MURCIA. La fuerte contestación del mundo rural hacia las políticas verdes comunitarias y la cercanía de las elecciones europeas han provocado un cierto cambio en la estrategia de los partidos ante las políticas agrícolas que Bruselas quiere imponer. Se modifican levemente las normativas para aparentar cambios sin entrar a debatir el fondo del problema: dependencia o independencia alimentaria.
A finales de febrero el pleno de la Eurocámara daba el respaldo a la Ley de Restauración de la Naturaleza que plantea la rehabilitación de todos los ecosistemas marinos y terrestres degradados para 2050. Es una de las medidas propuestas por Bruselas que ha suscitado mayor rechazo de los agricultores europeos porque impone tal número de restricciones que impide la actividad de agricultores, ganaderos, pescadores y del mundo rural en general.
Esta norma incrementa las obligaciones del sector agrícola europeo, que tiene que cumplir requisitos más estrictos que los que se aplican a las importaciones de terceros países. Las medidas que pretendían poner en marcha provocan una pérdida de la rentabilidad agraria y por tanto el abandono de las explotaciones agrarias y una cada vez mayor dependencia alimentaria del exterior.
"El sector primario europeo está movilizado al sentirse desprotegido"
Ante el rechazo suscitado se ha tratado de contentar al sector agropecuario, proponiendo un mecanismo de emergencia que permite suspender los objetivos para los agroecosistemas si se produce una fuerte disminución de las tierras dedicadas a producir alimentos para el consumo de la UE. Incluso algunos partidos ante el temor a perder apoyo electoral proponen una moratoria de dos años para todas las medidas legislativas de la Agenda globalista, particularmente en lo que se refiere al uso de pesticidas y la ley de restauración.
En ningún caso se cuestiona la imposición de la estrategia de la Agenda 2030 que parece inamovible para la mayoría de los partidos tradicionales, reticentes a contemplar cambios estructurales en las políticas verdes y agrarias. Mantienen suspensiones temporales legislativas, pero en ningún caso el necesario cambio normativo que satisfaga las reclamaciones del sector agrario.
Únicamente la negativa a ratificar la controvertida Ley de Restauración de gobiernos tan dispares como los de Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica, Italia y Hungría ha impedido su entrada en vigor. Estos países han valorado que el coste económico que supone es inasumible, así como la desprotección que supone para el sector primario al dejar en manos de terceros la alimentación de los europeos.
El sector primario europeo está movilizado desde hace meses al sentirse desprotegido por unas políticas comunitarias que restringen la actividad agraria propia, imponiendo la disminución de la superficie cultivable y de las explotaciones ganaderas. Los agricultores piden cambios estructurales para recuperar políticas agrarias capaces de retener la población rural e incrementar la producción de alimentos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
Las posturas de los bloques políticos europeos están cambiando ante la inminencia de las elecciones al Parlamento Europeo. El pragmatismo para recabar apoyos electorales está provocando que el discurso de algunos partidos cambie para aparentar una cierta sensibilidad hacia las reclamaciones del sector agropecuario.
La cuestión central es saber si el cambio va a suponer una modificación de la Agenda Verde Europea y adecuar las reglamentaciones comunitarias a los intereses de los ciudadanos y del sector primario o solo supone un maquillaje transitorio para salvar la cita electoral.
¿Se pretende realmente conseguir la independencia alimentaria o nada es lo que parece?
Miguel Ángel Cámara Botía