La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Foto: RICARDO RUBIO (EP)MURCIA. España siempre ha tenido el lastre del empleo cuando se ha querido comparar la situación económica de nuestra sociedad, ya no sólo con las del resto de la Unión Europea sino también con las de la OCDE. La tasa de paro española siempre ha estado en el podio de las más altas de la UE y en marzo nos llevábamos el oro por delante de Grecia con un 13%. El dato es mucho más dramático si se analiza por regiones geográficas o por edad, habiendo llegado el paro juvenil al 60% durante los años más duros de la crisis de la crisis del 2008 y no habiendo bajado del 30% desde entonces. Los salarios han evolucionado a un ritmo más lento de lo que lo han hecho en el conjunto de la UE, pero es que al problema de las elevadas tasas de paro hay que sumar que las productividades por hora trabajada de los trabajadores han evolucionado incluso más lento comparado con esos países.
Eurostat, centro estadístico de la UE, volvió a clasificar a Ceuta, Melilla y Andalucía como las tres regiones con más paro de Europa en 2021. Esta elevada tasa de trabajadores sin la posibilidad de trabajar es debida a multitud de factores entre los que cabe recalcar el desequilibrio que existe entre costes laborales, donde el trabajador apenas percibe el 65% de este coste, y la productividad del trabajador español, debido al posicionamiento de España en procesos de bajo valor añadido dentro de una cadena de valor de bienes y servicios cada vez más globalizada y competitiva.
"El fraude de la temporalidad es curiosamente un problema que sufre más el sector público que el sector privado"
Este desfase entre las necesidades del mercado mundial de bienes y servicios y la especialización del trabajador español es la causa raíz de estas tasas de paro de país subdesarrollado. En España, solo un 20% de los trabajadores es del sector público pero arrastramos una masa salarial y un sistema de incentivos dentro del sector público de otra época, solo compatible con la autarquía y el proteccionismo económico. Es una anomalía, que solo compartimos con Luxemburgo sin gozar de sus particularidades, para una economía desarrollada que el salario medio del sector público, que está supeditado a que lo financie el sector privado, sea tan superior al del trabajador del sector privado como lo es en España, en torno a un 50% más de sueldo anual, mientras que el primero solo aporta el 20% del Valor Añadido Bruto de nuestra economía, según BBVA Research donde tuvo la oportunidad de trabajar nuestro actual ministro de la Seguridad Social.
Esta baja productividad de los trabajadores del sector público español es debida a la multitud de duplicidades administrativas que existen y a una organización interna y de promoción heredada del franquismo y del estamento funcionarial que desincentiva y desmotiva la innovación. El excesivo esfuerzo que se le exige al trabajador privado para financiar al sector público en general tiene un doble efecto: aumenta costes laborales no percibidos por el trabajador e impuestos sin mejorar la productividad, lo que deriva en peores condiciones para el trabajador y colapsa las ofertas de empleo público atrayendo a profesionales cuyo fundamento no es la vocación de servicio público sino el aprovecharse de esta situación injusta en la que los que menos tienen financian a los que más.
Parece claro que para poder solucionar los problemas que tienen los trabajadores españoles se les debe ayudar a que sean más eficientes en sus actividades profesionales e incentivarlos a que desarrollen actividades de mayor valor añadido. La reciente reforma laboral que se ha llevado a cabo en España da un paso minimalista para ayudar a ello tratando de simplificar el complejo sistema de contratación y la multitud de contratos laborales que pueden regir la relación entre empresas y trabajadores. Como digo es un paso mínimo ya que la complejidad del sistema tan solo se ha reducido para un tipo de contrato, el contrato por obra y servicio. Es una figura que podía llevar a confusión y que era utilizada por muchas empresas para no contratar de forma indefinida a sus trabajadores.
El fraude de la temporalidad es curiosamente un problema que sufre más el sector público que el sector privado, con un 30% de temporalidad del primero en 2021 frente al 22% del segundo. De hecho, como hemos comentado que este tipo de problemas de precariedad laboral son debidos a la falta de flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de la demanda y que en España sufrimos aún un sistema de empleo público estamentario-oligarca ajeno a la realidad económica de la sociedad a la que dice servir. Son inevitables altos grados de temporalidad cuando intentas adaptar la prestación de un bien y servicio a variaciones en la demanda del mismo. La solución para mejorar la competitividad del trabajador español tan solo puede venir por dos lados: bien aumentar su productividad por hora trabajada mejorando sus recursos, bien reduciendo el coste laboral de los impuestos al trabajo.
La reforma laboral teóricamente ayuda a lo segundo ya que el trabajador temporal supone un coste laboral ligeramente superior pero a costa de mantener o incluso aumentar la poca flexibilidad del sistema. El Banco de España ya diagnosticó que tras las subidas del SMI, que por definición excluye del sistema laboral a todos los trabajadores incapaces de generar con su trabajo una productividad superior a dicho importe (más cotizaciones), habíamos dejado de crear entre 90.000 y 170.000 empleos.
La precariedad laboral y el paro en España estarán lejos de combatirse mientras que aquellos que más producen y menos reciben deban financiar aquellos que menos producen y más reciben. Esa obligación que nadie ha aceptado y cuyas condiciones cambian unilateralmente los poderes políticos, es la que lastra la productividad del trabajador español que le impide competir con el resto de países para reconvertir hacía procesos de mayor valor añadido nuestra economía.
