MURCIA. La reciente aprobación de la Ley de vivienda y la propuesta de poner miles de ellas a disposición de jóvenes ha suscitado un intenso debate político. Unos creen que han encontrado la solución al problema habitacional y otros mantienen que es un oportunismo alejado de la realidad.
En España, la cultura que durante años ha sido transmitida de padres a hijos es intentar acceder en propiedad a una vivienda. La adquisición se plantea como medio de ahorro y generación de patrimonio familiar fruto del trabajo personal. Incluso en buena parte de nuestro país, una vez conseguida la vivienda habitual se tiende a comprar una segunda de carácter vacacional.
Sin embargo, la dificultad de encontrar empleo, el bajo nivel salarial, la continuada subida de los precios y la inestabilidad económica ha empobrecido notablemente a las familias y muy especialmente a los jóvenes, llegando a ser prácticamente imposible encontrar una vivienda digna, tanto en propiedad como en alquiler.
La excesiva burocratización, la incertidumbre jurídica, las cada vez mayores restricciones ambientales y la lentitud de las tramitaciones administrativas está provocando una grave carencia de suelo residencial con el consiguiente aumento de los precios. Si a ello unimos el incremento de los intereses de las hipotecas y la restricción del crédito, es evidente que se dificulta en gran medida la disponibilidad de viviendas para la mayor parte de la población.
Para facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles es necesario recuperar la construcción de viviendas protegidas (las denominadas VPO), así como estimular el mercado de alquiler mediante garantías jurídicas y financieras tanto para el arrendador como el arrendatario. En ello juegan un papel fundamental los ayuntamientos que poseen grandes bolsas de suelo residencial y competencias para la ordenación urbana de sus municipios.
Existen experiencias de éxito en muchos municipios españoles que en su momento se comprometieron en la promoción de vivienda para jóvenes a precios razonables. Es el caso de la ciudad de Murcia, en la que durante los años 1995-2007 (hasta la crisis económica de 2008), se construyeron más de 10.000 viviendas protegidas mediante una adecuada gestión del suelo y la implicación del tejido empresarial local.
En el cuatrienio 2003-2007 se promovieron más de 500 viviendas para jóvenes a unos precios inferiores a los 90.000 euros gracias al impulso municipal y la colaboración pública-privada. Para ello, se enajenó, mediante concurso público, suelo municipal procedente del 10% del aprovechamiento urbanístico, fijando como precio de venta del suelo el 15% del precio final de la vivienda.
En paralelo, en octubre de 2003 se estableció un convenio con la Cooperativa Joven Futura y la Comunidad Autónoma con objeto de construir 3000 viviendas a precios inferiores a 100.000 euros destinadas fundamentalmente a jóvenes. Esta iniciativa social fue catalogada como referencia internacional de éxito por el Observatorio Vasco de la Vivienda y ha supuesto la generación de un nuevo y moderno barrio en la ciudad.
Es posible promover la construcción de VPO para que familias y jóvenes las puedan adquirir a precios razonables. Si las administraciones públicas destinaran su suelos residenciales a facilitar la promoción de este tipo de viviendas y agilizaran las tramitaciones administrativas, contribuirían a moderar los precios, facilitar el acceso a la vivienda, y estimular la actividad económica y el empleo.
Es cuestión de recuperar las exitosas iniciativas del pasado y así cumplir con el compromiso social y constitucional en materia de vivienda. Con el actual marco normativo se pueden construir viviendas de 70 m2 útiles con garaje y trastero por menos de 150.000 euros. Ejemplos hay, experiencias de éxito también, es cuestión de encontrar dirigentes eficientes.
Miguel Ángel Cámara Botía
