Un año más nos encontramos en el mes de agosto tras haber superado la enésima profecía del fin del mundo que cierne sobre nosotros todos los finales del mes de julio. Nos empeñamos en inmolarnos pensando que no podemos postergar ciertos asuntos. Pero lo grave es que arrastramos en el proceso a compañeros, proveedores, asesores en vorágines que no han elegido ni opinado.
De entre los damnificados, quiero resaltar una figura: el pequeño asesor fiscal y contable. Tan necesitados que estamos en esta sociedad de referentes heroicos, conocidos o anónimos, propongo el mejor candidato para ocupar ese puesto. Cumple todos los requisitos para ser considerado como tal: es un incomprendido, nos representa a todos los ciudadanos y lucha contra el más peligroso y poderoso monstruo que acecha a los indefensos habitantes de este país, La Agencia Tributaria, con su peligrosa extremidad, la Ley General Tributaria.
Denostado por múltiples oficios que se presentan a la sociedad con una superioridad moral que no sé quién ha otorgado, el pequeño asesor fiscal y contable carece del corporativismo necesario para alcanzar ese estatus social y para evitar altas dosis de intrusismo. Es una profesión que requiere una gran cantidad de conocimientos específicos, constante necesidad de reciclaje, cada vez mayor número de recursos y soportes técnicos y una póliza de responsabilidad civil que responda para estar a la atura de las cada vez más complejas exigencias formales y legales que la Administración del Estado en general y la Agencia Tributaria en particular nos aplica. Sin embargo, en ambientes empresariales y de pequeños negocios, que son los clientes habituales, los identifican como gastos o peajes ajenos a la cadena de valor y fácilmente sustituibles por personas mucho menos preparada o por un “cuñado espabilado” que por un precio ínfimo compiten en el mismo nicho de mercado. Total, por cuatro 'facturicas' que me llevan…
Pero, además, son la punta de lanza en esa guerra desproporcionada que debemos sufrir todos los ciudadanos contra el todopoderoso enemigo que tenemos en forma de Administración Tributaria. Atrás quedaron los tratos como contribuyentes y lejos quedan los exitosos pero falaces eslóganes que nos querían convencer de que 'Hacienda somos todos'.
Hace ya más de dos años, en mayo de 2018, se reunieron treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario cuyo resultado fue el manifiesto denominado 'La Declaración de Granada'. Este manifiesto constituye uno de los análisis más críticos realizados a nuestro común enemigo y contra la derivación de la política tributaria en los últimos años. El texto en sí da no solo para un artículo sino para una tesis.
La conclusión de este grupo de catedráticos, tras señalar la importancia del tributo como clave para sustentar el desarrollo económico y social de un país y rechazar tajantemente cualquier práctica de fraude fiscal, es la deriva de la Administración Tributaria a un mero afán recaudatorio, pasando por encima de los derechos y garantías individuales de los contribuyentes, evolucionando su consideración hacia súbditos. La situación actual de dicha administración ha llevado a la quiebra de los principios de legalidad, de igualdad, de seguridad jurídica, de solidaridad y de justicia financiera.
En un repaso por el documento emitido, podemos destacar varios puntos que muestran la realidad de nuestra administración tributaria, desapercibida para la mayor parte de la población:
* Se ha abonado el mantenimiento administrativo frente al parecer judicial y se ha ampliado el significado de la negligencia para el extenso catálogo sancionador. Frente al principio que garantiza la presunción de inocencia, parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad. Y este problema se agrava aún más por el paso de contribuyente a administrador vicario, donde nosotros mismos tenemos obligaciones que originariamente deben ser propias de la Administración Tributaria.
* De contribuyentes hemos pasado a súbditos. La posible incorporación formal de nuestras propias declaraciones como pruebas a un procedimiento sancionador y establecer la imposibilidad de recurrir en procedimientos administrativos paralelos a las instrucciones judiciales rayan, si no vulneran, la legalidad más básica.
* La falta de seguridad jurídica se manifiesta en el papel cada vez más importante que tiene la interpretación en los dictámenes jurídicos, así como en la acumulación de competencias para instruir y resolver (único caso en el ordenamiento jurídico) y en el carácter discrecional de las decisiones sancionadoras de cada empleado público que asume dichas competencias.
* Por justicia financiera, en los ingresos, debemos volver a la observancia del principio de capacidad económica en el ordenamiento tributario y el de proporcionalidad en las sanciones por infracciones, así como la observancia de la deuda pública como un enorme escollo para el desarrollo futuro de país. En los gastos, asistimos a la desvirtuación sistemática de los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación depende de asuntos que nada tienen que ver con el ordenamiento tributario, se ven forzado a observar intereses particulares o reducidas y sufren exorbitantes modificaciones de créditos.
Sin duda alguna, nuestro héroe anónimo, el pequeño asesor fiscal y contable, no ha escogido su enemigo por pura diversión o apetencia. Seguro que hubiera preferido elegir cualquier malo malísimo de una película de James Bond o de un comic de Marvel. De ahí su grandeza.
En estos días de descanso y, por desgracia, de brotes y descontrol, acordémonos de nuestros héroes, aquellos quienes no hace mucho tiempo estaban un domingo de julio sentados horas y horas delante de un ordenador luchando contra nuestro feroz enemigo en la soledad de su pequeño despacho con mensajes de errores a la hora de presentar innumerables impuestos. Mientras, el resto de los mortales buscábamos la mejor forma de refrescar este tórrido mes pasado.
Miguel de Pro es economista
Twitter: @mdpb3
