MURCIA (EFE). El Tribunal Constitucional duda de que las comunidades autónomas estén legitimadas para recurrir la Ley de Amnistía y de que la norma afecte a su "ámbito de autonomía", por lo que ha encargado un informe para decidir si están capacitadas para impugnar esta ley estatal, que será clave para su admisión a trámite.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que las dudas se proyectan sobre los 16 recursos presentados por las comunidades autónomas, 15 de ellas de regiones gobernadas por el PP además del recurso del Gobierno de Castilla la Mancha, como ha avanzado El País.
Ahora bien, las fuentes precisan que no hay nada extraordinario en solicitar este informe porque cuando una región recurre una norma ante el Constitucional lo primero es estudiar si cumple los requisitos para su admisión a trámite, como marca la ley.
De acuerdo a la Ley del Tribunal Constitución y a la propia Carta Magna, uno de los requisitos cuando una comunidad autónoma recurre una ley estatal es que "la ley tiene que tener una incidencia en el ámbito de la autonomía", de manera que el futuro de los recursos contra la amnistía está condicionado a cumplir con esta cuestión.
Lo que ocurre es que las CCAA no acostumbran a estudiar leyes estatales, pero eso no implica que haya nada raro, solo que hay que valorar si las comunidades tienen competencia o no para presentar este tipo de recursos, precisan las fuentes.
El recurso de las Cortes de Aragón, que ha recaído en la magistrada progresista Laura Diez, será el primero que aborde esta cuestión y, por tanto, el que marque la línea a seguir para el resto. Para ello se hará un informe de admisibilidad que será llevado a Pleno, órgano al que corresponde tomar la decisión.
No obstante, las fuentes dejan claro que el tribunal ni suspende ni aparca los recursos, sino que hay unos plazos y unos requisitos a la hora de estudiar estos recursos, por lo que plantear "ese informe entra dentro de la normalidad" antes de decidir sobre su admisión.
El Constitucional tiene en cola las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria.
Varios de ellos piden recusar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a la magistrada Laura Díez y al exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, (ya apartado una vez que el Pleno ha aceptado su abstención), lo cual alteraría el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores y daría mayoría al bloque que, en principio, es más partidario de anular la ley por inconstitucional.
El otro recurso presentado ante el TC es el del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único barón del PSOE que ha recurrido el texto ante el TC.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su confianza en que no haya "censura" por parte del Tribunal Constitucional en el "derecho legítimo" de las comunidades autónomas contra la ley de amnistía. El líder popular ha recalcado el derecho y la legitimidad que asiste a las comunidades autónomas para presentar recursos de inconstitucionalidad frente a la citada ley y ha expresado su deseo de que estas dudas se aclaren "cuanto antes".
Sobre el hecho de que los recursos presentados por las comunidades autónomas estén siendo analizados por una magistrada del TC, Feijóo ha señalado que ésta ha sido recusada por su partido político porque fue directora general en el Palacio de la Moncloa cuando su entonces "jefe político era uno de quienes negoció la ley de amnistía".
Para el presidente del PP, "sería de una arbitrariedad extraordinaria sólo comparable con la arbitrariedad de la ley de amnistía que los gobiernos regionales no pudieran presentar un recurso de inconstitucionalidad".
Ha recordado que se han interpuesto varios recursos y que el Tribunal Supremo fue "el primero que ha denunciado" ante el TC esa supuesta inconstitucionalidad, algo "histórico" en la Justicia española, a lo que se sucedió otro recurso conjunto más de 50 diputados y senadores del PP y, con el mismo criterio, varios más de gobiernos autonómicos del PP porque se ven afectados por su contenido.