Leo con cierto malestar y un gran estupor, no exento de recelo y profunda intranquilidad, la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia”, presentada en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso de los Diputados, el 24 de enero de 2020 y firmada por su portavoz, Adriana Lastra, la que en la investidura de Pedro Sánchez decía en uno de sus múltiples tweets: “Tenemos un Gobierno que va a luchar para ampliar el Estado del Bienestar(?) y para eso vamos a trabajar de manera incansable para mejorar la vida(?) de los ciudadanos y ciudadanas”. Sabemos de sobra que el híbrido gobierno de Sánchez- Iglesias es un experto maestro en el arte de mentir y llevar a la palestra del Congreso los temas más controvertidos, inverosímiles y con menos demanda social con tal de enmascarar la preocupación y desviar la atención del sufrido pueblo español de los auténticos, graves y reales problemas que le preocupa: el paro laboral, la deuda pública, el futuro de las pensiones, el acceso de los jóvenes al mercado laboral, la sostenibilidad del sistema sanitario ,la consolidación de un sistema educativo eficaz, justo, e igual para todos y que respete tanto el derecho de los padres como el de los niños, la corrupción política y malversación de los fondos públicos, la indepencia de Cataluña y demás comunidades (donde el germen independentista y separatista reaparece con más fuerza), el cierre de innumerables empresas por la reciente subida del SMI, la defensa de nuestras fronteras, la inmigración incontrolada, la inseguridad ciudadana, etc., etc.
Varias han sido las ocasiones en las que el PSOE sanchista ha intentado llevar a la Mesa del Congreso esta propuesta sin conseguirlo. En marzo del 2017, se abstuvo de votar a favor de la “propuesta de Ley” de Unidos Podemos y al ser rechazada ocasionó que este proyecto no se debatiera en Comisión Parlamentaria y que el partido de Iglesias Turrión proclamara que aquello había sido “la muerte de la libertad ética del ciudadano en la fase final de su vida”. Tras esto, al PSOE de Sánchez no le faltó tiempo para registrar a toda prisa en el Congreso su propia ‘Ley de muerte digna’, (una norma que a la vez que exige al Estado que se preocupe del enfermo hasta su muerte, a éste le niega la libertad de decidir sobre su vida y le condena a esperar impotente la llegada de la muerte).
La abstención del PSOE era obvia: no podía ni debía votar a favor de una proposición porque era de un neopartido adversario y en alza (le estaba comiendo su espacio electoral y el número de votos) y porque entonces, Iglesias todavía era el “coletas”, el enemigo a abatir y aún no formaba parte, como vicepresidente del elenco de Sánchez. La “Ley de muerte digna” del PSOE, es un remedo de la que presentó Rubalcaba en 2011, tras no cumplir la promesa de regularla en el 2004. El proyecto de Ley fue presentado en 2017, casi con el mismo texto y sin aportar nada nuevo, y vuelto a presentar por Rafael Simáncas, el 19 de julio de 2019, y finalmente el 24 de enero de 2020, por la portavoz Adriana Lastra, siempre con el único y escatológico fin de que la “eutanasia” fuese reconocida como “un derecho y prestación sanitaria”.
Después de titubear durante años y evitar posiciones visiblemente ambiguas, Pedro Sánchez ha cambiado radicalmente y hora apoya manifiestamente su regulación. Lo demostró el pasado año cuando, tras llegar al Gobierno por la moción de censura, puso la legalización de la eutanasia como una de sus prioridades. En su proposición de ley (que no pudo llegar a ser votada por el adelanto de elecciones) establecía que la muerte digna debía ser regulada "como un nuevo derecho individual y efectivo", convirtiéndolo en una prestación legal en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS): “los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y los discapacitados graves crónicos tendrán derecho a que el sistema público les ayude a morir”.
