El SMI y el decreto rechazado salen a relucir en las negociaciones del convenio del campo

MADRID (EFE). Los empresarios agrícolas y los sindicatos han retomado este jueves la negociación de un convenio estatal del campo, en una reunión en la que han salido a relucir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y los efectos del decreto sobre el desempleo rechazado en el Congreso.

Los representantes de las patronales agrícolas y de los sindicatos han celebrado una sesión, por videoconferencia, para repasar la situación de las negociaciones que se reactivaron en febrero de 2023 con el fin de conseguir un convenio agropecuario de ámbito estatal, según fuentes sindicales.

En la reunión, en la que ambas partes han fijado una agenda para los dos próximos meses, se ha constatado que estas negociaciones agrícolas están pendientes de cómo quedará la subida del SMI, según ha explicado a Efe el responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, Vicente Jiménez.

Las negociaciones del convenio estatal del campo están coordinadas por la CEOE y en ellas participan Asaja, la patronal de exportadores hortofrutícolas Fepex y el Comité de Gestión de Cítricos, en nombre de los empresarios, así como los sindicatos UGT y CCOO.

Un total de 701.900 personas trabajan en el sector agrario español (534.400 hombres y 167.500 mujeres, según la Encuesta de Población Activa); en la actualidad las relaciones laborales en esta actividad se rigen por convenios provinciales.

El representante de CCOO ha explicado que existe cierto resquemor en el sector agrícola sobre la repercusión del SMI.

Sin embargo, ha defendido que se trata de una actividad en la que los salarios "son bajos", muy inferiores a otros sectores donde no tienen esas "problemáticas".

Por otra parte, en la reunión se ha aludido al real decreto que este jueves no salió adelante en el Congreso sobre la reforma del desempleo, lo que ha generado el descontento de los sindicatos CCOO y UGT.

Según el secretario sectorial agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Sebastián Serena, la falta de apoyos en el Congreso a ese decreto dejará sin "prestación asistencial" a 250.000 trabajadores eventuales agrícolas de autonomías distintas a Andalucía y Extremadura.

En la misma línea, el representante de CCOO ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de "hacer justicia" con quien trabajan en el campo y de ampliar a todo el país un derecho al subsidio asistencial que ahora solo tienen los temporeros de Andalucía y de Extremadura.

Según un comunicado de CCOO, el rechazo al decreto hace que ese derecho se "esfume" para 242.748 personas trabajadoras eventuales en el campo.

Las comunidades autónomas más afectadas serán, según el sindicato: Región de Murcia (con más de 75.000 personas trabajadoras agrícolas por cuenta ajena), Comunidad Valenciana (56.000), Castilla-La Mancha (33.000), Cataluña (21.000), Canarias (13.000), Castilla y León (12.000) y Aragón (10.000).