Ni jueces ni "ayudantes" pero con capacidad para paralizar la Justicia: un mes de huelga de los LAJ

MURCIA (EP). Están detrás de las admisiones de demandas, de las notificaciones de sentencias, de la jura de nacionalidades, de las bodas y de la actualización de los registros de delincuentes sexuales para proteger a las víctimas, entre otras funciones. No son jueces ni "ayudantes": son los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que hace un mes empezaron una huelga para reclamar mejoras salariales que compensen el aumento de carga de trabajo que afrontan desde hace más de una década.

Este viernes se sientan de nuevo a la mesa con el Ministerio, mientras los juzgados, tribunales y registros civiles continúan en servicios mínimos por el conflicto laboral que mantienen. Pocos fuera del mundo jurídico conocen a los LAJ. Ellos lo saben y ahora, en el marco de una huelga indefinida que empezó el 24 de enero, insisten en poner en valor su trabajo.

"Es una gran responsabilidad. No somos ayudantes. Llevamos toda la gestión del juzgado", explica Patricia Gimeno, miembro del comité de huelga que cifra en más de 210.000 las vistas y juicios suspendidos, en 290.000 las demandas pendientes de tramitar y en unos 560 millones de euros el dinero bloqueado a raíz del parón.

En estas cuatro semanas, las asociaciones convocantes --la Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio de LAJ-- han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.

Admiten demandas y ejecutan sentencias

Gimeno trabaja como LAJ en el Juzgado de Primera Instancia Número 40 de Barcelona, especializado en asuntos de capacidad: desde internamientos psiquiátricos, gestión de patrimonios de personas que legalmente no están habilitadas para la toma de decisiones o venta de fincas para el pago de residencias, hasta demandas de incapacidad.

Lleva 26 años en la administración y ha estado en cinco jurisdicciones distintas. Ante la pregunta de "qué hacen los LAJ", dedica varios minutos. "Llevamos toda la cuestión procesal. Admisión de demanda. Ejecución de sentencia. Todo para que jueces y magistrados se concentren en vistas y sentencias finales. Si ocurre algo con alguna causa con preso, siempre la responsabilidad es del LAJ. Si ocurre algo de una sentencia que no ha sido debidamente comunicada es responsabilidad del LAJ", explica en declaraciones a Europa Press.

Recuerda que es la primera vez que el cuerpo protagoniza una huelga indefinida. Asegura que desde que empezó "cada vez la participación ha ido a más". Dice que los primeros días el seguimiento fue "más fuerte" y que luego bajo un "poco".

"La gente al principio contaba más el dinero que perdía, pero ahora es más cuestión de dignidad", señala, en referencia a los casi 160 euros de media que asegura pierden los LAJ por cada jornada de huelga. "El secretario de Estado dice que somos unos pijos porque ya cobramos... ¿Nos hemos metido con el sueldo del equipo ministerial?", plantea.

Actualizan los registros de los delincuentes sexuales

Las funciones de los LAJ son variadas y dependen del destino. Leonor González está en los juzgados de lo penal de Julián Camarillo, en Madrid. Entre sus tareas tiene los registros penales. Una vez que el juez dicta sentencia se encarga de introducir en el registro el antecedente penal del condenado. Esta información sirve en muchas ocasiones para el registro de delincuentes sexuales y para el registro de protección de víctimas de violencia de género.

Explica que sin esa labor, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil pueden tomar medidas. "Actuamos en protección de las víctimas. Si anotamos mal una orden de alejamiento, queda desprotegida la víctima porque queda en papel mojado", apunta en declaraciones a Europa Press.

Para González, "es lógico" que los LAJ cobren "acorde" a la carga de trabajo y la responsabilidad que asumen. "Yo no pertenezco a ninguna asociación. Pero me parece que llevamos razón en lo que estamos reivindicando", dice al ser preguntada sobre por qué se sumó a la huelga.

También en el Registro Civil

Además de estar en juzgados y tribunales, los LAJ están en los registros civiles. Mercedes Delgado es una de ellas. Trabaja en el Registro Civil de Valencia, el tercero de dedicación exclusiva más grande de España, tras Madrid y Barcelona. Lleva 32 años de servicio, pero en este destino está desde hace dos años. En concreto, se dedica a nacionalidades y certificaciones.

Delgado es una de las LAJ que ha estado siguiendo la huelga desde el 24 de enero. En conversación con Europa Press, expone que lo que reclama es una adecuación salarial por las "432 nuevas funciones" adquiridas en los últimos años. "Toda la asunción de nuevas funciones proviene de 2009 a 2015 por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal", detalla en referencia a tareas de carácter procesal que antes eran competencia de los jueces.

Al hilo, menciona también la redacción de la nueva Ley del Registro Civil, que aunque se dictó en 2011 no entró en vigor hasta 2021. Según subraya, en dicho texto legal se encomienda a los LAJ ser encargados de los registros civiles y se acuerda que aquellos magistrados que también tenían esa función antes de 2011 permanezcan como encargados.

"En el Registro Civil es muy simple de ver", señala. Y añade: "Queremos que estos LAJ encargados del Registro Civil cobren el mismo complemento que los magistrados encargados del Registro Civil", recalca al tiempo que insiste en que lo que quieren es cobrar el mismo complemento, no el mismo salario.

Delgado, que también participó en las huelgas parciales de 2022, destaca que "es la primera vez" que los LAJ han "plantado cara" y se han "unido". "No lo había visto nunca. Y estoy muy orgullosa", apunta.

Huelga hasta en el Supremo

Este parón no solo ha afectado a los juzgados que están en contacto diario con los ciudadanos, también ha impactado en la cúpula del Poder Judicial: el Tribunal Supremo (TS).

Juan Ávila es LAJ desde hace 31 años. Actualmente está destinado en la Sala de lo Civil del TS. Antes estuvo en Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. Cuenta que se ha sumado a la huelga porque "la adecuación salarial es una reivindicación justa pendiente desde hace 14 años".

Señala que en el TS la huelga afecta, principalmente, a la tramitación de los recursos de casación, porque suelen celebrarse menos vistas que en otras instancias. "La huelga también ha afectado a la notificación de sentencias y autos. Todo lo que hayan firmado los jueces en las últimas cuatro semanas está pendiente de notificarse", dice y precisa que los asuntos con preso o con medidas cautelarísimas sí se han tramitado porque forman parte de los servicios mínimos.

Según relata el LAJ, en el Supremo se han visto afectadas a su vez las ejecuciones de las condenas en costas, porque es una función de los Letrados de Justicia. Así, incide en que el parón les impacta de "una forma tremenda": "No solo por el sueldo que perdemos, sino por el trabajo que se nos acumula y tendremos que sacar luego".

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga "política" que está fuera de lugar. Tras la primera reunión con el comité de huelga, recordó que no son trabajadores "que quieren llegar a fin de mes" sino que son "personas privilegiadas" que cobran entre 40.000 y 60.000 euros. También recordó que tuvieron este año un incremento del salario del 14%.

Este viernes, la negociación por parte del Ministerio la liderará el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo, quien ha asegurado que es momento de "bajar el tono" y de hacer "un ejercicio de respeto a la otra parte". La huelga, de momento, continúa.