MURCIA (EFE). El multimillonario mexicano David Martínez, que es el segundo mayor accionista del Banco Sabadell con un 3,49 % del capital, apoya la opa hostil planteada por el BBVA por la entidad catalana, según ha adelantado este viernes Bloomberg.
Tras el rechazo de la oferta amistosa inicial para integrar al Banco Sabadell, el BBVA lanzó el pasado 9 de mayo una opa hostil para tratar de absorberlo, con un canje de 4,83 acciones de la entidad catalana por una suya que valora a la entidad en 11.530 millones de euros.
El intento del BBVA de hacerse con el Sabadell mediante una opa hostil provocó una fuerte oposición tanto de la entidad objeto de compra como del Gobierno español, sectores políticos y sindicatos, por sus consecuencias en la competencia y el empleo.
El empresario mexicano que apoya la operación es consejero del Sabadell y su segundo principal accionista, con un 3,49 % del capital, tras el fonde Blackrock, con un 3,657%. Martínez es, asimismo, el único inversor del Banco Sabadell que se sienta en el consejo de administración de la entidad.
A través de su vehículo de inversión Fintech Europe se convirtió en accionista del Banco Sabadell en 2013, tras una ampliación de capital de unos 1.400 millones de euros, donde tomó un 5 %, igual que el colombiano Jaime Gilinski, que salió del capital en 2016.
El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que el Gobierno tiene "una visión más amplia" que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vetar la fusión entre el BBVA y el Sabadell.
En una entrevista en Onda Cero ha explicado que en un primer momento, tras la opa lanzada por el BBVA a los accionistas del Sabadell, la CNMV tendrá que decidir si autoriza esa oferta, al igual que Competencia, que podría decir en qué condiciones lo hace.
Después del visto bueno de estas instituciones, el BBVA podría trasladar su oferta de compra a los accionistas del Sabadell con el objetivo de adquirir el control de la entidad, es decir, más del 50 % del capital, y si prospera avanzar en su idea de una fusión.
Sin embargo, la última palabra sobre este proceso de fusión la tiene el Gobierno, en concreto el Ministerio de Economía, que desde un primer momento se ha mostrado contrario a la operación.