Foto: EP.MURCIA. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) deberá pelear duro para mantener el espacio de Cabo Cope (Águilas) que adquirió por 500.000 euros el pasado 22 de abril para impulsar "la protección de una de las últimas zonas no urbanizadas de la costa mediterránea española". El Gobierno regional va a ejercer el derecho de retracto, ya que este jueves envió un borofax para anular la inversión de los ecologistas, según informó La Verdad.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalan a Murcia Plaza que ejercerá este derecho para "para sumar Cabo Cope al patrimonio natural de la Comunidad, que ya cuenta con la máxima protección posible y que está plenamente garantizada". El Gobierno regional, apuntan, ya intentó hacerse con los terrenos aguileños, pero en su momento la oferta -que aseguran que fue superior a la de ANSE- fue rechazada.
El anuncio de esta medida, al que las administraciones públicas tienen preferencia para ejecutar la compra por ser un lugar protegido, ha sido acogido "con alegría" por Vox. Este partido había registrado una moción en la Asamblea para reclamar al Gobierno que ejerciera el derecho al tanteo o, en su descargo, el derecho de retracto para recuperar el patrimonio natural de Cabo Cope y que sea "propiedad de todos los que viven en la Región de Murcia".
El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha dado una rueda de prensa para "felicitarnos todos los murcianos" de la recuperación para la sociedad de los entornos naturales de Cabo Cope. "Ya era hora de esquilmar el patrimonio natural de nuestra tierra y agradecemos la rapidez del consejero de Medio Ambiente en atender nuestras demandas", afirmó.
Hace tres semanas, el director de ANSE, Pedro García, celebraba que la adquisición de este espacio "es algo con lo que habían soñado desde sus inicios en 1973" y explicaba que la compra se viene gestionando desde hace más de dos años y tiene un coste de 500.000 euros, "que ANSE ha financiado mediante un préstamo bancario a su Fundación y fondos propios de la asociación". La Sareb (el conocido como 'banco malo') era la propietaria de los terrenos.
Las fincas, explican, suman unas 270 hectáreas de superficie y abarcan a la mayoría de los terrenos montañosos de Cabo Cope, entre "la carretera que conduce desde Calabardina a la Torre de Cope, a excepción de pequeños espacios enclavados con varias viviendas". Con su compra, los ecologistas confiaban en "garantizar la protección definitiva de Cabo Cope e impulsar la conservación del conjunto del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, así como la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)".
La Comunidad sostiene que en 2018 se interesó por los terrenos. Negoció su compra con la Sareb y asegura que le hizo una oferta superior a los 500.000 euros de ANSE pero el vendedor la rechazó "por considerarla insuficiente". No obstante, la Sareb niega haber recibido una oferta formal o informal "por esos suelos del Gobierno de Murcia ni de ninguna otra administración pública".
Ahora, "tras conocer la venta" a ANSE, la Administración regional ha emprendido las "actuaciones pertinentes para ejercer el derecho de retracto tal y como establece la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad". Las mismas fuentes reseñan que Cabo Cope cuenta con "las máximas figuras de protección a escala autonómica y europea, LIC y ZEPA y que eso no va a variar independientemente de quien sea su propietario". Medio Ambiente aduce que si este espacio protegido se vende, "debe pasar a formar parte del patrimonio de todos los murcianos".
