Fernando López Miras, durante la reunión por teleconferencia con los presidentes autonómicos y Pedro Sánchez. Foto: CARMMURCIA. Murcia lanza un pulso al Gobierno central. "No estoy dispuesto a asumir más muertes en mi Región. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas". Con estas palabras, el presidente regional, Fernando López Miras, anunciaba el cierre de toda la actividad económica de la Comunidad que no sea esencial para el abastecimiento y la subsistencia de la población para frenar la propagación del Covid-19. Una hora después de conocerse el anuncio, el Gobierno central respondía: una orden de estas características sólo la puede dar la autoridad competente; en este caso, el ministro de Sanidad.
Antes, López Miras había trasladado esta petición al jefe del Gobierno nacional durante la reunión con el resto de presidentes autonómicos; pero ante la negativa de Pedro Sánchez -según asegura Miras-, el Ejecutivo regional ha decidido seguir adelante por su cuenta y ejecutar el cierre tras "consensuarlo" en un Consejo de Gobierno extraordianario. El presidente regional argumenta que la medida se ampara en el párrafo segundo del artículo 4.3 del decreto del estado de alarma que permite a las autonomías instar al mando único de la crisis a poner en marcha determinadas actuaciones. Así, la Región remitirá la orden autonómica al ministerio de Sanidad para que la ratifique y autorice su ejecución.
El murciano también alega que se basa en la Ley de Salud Pública regional. "Sabemos que la pandemia ha deparado una situación única jurídicamente, pero no se ha suspendido la autonomía ni se ha derogado la Ley de Salud Pública regional", manifestaba, agregando que cuenta con informes jurídicos que avalan la decisión.
La orden sólo autoriza el funcionamiento de los servicios mínimos: es decir, sólo podrán operar el transporte de mercancías, las farmacias, la alimentación, las energéticas, las gasolineras, las aseguradoras y bancos, Correos, el sector primario y los medios de comunicación.
Sin embargo, el ministerio de Sanidad expone que el titular de su departamento, Salvador Illa, "es la autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma". Y aduce que el Gobierno de España "sigue las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a escala mundial para vencer al coronavirus". En su comunicado, el Ministerio apela "a la unidad de acción entre las administraciones y reitera su voluntad constante de coordinación y colaboración con las comunidades en su lucha contra la pandemia".
El presidente regional considera que es el momento para "dar un nuevo paso en el estado de alarma, prudente y necesario", convencido de que el Gobierno central adoptará una medida similar para toda España en unos días. López Miras volvió a insistir en que "garantiza lealtad" al Gobierno central pero esta vez se mostró más reivindicativo para expresar que faltan suministros sanitarios y cuestionó la decisión de Sánchez de delegar en las autonomías la gestión de las residencias privadas. "Pero lo asumimos", dijo.
"Soy consciente de las dificultades del Ministerio en los envíos, pero sin material esta guerra no se va a ganar", afirmó antes de enumerar las carencias de la Región: 8.000 kits de diagnóstico de Covid-19, 40.000 de test rápido, 16.000 batas impermeables, 40.000 batas desechables, 10.000 gafas estancas, 2.000 protectores faciales, 1,6 millones de mascarillas, 3.000 cajas de guantes y 100 respiradores.
"Cada semana se gastan unas diez mil mascarillas", avisó Miras, "y desde que se decretó el estado de alarma solamente han sido enviadas 5.000, pero el Ejecutivo autonómico ha comprado 5 millones que llegarán próximamente".
Este fin de semana la Comunidad ha habilitado cuatro puntos de recogida y se han recogido 500 muestras. "Pero para que puedan ser analizadas, necesitamos los test rápidos", apuntó el presidente. "Sánchez dijo que llegarían esta tarde, pero nos acaban de decir que tardarán al menos 48 horas en hacerlo".
Miras detalló además que desde este lunes todos los hoteles de la Región se ponen a disposición de la Comunidad para ser empleados como alojamiento por los sanitarios y por el personal de gestión de la crisis o para prestación sanitaria si los hospitales se quedaran sin camas. Y anunció que la receta electrónica ha sido renovada para los próximos seis meses, con el objetivo de evitar desplazamientos.
El jefe regional también reclamó medidas económicas. Pidió la flexibilización del pago de préstamos; demandó la exoneración de la cuota de autónomos a personas en aislamiento, a las que se les ha prohibido su actividad económica o a las que tienen un persona dependiente a su cargo, así como solicitó que se autorice endeudamiento con carácter finalista a las comunidades por "los cuantiosos gastos que conlleva esta crisis".