En los cinco capítulos de esta pretendida y reguladora Ley Orgánica socialista de la eutanasia se delimitan sus objetivos, ámbitos de aplicación, requisitos, regulación de los procedimientos, garantías sanitarias, financiación económica y la regulación de las Comisiones de Control y Evaluación que se crearán en las CC. AA y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, no han dejado ningún matiz sin regular en la exposición y justificación de motivos ni resquicios legales por donde puedan ser confrontados por los partidos de la oposición.
Sin entrar en las distintas divisiones de la eutanasia, que dependen de la voluntariedad, del consentimiento y del método usado a tal fin, ni de otros conceptos directamente relacionados con ella, la palabra “eutanasia” viene del griego y significa ‘una muerte buena o feliz’, de ‘eu’ bueno y ‘thanatos’ muerte. La utilización de este término, “buena muerte”, ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de una persona enferma, a petición suya o de un tercero, con el fin de minimizar el sufrimiento de una muerte lenta y dolorosa. Sánchez y sus socios están empecinados en imponernos, por la vía de decretos y leyes orgánicas, una falsaria idea del “progreso”, asociada únicamente al aumento del confort en el ámbito material o a una sofisticación tecnológica, empujándonos irresponsablemente, a aceptar como “buenas” las actuaciones encaminadas a terminar con la vida de las personas cuyas condiciones vitales no sean consideradas suficientemente aceptables. Al igual que ocurrió con el aborto -en el nefasto gobierno de Zapatero y su ministra de Sanidad Leire Pagin- el actual gobierno proyecta despenalizar la eutanasia justificándola como la única forma posible de evitar el sufrimiento físico o moral a determinadas personas. Para inducir un cambio de mentalidad en la población no duda en difundir frecuentes engaños y verdades parciales propagadas mediante la manipulación del lenguaje -que propicia la confusión moral de sanitarios y ciudadanos en general- y por la ausencia de criterios que permitan diferenciar con claridad conductas, actuaciones y valoraciones jurídicas, lo que es especialmente notorio en situaciones límite que tienen una notable y mediática difusión social.
Con estos galimatías, este gobierno intenta polarizar a la opinión pública hacia los intereses de la “cultura de la muerte” que encierra un profundo desprecio hacia la vida humana, pues la supedita al servicio de los intereses de terceros --como ocurre en la “eugenesia” con la manipulación de embriones o incluso la aniquilación de algunos individuos con el “aborto” y la “eutanasia”--. La promoción de la eutanasia, tan intensa en algunos ámbitos y anhelada por este gobierno, hay que deslindarla de lo que debe ser y es un principio irrenunciable: “nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión”.
Una sociedad que acepta la eutanasia abre un camino muy peligroso en el que para muchos ya no hay retorno posible. De modo que, sin perjuicio de que en la eutanasia y el suicidio asistido la finalidad pueda ser “compasiva” (?), esta buena intención no hace bueno el método empleado, y sólo puede modular o rebajar la responsabilidad moral y jurídica derivada de una acción que significa “acabar con la vida” de una persona. En el contexto del “individualismo hedonista” de los partidos de izquierdas, el derecho a una “muerte digna” es un eufemismo para fomentar un supuesto derecho a matarse, o a matar por compasión, en sintonía con un inadmisible concepto de la autonomía, la libertad y la vida humana. Todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable, que no es susceptible de gradaciones, que es universal e independiente de la situación de edad, salud o autonomía que se posea, que le confiere el derecho irrenunciable a la vida y que es un deber inexorable del Estado protegerla, incluso cuando la persona pueda no valorarla.
Es socialmente muy peligroso legitimar una proposición de “muerte asistida” (en cualquiera de sus modalidades) sin tener auténtica consciencia de la dimensión de los efectos filosóficos, éticos y religiosos de las personas sobre las que se actúa.
¡Señores socialistas del gobierno, sean serios! ¡No se dejen engañar por los falsos cantos progresistas y libertarios de sus conmilitones los podemitas de Iglesias! ¡No cofundan y mientan a la sociedad con argumentos pseudojurídicos!
Pedro Manuel Hernández es licenciado en Medicina y en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia