MURCIA. La Comunidad Autónoma murciana rebaja el IRPF en su tramo territorial, bonifica el Impuesto de Patrimonio ampliando el mínimo exento y es uno de los territorios donde solo se paga un importe simbólico en Sucesiones, y prácticamente no tributan los familiares en Donaciones.
Estas son las principales conclusiones del estudio Panorama de la fiscalidad autonómica 2023 de la Región de Murcia, en el que se recoge el desarrollo de la capacidad normativa de la Comunidad, respecto al IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este estudio ha sido presentado este miércoles por el Colegio de Economistas, junto con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España.
En esta XXII edición del Panorama de la Fiscalidad Autonómica se vuelve a fotografiar el desarrollo de la capacidad normativa que ha aprobado nuestra Comunidad Autónoma.
Se analiza la normativa en tributos cedidos y en tributos propios vigente en 2023, con las normas aprobadas y publicadas hasta la fecha, aunque casi siempre, después, se siguen aprobando normas que son aplicables a ese mismo ejercicio.
Así, se ha agrupando en un apartado todo lo relativo a los impuestos propios resaltando las novedades introducidas para 2022, así como las aprobadas para 2023, y haciendo una comparativa basada en ejemplos prácticos.
El informe realizado por el Colegio de Economistas y el REAF destaca una serie de novedades para 2023. Así, en materia de IRPF, la Región de Murcia rebaja sus tarifas con efectos ya para la próxima campaña, y cabe destacar que algo similar ocurre con Andalucía, Aragón -baja el tipo inferior y sube el máximo-, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.
En lo que respecta al Impuesto de Patrimonio, la novedad más relevante es la bonificación, incluida para 2022, con la aplicación de un mínimo exento de 3.700.000 euros en la Región de Murcia. Por tanto, se produce un establecimiento de mínimos exentos más alto.
En Sucesiones y Donaciones, la Región de Murcia es uno de los territorios donde solo se pagan importes simbólicos para parientes cercanos en sucesiones. En Donaciones, prácticamente no tributan los familiares. Tiene un tipo de gravamen inferior al estatal.
En lo que respecta a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la particularidad en la modalidad de AJD es que en la Región de Murcia existe un tipo incrementado del 2 por 100 cuando se adquieren inmuebles nuevos sometidos al IVA.
Por otro lado, las tendencias observadas en las comunidades autónomas en conjunto por los economistas incluyen, en materia de IRPF, que las principales diferencias se producen por la regulación de las tarifas --advirtiéndose cierta tendencia a rebajarlas--, sobre todo en 2022, porque hasta ocho Comunidades han optado por la deflactación como la Región de Murcia, o por rebajar los tipos y algunas han actualizado los mínimos personales y familiares.
También se regulan muchos beneficios fiscales, con coste recaudatorio limitado, para favorecer la natalidad, ayudar a contribuyentes que tienen que atender situaciones especiales de discapacidad, intentar paliar la despoblación rural o para favorecer comportamientos positivos para el medioambiente, aunque, normalmente, solo se los pueden aplicar las rentas medias-bajas.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, lo más llamativo es que cuatro comunidades --Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana-- ya tenían mínimos exentos más bajos que el estatal; mientras que la Región de Murcia lo ha aumentado considerablemente; y que en Andalucía y Madrid no se paga este tributo, mientras que Galicia lo bonifica ya al 50%. Con vigencia temporal, Cataluña y Comunidad Valenciana han subido el marginal máximo de su tarifa, al igual que Navarra.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, advierten que desde hace tiempo se produce una competencia fiscal a la baja cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante, utilizando para ello, en la mayoría de los casos, la regulación de bonificaciones o de importantes reducciones. Madrid amplía la bonificación también a hermanos, tíos y sobrinos, al igual que Canarias.
En sentido contrario, en las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas o de Actos Jurídicos Documentados, en general, se ha intentado mitigar la caída de la recaudación, por la pérdida de vigor del sector inmobiliario, con un incremento de los tipos impositivos.
Muchas comunidades aplican tipos reducidos en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas cuando en las transmisiones de inmuebles no se renuncia a la exención del IVA y, sin embargo, penalizan las transmisiones con renuncia a la exención del IVA subiendo los tipos en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.
Respecto a los tributos propios, Madrid ha derogado los pocos que tenía, según las mismas fuentes.
En este sentido, puntualizan que los impuestos propios representan solo el 2% de los ingresos tributarios en 2021, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por impuestos propios ha crecido en 2021 con respecto a 2020 un 14,1%.
En el año 2023 se han producido numerosas modificaciones en los impuestos propios como consecuencia de la creación del Impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las comunidades que tenían implantado un impuesto similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto.
Los ingresos tributarios ligados a la financiación de las CCAA, en general, han evolucionado positivamente después de la crisis financiera Esto ha sido así, especialmente, en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA. En el caso de tributos cedidos totalmente, en IP-ISD se mantiene bastante estable la recaudación año tras año, y ya se observa como la recaudación por ITPyAJD va aumentando, aunque aún queda lejos de lo recaudado antes de la crisis de 2008.
Para los autores del estudio, convendría plantearse si merece la pena ir a contracorriente en la tributación sobre la riqueza en el seno de la UE. Además, creen que las comunidades deberían hacer un esfuerzo en la unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos, tanto para el ciudadano como para los colaboradores sociales.