Un globo aerostático, en la playa de Las Delicias de Águilas, en el verano del año 2000. Foto: P. García/ANSEMURCIA. "Madre mía. La primera vez que fui a una manifestación tenía 14 años y era para salvar Cabo Cope", responde Maite Ortín, una joven cartagenera, nada más conocer la noticia de que la Comunidad Autónoma ejercerá el derecho de retracto para arrebatar Cabo Cope a ANSE. "Es increíble que todavía siga esa guerra. Hasta que el Gobierno no vea ahí un hotel con tres piscinas no van a parar", cuenta a Murcia Plaza. Ella, como muchos jóvenes, se embarcó en un autobús lleno de scouts y participó en una de las manifestaciones que se celebraron en 2007 en Murcia para reclamar la protección del espacio natural de Águilas y frenar el ladrillo. Un cántico se le quedó grabado para siempre: 'Las tortugas moras no juegan al golf'. "En aquel momento no entendí muchas de las cosas que allí se leyeron, pero tenía muy claro que estábamos para proteger nuestro entorno y evitar que se siguiera construyendo en cada esquina", rememora. "Cuando leí que ANSE había comprado Cabo Cope sentí que por fin estaba a salvo. Ahora parece que la lucha continúa".
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) anunciaba el pasado 22 de abril una medida histórica: los ecologistas adquirían por 500.000 euros los terrenos de Cabo Cope. La compra parecía poner fin a una lucha de muchos años por defender el medio ambiente. Pero cuatro semanas después, este emblema del litoral murciano escribía un nuevo capítulo en su historia: el Gobierno regional decidía ejercer su derecho de retracto "para sumarlo al patrimonio natural de la Comunidad".
La Dirección General de Medio Ambiente enviaba un borofax a Solvia, la entidad comercializadora de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como el 'banco malo') que vendió los terrenos a ANSE. Querían conocer "el precio y las condiciones de la transmisión" amparándose en el artículo 40 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite el derecho de tanteo y retracto de las comunidades autónomas sobre espacios naturales protegidos. Se trata de una figura jurídica que otorga preferencia a las administraciones públicas para ejecutar la compra por ser un lugar protegido.
Si el espacio protegido se vende, entonces "debe pasar a formar parte del patrimonio de todos los murcianos". Ese es el argumento que esgrime el Gobierno regional. No era la primera vez que la Comunidad intentaba hacerse con esta zona. En 2018, el Ejecutivo murciano ya se interesó por los terrenos. Negoció su compra con la Sareb y fuentes regionales aseguran que hicieron una oferta superior a los 500.000 euros que ofreció ANSE, pero el vendedor la rechazó "por considerarla insuficiente". Sin embargo, la sociedad pública niega haber recibido una oferta formal o informal "por esos suelos del Gobierno de Murcia ni de ninguna otra administración pública". Con todo, tras conocer la venta a los ecologistas, Medio Ambiente reinició el procedimiento. El pasado 4 de mayo daba el primer paso: la Consejería envió una resolución al Registro de la Propiedad de Águilas requiriendo la información de la compraventa.
Aquel mismo día, el grupo parlamentario de Vox presentaba una moción en la Asamblea Regional instando al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto para "evitar el expolio del patrimonio natural de la Región". Sus motivos: ¿Qué garantías hay de que ANSE va a respetar el bien común y el interés público? ¿Qué garantía hay que de que ese espacio único va a poder ser disfrutado por todo el mundo? Diez días después, tras conocer que la Comunidad ejercería el derecho de retracto, el partido convocaba una rueda de prensa para "celebrar y felicitarnos los murcianos". También agradecía al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, "su rapidez" en atender las demandas de Vox. "Estamos muy contentos por la gestión y por saber que los espacios de Cabo Cope serán propiedad de todos los españoles", declaraba el diputado Juan José Liarte.
Especies como la tortuga mora, el camachuelo trompetero, el águila perdicera y el halcón peregrino habitan en Cabo Cope, una zona sin urbanizar y cuya vegetación está copada por especies semiáridas. Los terrenos que adquirió ANSE abarcan una superficie de 270 hectáreas y comprenden los terrenos montañosos de Cabo Cope, entre la carretera que traza desde Calabardina a la Torre de Cope. Las fincas adquiridas también incluyen varias hectáreas al otro lado de la carretera del litoral, pero "no pequeños enclavados con varias viviendas", según explican los ecologistas.
Cuando los ecologistas anunciaron la compra del espacio natural, pregonaron que habían cumplido un sueño. "Es algo con lo que hemos soñado desde nuestros inicios". Las reivindicaciones se remontan a los setenta y los ochenta, con las primeras protestas. Para ANSE, el año 2000 supuso un punto de inflexión. Desde entonces se intensificaron las acciones reivindicativas: decena de manifestaciones, concentraciones y medidas judiciales. "Más de medio centenar de acciones", comenta a Murcia Plaza el director de ANSE, Pedro García. Hubo también encontronazos en el pasado, como una agresión a un concejal de IU. "Hemos avanzado mucho, pero quedan por cumplir muchos objetivos", asegura García.
"La lucha por la conservación de la naturaleza es bastante desagradecida", reflexiona el director de ANSE. "Pero merece la pena si se consiguen resultados. Y con Cabo Cope no bajaremos los brazos". La batalla ha sido en ocasiones amarga: "Hay sectores económicos que presionan mucho y a menudo estas luchas no han tenido el respeto que merecían por parte de las administraciones públicas". García espera que "las nuevas generaciones empujen" porque la batalla sigue abierta. La organización confía en que, con Cabo Cope en sus manos, se pueda "garantizar la protección definitiva del espacio, impulsar la conservación del conjunto del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre y la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales".
Desde la Comunidad subrayan que la defensa del terreno está "plenamente garantizada", pues cuenta con "la máxima protección posible, tanto autonómica como europea". Se refieren a las figuras LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las AVES), que obliga a cuidar los hábitat de aves migratorias, limitando la caza de aves. "Eso no va a variar independientemente de quien sea su propietario", enfatizan desde Medio Ambiente. Pase lo que pase con Cabo Cope, no hay duda de una certeza: la lucha sigue viva.
