MURCIA. La Ley de Restauración de la Naturaleza recientemente tramitada en el Parlamento europeo vuelve a soliviantar a los agricultores. Se sienten agredidos por una nueva normativa muy restrictiva para la actividad agrícola, que además no contempla el tiempo necesario de adaptación para asumirla.
Se trata de una ley ideológica y poco realista, elaborada sin consenso que castiga la actividad agropecuaria y no busca un equilibrio entre producción de alimentos, empleo y conservación de la naturaleza. La UE no escucha la voz de quienes con mucho esfuerzo mantienen vivo el hábitat rural y producen los alimentos que consumimos.
"La obsesión por acelerar injustificadamente la transición ecológica hacia una sociedad neutra en emisiones provoca una brecha social"
La norma aprobada a pesar del voto contrario de tres comisiones europeas (Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) propone restaurar todos los ecosistemas dañados para 2050 y reducir a la mitad el uso de fitosanitarios químicos para 2030. Ello va a implicar la reducción de tierras de cultivo con la consiguiente disminución de la producción agraria y el empobrecimiento de agricultores, ganaderos y pescadores.
La presión de los lobbies extremistas para favorecer la producción de terceros países frente a la europea está calando en una UE anquilosada y burocratizada. En lugar de generar normas que contribuyan al aumento de la productividad agrícola y ganadera, se proponen medidas que restringen la producción europea, mientras se favorece la otros países.
Es el caso del arroz importado de países asiáticos con residuos del fungicida triciclazol, admitido a pesar de que el uso de este fitosanitario está prohibido en Europa por razones sanitarias y de seguridad alimentaria. Es decir, se permite la importación de alimentos con residuos de plaguicidas que serían rechazados si se produjeran en suelo europeo.
Las razones medioambientales o de salud pública se obvian cuando priman las económicas o comerciales. El caso es favorecer a ciertos países para que exporten alimentos a la UE aunque lleven sustancias prohibidas, si así pueden conseguir recursos con los que pagar las exportaciones tecnológicas o infraestructuras que ofrecen determinados países de la unión europea.
El mundo rural lejos de resignarse se está movilizando para oponerse contra las iniciativas legislativas de la UE que sin base científico-técnica perjudican gravemente al sector primario. En este sentido, Fundación Ingenio y otras organizaciones han logrado modificar el Reglamento del Uso Sostenible de Fitosanitarios, con una reducción de hasta un 65%, que hubiera desprotegido a los cultivos ante los ataques de plagas.
Las decisiones que algunos de los países de la UE están tomando en los últimos años, como es el caso de España, no responde a caprichos o sinsentidos. Es el resultado de la nueva cultura 2030 de la izquierda radical que centra el discurso en el carácter antropogénico de los cambios ambientales y en consecuencia plantea la necesidad de cambiar el modelo de sociedad y gobernanza.
La obsesión por acelerar injustificadamente la transición ecológica hacia una sociedad neutra en emisiones está provocando una brecha social sin precedentes en la historia reciente. Los europeos vemos cómo las normativas se establecen en función del interés de determinados grupos económicos y políticos, con el denominador común de que la gran perjudicada siempre es la agricultura.
La movilización del campo está prendiendo también en las ciudades, en las que cada vez más personas se enfrentan a la dictadura 2030 que restringe la movilidad, la libertad e impone normas de conducta no consensuadas que generan discriminación y pobreza.
Protegiendo el mundo rural se puede conseguir restablecer un modelo productivo capaz de compatibilizar la actividad agropecuaria con la restauración de la naturaleza y la producción de alimentos. Con ciencia, tecnología y voluntad es posible el renacer de la mejor agricultura del mundo en Europa.
Miguel Ángel Cámara Botía