Pedro Antonio Sánchez al dirigirse a declarar. Foto: EFEMURCIA (Efe). El expresidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, del PP, ha comparecido este martes durante algo más de dos horas en un juzgado de Lorca ante Consuelo Andreo, la jueza instructora del Caso Guardería de presunta corrupción, en el que está siendo investigado a petición de la Fiscalía.
Sánchez llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Lorca poco antes de las diez de la mañana acompañado de sus abogados, y lo ha abandonado en solitario a las doce y cuarto sin hacer declaraciones a los periodistas que lo esperaban a la puerta del juzgado.
"Muchas gracias", "me alegro de veros" y "que tengáis un buen día" son las tres frases con las que se ha abierto paso ante los reporteros sin responder ninguna de sus preguntas antes de marcharse a pie del juzgado, con el nuevo aspecto que le confiere la barba que se ha dejado y una ligera pérdida de peso.
La de hoy ha sido su primera comparecencia pública desde el pasado 16 de julio cuando atravesó el mismo pasillo de medios para recoger la querella por el Caso Guardería, en el que la jueza investiga presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en Puerto Lumbreras cuando el político del PP era el regidor de la ciudad.
La Fiscalía quiere aclarar el destino de las subvencione públicas por más de 600.000 euros que el Consistorio de Sánchez recibió para la construcción de esos inmuebles y duda de la legalidad de los contratos de licitación y adjudicación de las obras.
La declaración que ha realizado Sánchez "en calidad de querellado y con presencia letrada" -informan e Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia- estaba prevista inicialmente para el pasado 11 de septiembre, pero fue aplazada a petición de su defensa.
El político del PP, que reside en Miami (Estados Unidos) desde hace un año, tiene abierta otra causa en el mismo juzgado, la del caso Auditorio, en el que será juzgado por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa de alcalde de aquella población.
