El Consistorio prorroga hasta final de año el pago voluntario del IBI para los afectados, que podrán aplazar el de 2020
MURCIA. El despido de los 400 trabajadores de la empresa Agrícola Aguileña (Agrasa) ha puesto en guardia al Ayuntamiento de la localidad. Y es que la situación de desamparo en la que se quedan muchas de estas familias ha llevado al Consistorio a reforzar sus servicios sociales para atender las solicitudes de ayudas "de carácter inmediato" como el pago de los recibos de agua y de la luz o para adquirir alimentos.
La decisión fue adoptada el pasado viernes, 24 horas después de conocerse el expediente de regulación de empleo, en una junta extraordinaria de portavoces convocada por la alcaldesa, María del Carmen Moreno.
El Ayuntamiento ha negociado también con la Agencia Tributaria la ampliación hasta fin de año del período de pago en fase voluntaria del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además el Ayuntamiento ha comunicado a los representantes de los trabajadores de Agrasa que podrán solicitar un aplazamiento del período de pago del IBI correspondiente a 2020.
La empresa aguileña comunicó a los sindicatos el despido de casi 400 empleados entre el personal de campo, almacén y oficinas. Estos trabajadores estaban en huelga indefinida por la demora en el pago de los salarios y la situación de esta sociedad agrícola, que en 2017, último año que presentó cuentas, registró unas pérdidas de 2,4 millones de euros.
Esta empresa se fundó en 1977 a lo que siguió en 1982 la sociedad agrícola, comenzando dos años mas tarde la distribución de sus tomates por toda Europa, cultivo al que incorporó en 1986 la lechuga, inaugurando en 1988 instalaciones de manipulado. Sería en 1994 cuando se constituyó la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y en 1999 se construyó un embalse de 1 hectómetro cúbico, instalando placas fotovoltáicas en 2008.
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