MADRID (EP). Esquerra, Bildu y el BNG, socios habituales del PSOE en el Congreso, se han desmarcado este jueves de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE, y han censurado, entre otras cosas, que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones no cambie "nada" y siga favoreciendo la persecución judicial que definen como 'lawfare'.
También Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha declinado apoyar la reforma judicial planteada por los dos grandes partidos, aunque sí avala la renovación del Consejo, mientras que Junts ha optado por votar en contra insistiendo en sus acusaciones de "mafia" togada.
Ha sido este jueves durante el debate de la toma en consideración de la propuesta de ley que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal pactada por PP y PSOE, donde la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha avanzado que su formación no va a participar en esta renovación.
Durante su intervención, Aizpurua ha censurado la falta de garantía que tiene el pacto alcanzado entre los grandes partidos, ya que a su juicio, lo único que hace es "perpetuar la sensación de impunidad" que tienen algunos jueces. Asimismo, ha lamentado además que el PSOE haya elegido a aquellos que promueven una "estrategia de acoso y derribo" -en referencia al PP- cuando no gobiernan para dar el primer paso para una regeneración democrática.
Una línea que también ha mantenido el portavoz del BNG, Néstor Rego, quien ha cargado contra el PSOE por haber alcanzado el acuerdo con el PP fomentando el "bipartidismo tradicional" y ha lamentado que la reforma propuesta no resuelva "nada" y abra la puerta a que "jueces fascistas nombren más jueces fascistas". "Así no se avanza en democracia", ha advertido.
De su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera que la propuesta de ambas formaciones no solo es "mala" sino que es una "gran mentira" enmarcada en una cuestión de Estado. "En una democracia plena, todos los poderes deben estar sujetos a la soberanía popular", ha advertido.
Y al igual que el resto de socios habituales del PSOE, Rufián cree que hay "poco que decir" sobre que los dos grandes partidos que "juegan a odiarse" dejen de hacerlo para las "cosas de su comer" y ha terminado su intervención advirtiendo de que esto no le importa a "nadie".
La dirigente de Junts, Miriam Nogueras, también ha aprovechado su intervención para reprochar que este pacto permita que siga adelante la "putrefacción de la justicia" y que se mantengan protegidos los "jueces justicieros" y la "mafia togada" que en vez de hacer justicia se dedica a hacer política. Sus palabras han suscitado las protestas del portavoz del PP, Miguel Tellado, que ha lamentado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no hubiera salido en defensa de los jueces.
Nogueras ha cargado asimismo contra el PSOE por "regalarle" al PP las decisiones importantes y permitiendo que sean los 'populares' los que decidan el rumbo del acuerdo, ya que considera que es una prueba de que las propuestas de Pedro Sánchez en materia de regeneración democrática son "papel mojado".
De igual modo, la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado crítica con el PSOE por haber llevado acabo este "gran acuerdo" con el PP y no sus socios y ha advertido a los socialistas que si se pensaban que con este pacto la derecha "iba a parar", estaban equivocados, porque según Belarra, cuando a la derecha "le das la mano te cogen el brazo". Finalmente ha pedido al PSOE que rompan el acuerdo con el PP y opten por un acuerdo con la mayoría parlamentaria progresista.
Desde Sumar, su portavoz de Justicia, Enrique Santiago, ha acusado al PP de haber tenido ""secuestrado" cinco años el Consejo del Poder Judicial y por ello considera "una buena noticia" que se vaya a poner fin a esta situación, pero al mismo tiempo considera que este acuerdo no va a acabar con "la guerra jurídica" que a su juicio practican los tribunales contra "cualquiera considerado enemigo por las derechas".
"No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una proposición de ley con importantes imprecisiones, deficiencias y vacíos, y cuyo texto conocimos cuando se registró", ha señalado, justificando su abstención.
Tampoco ha apoyado la ley el PNV, cuyo portavoz de Justicia, Mikel Legarda, ha advertido de que "no afronta el problema de fondo" del sistema judicial que es la politización de la justicia, por ende, ha pedido "prudencia" y ha censurado que su formación no haya sido consultada para una decisión "tan trascendental".
En la abstención se ha quedado igualmente el diputado de UPN, Alberto Catalán, quien ha reivindicado la necesidad de que los órganos judiciales gocen de "independencia" frente a la "obsesión" del Gobierno de "colonizar" las instituciones, pero que ha advertido que espera que no sea un simple "reparto de puestos".
Quien sí ha apoyado la reforma ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien sostiene que desconoce si hay "otros motivos" detrás de este acuerdo teniendo en cuenta que los reproches entre ambas formaciones no han cesado, pero ha destacado que si existe la posibilidad de acabar con el "manoseo permanente" a los órganos judiciales tendrá su apoyo.