VALENCIA (R.B. C./ EP) La sesión de este jueves del juicio del caso Erial ha proseguido con las mismas declaraciones de ayer miércoles debido a que se quedaron a mitad: de un lado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de la investigación; y, de otro, el abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro del cartagenero Eduardo Zaplana.
La causa se centra en la presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
Durante el interrogatorio que quedaba pendiente tanto por parte de la Fiscalía como por parte de las defensas de los acusados, la UCO ha detallado el uso que dio el exministro al dinero que estaba en el extranjero y retornó a España: pisos, un reloj, televisores, una donación a sus hijas...
Los agentes han insistido en que quien dirigió todas las operaciones inmobiliarias y comerciales y quien tomaba las decisiones era Zaplana. Así, han mencionado que tras las sociedades usadas para retornar ese dinero a España y destinarlo a inversiones o gastos personales se encontraba el exministro. Era el caso, por ejemplo, de Costera del Glorio, en la que figuraba como administrador Joaquín Barceló (amigo íntimo de Zaplana). Uno de los agentes ha señalado que adquirió una parcela en La Finca, en Madrid, que dos años más tarde vendió y generó una plusvalía de más de tres millones de euros.
"Inferimos que la compra no respondía a una operativa real de adquisición sino que se confeccionó para generar la plusvalía en Costera. Esta operativa estaba relacionada con Zaplana, según pudimos ver reflejado en varios documentos", ha señalado. "En la agenda (del expresidente de la Generalitat) vimos reuniones relacionadas con personas vinculadas a esta operación", ha añadido.
Con la plusvalía generada en esta operación, los agentes han explicado que comenzaron a producirse otras adquisiciones. Entre ellas, la compra de un inmueble en Núñez de Balboa, en Madrid, en enero de 2010, que firmó Barceló como administrador de Costera. "Nuevamente en todo lo que analizamos, la persona que aparecía relacionada como propietaria real del inmueble era Zaplana", han dicho.
"Vimos de nuevo han agregado en la agenda intervenida a Zaplana reuniones con visitas al inmueble así como para programar la reforma de la misma y la adquisición de enseres. La reforma, por unos 90.000 euros, la gestionó una persona muy vinculada con Zaplana, su asesor personal", han apostillado.
Respecto a esta operativa, los agentes también se han referido a la emisión de un cheque de 20.000 euros por la compra de dos televisores para el piso y, sobre este aspecto, la UCO refiere que el día antes de la compra se observó en la agenda personal de Zaplana una visita de éste a la tienda que vendió los televisores.
En cuanto a los inmuebles, los agentes desconocen quién los adquirió pero, cuando se decidió vender el piso, Barceló comentó que los mismos iban a ir destinados a otro piso "de una tercera persona" en Cartagena. Al respecto, los peritos averiguaron que las hijas de Zaplana habían pagado "tras una donación" una señal en ese tiempo para adquirir dos inmuebles en Cartagena. "De nuevo el verdadero propietario era Zaplana", han apostillado.
Los agentes también han hecho referencia a que fue Zaplana el que contrató a una mujer para que limpiara el piso de Núñez de Balboa y el que ordenó confeccionar una carta de despido. Cuando se le tomó declaración a esta persona, afirmó que el único usuario del piso durante los ocho años que estuvo ella había sido Zaplana.
"Cuando se le detuvo a Zaplana se le intervino un maletín personal en el que tenía, entre otros documentos, uno relacionado con gastos por la compra de un garaje en el edificio de Núñez de Balboa, otro con la mujer de la limpieza y un documento privado del piso para el cambio de la propiedad", han indicado.
Los agentes también se han referido a que Zaplana podría ser el propietario o interesado en unos áticos, tal y como figuraba en un documento intervenido a una inmobiliaria titulado 'Áticos Zaplana', y han señalado que usó embarcaciones y abonó dinero de esos viajes con amigos con dinero de la trama. "No salió de sus cuentas dinero alguno para el disfrute de yates de recreo y, sin embargo, se le encontró en los registros documentación relacionada con gastos de estas embarcaciones", han apostillado los peritos.
Del mismo modo, han indicado que la secretaria de Zaplana era la encargada de recibir dinero en efectivo para el exministro.
Por otro lado, ha continuado la declaración de Belhot, quien ha insistido en muchas de las afirmaciones de ayer miércoles: que Zaplana le ordenó que gestionara sus fondos en el extranjero; que era quien tomaba las decisiones sobre las cantidades; o que el dinero se le hacía llegar a la secretaria del exministro a través de los llamados cambistas.
El abogado uruguayo ha apuntado asimismo a Francisco Grau, exasesor del que fuera presidente de la Generalitat, como el encargado de montar toda la primera estructura societaria de Luxemburgo junto a Beatriz García Paesa.
El hecho de que Belhot pasase a gestionar los fondos y decidiera disolver el entramado de Luxemburgo, ha dicho él mismo, no le sentó bien a Grau porque perdía protagonismo en el manejo de las cantidades.
La defensa de Grau le ha preguntado si no era él (Belhot) quien se identificaba como verdadero titular de las empresas y cuentas en el extranjero que atribuye a Zaplana, a lo que ha respondido que sí, pero como administrador fiduciario. "No conozco ningún caso en el que se indique que uno es titular fiduciario. Siempre se actúa como titular real", ha manifestado.