en Argentina con el candidato que ahora ha sido derrotado por Milei", comentó.
Sobre una conversación con Belhot en un hotel captada por la Guardia Civil, negó haberle dicho que no le daban dinero de Andorra. "Estoy seguro no haber dicho eso jamás", incidió. Interpelado por si le pidió cinco millones de euros al abogado, ha aclarado que "fue al revés". "No le he pedido nunca dinero a Belhot. Hemos estado a punto de hacer alguna operación económica pero jamás le he pedido dinero. No tenía ningún motivo para pedirle dinero", añadió.
Cuestionado entonces sobre por qué le comentó Belhot en esa misma conversación que había que mantener inversiones separadas –de acuerdo con la investigación se refería a separadas de Joaquín Barceló–, respondió que no lo sabía: "No le veo mayor trascendencia. Además, estamos dos horas de conversación y no hablamos de mi cuenta ni de mis inversiones ni de mis empresas. Exclusivamente hablamos de un problema de Barceló porque nos había preocupado mucho algunas noticias que nos habían llegado de Andorra y de propuestas comerciales de Belhot".
Si el origen de todo el entramado de Erial fueron las comisiones por las adjudicaciones de las ITV y el plan eólico, el expresidente de la Generalitat se desvinculó de ambos procedimientos administrativos. "Para la mesa de adjudicación hay un procedimiento reglado y a mí no se me informaba. Se iban resolviendo. No estuve al tanto de nada. No me dedicaba a averiguar las empresas adjudicatarias de los concursos públicos", expuso. Preguntado específicamente por las adjudicaciones del plan eólico, quiso aclarar que no colocó "a nadie en la CAM" y que leyó que fueron adjudicatarias de algunos lotes Endesa y Bancaja.
Cualquier cosa de la que se benefició lo atribuyó a favores de amigos pero lo desvinculó de la trama. De un lado, dos cruceros en 2009 y 2010 –valorados en 234.000 euros– a los que le invitaron. "La idea partió de una persona con la que no había tenido relación desde la Administración jamás. Pero esto no es un hecho aislado. En otras ocasiones también he navegado con personas importantes y no ha sido motivo de su curiosidad", le dijo al fiscal.
El exministro también utilizó en alguna ocasión una embarcación del empresario Carlos Gutiérrez "con él y sin él" y reconoció que una de sus sociedades le abonó gastos de avionetas privadas. "Me dejó usar su barco y una avioneta que alquilaba", manifestó.
Algo similar ocurrió con la vivienda en la que estuvo residiendo entre 2010 y 2011 en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Otro favor de amigo. Esta vez de Joaquín Barceló, a quien aseguró que pertenecía. Todo proviene de una de las operaciones más destacadas de la causa. Se trata de la llevada a cabo en la lujosa urbanización La Finca, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a través de Costera del Glorio. Una sociedad instrumental –los investigadores creen que participada al 50% de manera velada por Zaplana, algo que él rechaza– y que sirvió supuestamente a la trama para la adquisición de bienes mediante dinero de origen ilícito. Administrada por Joaquín Barceló, recibía fondos de Medlevante. Esta última estaba nutrida, a su vez, con dinero de Imison Internacional, la empresa matriz de Luxemburgo.
Costera del Glorio adquirió un inmueble en La Finca de Urbanizadora Somosaguas, propiedad del empresario fallecido Luis García Cereceda. Lo hizo mediante un contrato privado por 2,1 millones. Entre 2005 y 2007 –cuando Zaplana era portavoz del PP en el Congreso– abonó más de 800.000 euros a Urbanizadora Somosaguas con fondos que, acreditaron los investigadores, provenían de tres fuentes (una cuenta personal de Joaquín Barceló, otra de la mercantil Medlevante y una línea de crédito suscrita por Costera). Escasos meses después, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de Barceló pero por un importe notablemente superior: 4,31 millones, lo que supuso una plusvalía superior a tres millones.
De ese dinero se habría beneficiado, según la causa, el exministro. Pero él sólo comentó este martes que con esa plusvalía Barceló adquirió el piso de Núñez de Balboa que le cedió para vivir una temporada.
En cuanto a los supuestos vehículos adquiridos con el dinero de la trama, Zaplana dijo que Barceló compró un coche pero él le reintegró "hasta la última peseta" y no lo adquirió con los fondos de Costera del Glorio.
A la salida de la sesión, el exministro se paró con los medios. "Todo lo que tenía que decir lo he dicho contestando a todas las partes que me han preguntado y especialmente al ministerio público. El juicio empieza ahora", reflexionó. Sobre si teme pactos con Fiscalía, replicó: "Eso es lo que parece, pero lo que tiene que venir, vendrá. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he declarado a todo el que me ha querido preguntar".
Las declaraciones seguirán este miércoles con Joaquín Barceló, conocido como 'Pachano' y cuyo testimonio puede resultar fundamental en el juicio al ser uno de los posibles conformados con Anticorrupción. Algo que complicaría la estrategia de Zaplana.
