VALENCIA. Mónica Oltra se desmarcó este lunes ante el juez del inicio del expediente que elaboró la Conselleria de Igualdad que ella dirigía sobre los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Una investigación que derivó en informes que otorgaban poca credibilidad a la víctima y le llegaron a atribuir intereses espurios.
La exvicepresidenta de la Generalitat vivió una larga jornada de declaración en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Cruzó a las 9.00 horas exactas las puertas de la Ciudad de la Justicia –arropada entre aplausos por cargos de Compromís– y salió alrededor de las 20.30. En ese intervalo de tiempo se enfrentó a un exhaustivo interrogatorio por parte del juez encargado de su causa que duró más de cinco horas.
Posteriormente, llegó el del fiscal, también incisivo, y el de las defensas de los trece investigados restantes en este procedimiento. Rechazó contestar a las acusaciones particulares: Vox, el líder de España 2000, José Luis Roberto, y la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí. En total, permaneció siete horas en una sala de la planta baja del edificio. El magistrado decidió no grabar la declaración para evitar filtraciones, sino únicamente transcribirla.
La citación de Oltra se producía pasados tres meses de la dimisión de todos sus cargos tras ser imputada –junto a más de una decena de cargos de Igualdad– por obstaculizar la investigación de los abusos, con sospechas de ocultación y encubrimiento.
La cronología de hechos sobre su posible responsabilidad en lo ocurrido resultan de importancia para los investigadores. Motivo por el que, de acuerdo con fuentes cercanas a la causa, especialmente el juez le realizó numerosas preguntas en este aspecto. La menor refirió los abusos en febrero de 2017 a una trabajadora social pero no se denunciaron ante la Policía ni la Fiscalía de Menores.
El controvertido expediente de la Conselleria se inició varios meses después, en agosto de ese año. Oltra ha asegurado en multitud de ocasiones, y este lunes lo reiteró ante el instructor, que tuvo conocimiento de que existía un procedimiento judicial abierto el 4 de agosto de 2017, cuando la llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación en su casa. En ese momento, detalló, ambos convivían aunque estaban separados.
Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta del Consell explicó que aquel día ella se encontraba fuera de casa de vacaciones y, en jornadas posteriores, tuvo que atender a uno de sus hijos porque había sido operado de urgencia. Esta fecha en la que lo acompañaba en el hospital coincidió, según su relato, con el inicio del expediente en Igualdad –8 de agosto– cuando la imvestigación judicial ya estaba en marcha. Unas razones personales que, defendió, la llevaron a no tener conocimiento al detalle de todas las decisiones que se estaban tomando en ese asunto en el seno de su departamento.
Oltra remarcó de nuevo que no ordenó realizar ese dosier. Un punto en el que ha incurrido en varias contradicciones en sus declaraciones ante los medios. En una ocasión dijo que ella lo encargó, para después desdecirse. Versión, esta última, que es la que ha prevalecido a nivel judicial. Primero a través de escritos de defensa y este lunes en su propia declaración ante el magistrado. Preguntada sobre por qué cambió de versión, la exvicepresidenta del Consell dijo que por un "estallido emocional" –para no perjudicar a sus hijos– y justificó que usó el "singular mayestático". Con ello se refería a que empleó una versión adaptada del "plural mayestático" y que cuando dijo "yo" se refería en realidad a los cargos de su Conselleria.
Preguntada sobre por qué afirmó que ordenó el expediente, Oltra justificó que usó el "singular mayestático" y que se refería a los cargos de su Conselleria
La responsabilidad del expediente la descargó en la directora general de Infancia, Rosa Molero, quien en su día también señaló que actuó por iniciativa propia. Y, en definitiva, aseguró que no participó en nada relativo al dosier ni tuvo acceso. Tampoco al informe del Instituto Espill. Sobre los técnicos encargados de todo ello, destacó que considera que lo hicieron de buena fe y con criterios profesionales.
Oltra admitió, al igual que en anteriores ocasiones, que sí dio una orden verbal a su entonces jefe de Gabinete para averiguar lo ocurrido cuando fue conocedora de los abusos. Ella misma señaló en Les Corts que le pidió "recabar información y exigir la máxima pulcritud, diligencia y la mayor protección de la joven". La Fiscalía reprochó durante el interrogatorio que nunca se facilitara a la víctima un abogado de la Generalitat para su defensa.