La Gran Vía de Murcia, en una imagen captada en agosto de 2021. Foto: OMEGA MURCIA. Potenciar la riqueza en la Región de Murcia ya no es el único reto a alcanzar. Ahora, también resulta una prioridad distribuirla adecuadamente. Y es que existen algunos colectivos vulnerables que experimentan dificultades añadidas para encontrar un trabajo por sus condiciones especiales, lo que les impide en muchos casos integrarse por completo en la sociedad. En consecuencia, las políticas públicas ya incorporan cada vez con más frecuencia esta problemática en sus soluciones, bien sea de manera directa en las licitaciones o con programas específicos de ayuda para impulsar su incorporación al mundo laboral.
Ese es el caso del nuevo programa que está poniendo en marcha el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Empresa y Empleo, y que lleva por título "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables". En específico, este proyecto está destinado a ayudar a 100 personas desempleadas en riesgo de exclusión social y a otra centena de personas sin trabajo con discapacidad.
Estos 200 murcianos recibirán una ayuda atención integral y personalizada a las necesidades que plantee cada individuo que forme parte del programa. De acuerdo con los planes del SEF, cada participante deberá realizar al menos 86 horas de orientación entre acciones individuales, grupales y talleres, lo que incluirá necesariamente una entrevista de diagnóstico, diseño de itinerario, acompañamiento personalizado y acciones de capacitación para la búsqueda de empleo.
Además de la preparación de currículums y entrevistas de trabajo, este proyecto incluye la posibilidad de acometer otras actuaciones económicas que faciliten la inserción laboral, como pueden ser las becas de asistencia o ayudas para la conciliación. Este tipo de apoyos se concederán en todo caso según las necesidades y situaciones propias de cada participante, y estará limitado a un máximo de 1.800 euros por persona.
Para la realización de este programa, el SEF ha licitado un contrato para que una empresa externa sea la encarga del diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos de inserción. Este concurso se divide en dos lotes, uno destinado al trabajo con personas en riesgo de exclusión y otro para personas con discapacidad, por lo que los proyectos resultantes pueden resultar distintos según la compañía que se haga con cada uno de ellos. Ambos lotes cuentan con un presupuesto base de 595.076 euros para la realización de estas tareas a lo largo de 12 meses, que puede ser doblado en caso de prorrogar el contrato hasta los dos años en total. Por tanto, el SEF podría llegar a destinar como máximo 2.380.304 euros.
Para la adjudicación del contrato, el Servicio de Empleo y Formación valorará con el 30% de la nota final la territorialización del proyecto y la incorporación de personal técnico adicional, mientras que otros parámetros como la oferta económica o la experiencia adicional del personal incorporado tendrán cada uno un 20% del peso en la nota final. Las empresas que quieran pugnar por esta licitación podrán presentar sus propuestas hasta el dos de febrero.
Además del programa para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, el SEF también ha puesto en marcha un proyecto dirigido a la formación con compromiso de contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género y explotación sexual. Por tanto, también ha licitado la adjudicación para encontrar una empresa que lo lleve a cabo.
Con una duración prevista de un año, este contrato asciende hasta los 253.322 euros de importe máximo, una cifra que podría duplicarse hasta los 506.644 euros en caso de que se prorrogara su extensión en otros 12 meses. Por tanto, la cantidad máxima de dinero que estaría dispuesta a invertir la Comunidad en estos servicios de formación es de 2.886.948 euros.
Como criterios de adjudicación destacan la experiencia adicional del equipo profesional y la incorporación de personal técnico adicional al previsto con un 30% de la nota final en cada parámetro, mientras que la oferta económica corresponde al 40% restante. En cualquier caso, los licitadores que quieran acceder a este servicio deberán contar como mínimo con una experiencia básica en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, que se medirá a través de los contratos ejecutados en los últimos tres años.
