Que todas las opiniones son respetables, es una frase tan repetida que muy pocos dudan de su validez como norma de conducta en nuestra sociedad. Ha adquirido sentido como símbolo de respeto, de tolerancia y, cómo no, en estos tiempos, de diversidad. Y es útil para cortar amigablemente cualquier conversación que vaya derivando a controversia y apunte a terminar en discusión. El fondo del asunto, que cada cual pueda decir libremente lo que quiera, no está puesto en cuestión: es la libertad de expresión misma. Sin embargo, hace poco llegó a mi wasap, o como se escriba, una cita del filósofo Emilio Lledó que no me resisto a transcribir entera: “A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener, principal y primariamente, es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades?¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente?”. Y esto me lleva al título de este artículo. Pienso que no todas las opiniones son respetables, si por tal entendemos que deban ser tenidas en cuenta por igual en una argumentación. No pueden considerarse respetables, opiniones que falsean la realidad, que obvian hechos palmarios, que prescinden de datos contrastados, que no se atienen a dogmas científicos, que olvidan lo racional, que discuten lo evidente. No, ese tipo de opiniones no son respetables. Las que sí lo son, hasta el extremo, son las personas que las sustentan (esto no quita para que, con Forrest Gump, digamos que tonto es el que dice tonterías). Y ese respeto sumo a las personas lleva a aceptar, con todas las consecuencias, que la decisión que adoptan sobre quién quieren que les gobierne es íntima e inalienable, y está en los fundamentos de cualquier sociedad democrática.
Digo esto porque estoy leyendo y oyendo ultimamente opiniones que sostienen, a cuenta de una justificada indignación con la gestión de este Gobierno (fruto, no lo olvidemos, de unos acuerdos parlamentarios subsiguientes a un proceso electoral democrático), que no debiera valer lo mismo el voto de un experto economista que el de una persona sin formación alguna. Así, confunden la posesión de opiniones fundamentadas, por aquellas personas que han tenido acceso a una formación, con el derecho ciudadano, inalienable en una sociedad democrática, de elegir a sus representantes. Aquí no valen trampas. No vale argumentar que, ni siquiera en la Grecia antigua, todos los habitantes de una polis tenían derecho a votar, porque nos adentraríamos en un peligroso jardín: el de cómo se decidiría a quién adjudicar ese derecho. Por fantasear, una cosa tengo clara: sólo desde la más absoluta igualdad de oportunidades, desde la cuna, para todos los ciudadanos, podría plantearse una aristocracia como la que proponen esas voces.
Y tengo que volver a D. Emilio para agradecerle su precisión. Esa libertad de pensamiento la da la educación. Educación es igual a saber pensar, a sentido crítico, a libertad intelectual, a saber elegir, a discernir propuestas con sentido, de las absurdas. Un pueblo educado es difícilmente embaucable por populistas y demagogos. Una ciudadanía educada pasaría factura por tantas y tantas inconsistencias, mentiras, incompetencias, falta de escrúpulos, incoherencias, desmentidos y desdichos, como los que estamos soportando.
Un dato más. Un reciente estudio del Observatorio Social de La Caixa pone de manifiesto la estrecha relación entre formación y pobreza: la diferencia del riesgo de pobreza entre los hogares de padres con estudios básicos y los hogares de padres con estudios superiores es del 53,1% (datos de 2017). Y lo preocupante es que esa diferencia ha ido aumentando: en 2007 era del 31,3% y en 2010, del 45,2%. No es que, si eres pobre, no puedas tener formación; es que, si no tienes formación, tienes un elevadísimo riesgo de caer en la pobreza. Lo que nos abre otra discusión (para otro día, eso sí): ¿qué es más útil, en términos sociales, subvencionar a las familias o abrirles de par en par las puertas de un sistema educativo eficaz?
Con todo lo anterior, no me sorprende que ninguno de los gobiernos de los últimos años haya podido lograr un pacto educativo con los demás partidos y que yo haya perdido la cuenta de cuántas leyes de educación llevamos ya. Se ve que conseguir que cada voto esté sustentado por una opinión respetable no es nada interesante para ellos.
José Juan González Giménez es ingeniero de caminos, consultor
