José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. Foto: ISAAC BUJ/EPMADRID (EP). El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea.
Así, será el Juzgado Central de Instrucción Número 2 el que seguirá investigando las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia a la presunta trama integrada por Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
En un auto dictado este mismo viernes, los magistrados han resuelto la cuestión de competencia que planteó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien pedía quedarse con el procedimiento después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la investigación.
El alto tribunal entiende que el juez Moreno es el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que ya estaba investigando la Fiscalía Europea. Considera que el órgano comunitario deberá mantener su competencia sobre tales expedientes solo para determinar si se cometió o no un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Los magistrados explican que, de lo actuado hasta el momento, lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales". Inciden, además, en que se investigan también presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública; todo ello competencia de un tribunal nacional.
Al hilo, el Supremo apunta que la investigación de la Audiencia Nacional se encuentra en un "estado avanzado" y dada su "evidente complejidad" el cambio de competencia podría mermar su "ritmo y eficacia". Además, considera que la Fiscalía Europea no está en una "mejor posición" para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que el juzgado de Ismael Moreno.
Tras analizar el marco en el que se creó la Fiscalía Europea y sus competencias, el tribunal señala que la génesis de este órgano es la de proteger los intereses de la Unión Europea. Añade que cualquier interpretación que se realice del alcance de la competencia material de este órgano comunitario "debe partir de esta premisa: los delitos competencia de esta Fiscalía, lo serán, si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución".
Para el Supremo, ninguna de esas condiciones se advierte en este momento. Así, coincide con el criterio de la Fiscalía del Supremo, que defendía la necesidad de que la totalidad de la causa se quedara en la Audiencia Nacional.
En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el tribunal asegura que no puede concluir que el juez Moreno esté investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión. Por ello, no ve justificación para que intervenga la Fiscalía Europea.
Los magistrados sostienen que las actuaciones practicadas "parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales, que debe y puede ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza".
El tribunal coincide con la Fiscalía del Supremo en que no hay indicio de malversación alguna porque "los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores" en comparación a otras compras.
En este sentido, recuerda que las adjudicaciones presuntamente irregulares a Puertos del Estado -por 20 millones de euros- y a la Secretaría de Estado de Seguridad -por 3.479.355 euros- pudieron ser financiadas íntegramente por fondos nacionales. "Mientras que de los 12.500.000 de euros correspondientes a la adjudicación de ADIF, 10.868.867,47 euros corresponderían a fondos nacionales y 1.631.132,53 euros a fondos de la Unión", añade.
No obstante, precisa que el curso de la investigación determinará finalmente la cantidad y el origen de los fondos afectados.
