MURCIA (MP / EFE). Nuevo golpe a la batalla judicial contra el recorte a los envío de agua del Trasvase Tajo-Segura. El Tribunal Supremo ha rechazado un nuevo recurso, esta vez de la Diputación de Alicante, contra el cambio de la planificación hidrológica que implicaría un aumento de los caudales ecológicos y, por tanto, una reducción de los recursos hídricos. Con esta decisión, ya solamente quedan vigente dos recursos: los planteados por el Scrats (Sindicato Central de Regantes) y el Campo de Cartagena.

La Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, por su parte, celebra la resolución del Tribunal Supremo sobre los planes hidrológicos y subraya que la sentencia evidencia "la utilización de las instituciones públicas que están haciendo el PP y Vox en el Levante para sostener una ofensiva política y judicial a favor del trasvase".

En un comunicado, la asociación ha valorado el fallo del Tribunal Supremo declarando inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo.

Para las localidades ribereñas, se trata de una "nueva victoria jurídica y estratégica" en defensa del Tajo, de sus caudales ecológicos y de los municipios de Entrepeñas y Buendía.

"Con esta, ya son cinco las resoluciones del Tribunal Supremo que desarman, una tras otra, la estrategia de presión política del Levante contra los planes de cuenca del río Tajo. Y la justicia vuelve a ser muy clara: el trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del propio río Tajo", ha señalado el presidente de la Asociación, Borja Castro.

Los municipios denuncian que "los gobiernos e instituciones del Levante gobernados por PP y Vox están empleando administraciones públicas, recursos jurídicos y dinero de todos como herramientas de presión contra la recuperación ambiental del Tajo" y subrayan que la estrategia no responde al interés general, sino a la defensa "de un modelo agotado que pretende perpetuar el expolio de la cuenca cedente para sostener intereses económicos concretos vinculados al trasvase".

Los ribereños consideran que la sentencia refuerza la prioridad del caudal ecológico como una exigencia normativa que debe operar como restricción previa a cualquier otro uso del agua, incluido el trasvase, y ratifica que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias y que las necesidades presentes y futuras de la cuenca del Tajo, incluidas las ambientales, deben estar garantizadas antes de cualquier derivación.

En este sentido, la Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía estima que la resolución consolida una línea jurisprudencial "cada vez más sólida" y subraya que después de cinco resoluciones en la misma línea "el debate ya no está en si deben implantarse caudales ecológicos, sino en cuándo adaptará el Gobierno las reglas de explotación del trasvase a la nueva realidad legal y ambiental".

"Esta nueva victoria protege a nuestros pueblos frente a los intereses económicos de unos pocos y deja vía libre al Ministerio para actuar sin dilación. Hay que cambiar ya las reglas de explotación del trasvase, no se puede esperar más. La ley y la ciencia están de parte del río Tajo", ha añadido Castro. 

Alicante respeta la decisión, pero echa en falta que no se tengan en cuenta sus razones

La Diputación de Alicante ha mostrado su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, aunque ha lamentado que no se haya entrado a valorar el fondo del asunto ni los argumentos que se había esgrimido.

Así lo ha explicado la institución provincial en un comunicado, en el que ha detallado que, aunque no cabe recurso contra la decisión, prestará su colaboración técnico-jurídica a la Generalitat Valenciana para seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura.

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha trasladado su disconformidad con el hecho de que el Supremo no haya entrado a valorar el fondo del asunto de un recurso en el que la Diputación cuestionaba, con diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos, el procedimiento de elaboración del decreto.

La institución también cuestionaba el aumento de los caudales ecológicos, por considerar que carece de justificación técnica que lo avale, y el elevado coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada.

Serna ha apuntado que desde la Diputación han defendido al máximo el trasvase y los intereses de la provincia "ante un Gobierno que de forma arbitraria, partidista y sectaria impulsa medidas que van a asfixiar hídricamente a todo el sudeste español y con ello a miles de familias que dependen de esta infraestructura para la supervivencia de sus economías".

La vicepresidenta ha lamentado que el Alto Tribunal "no haya analizado ninguno de los argumentos esgrimidos por la institución provincial y se haya limitado a seguir el criterio consolidado, tal y como reza la propia sentencia, respecto a la legitimación de las entidades locales sobre actos o disposiciones de la Administración General del Estado".

El aumento de los caudales ecológicos tras la confirmación del Real Decreto, según Serna, "ponen en serio riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, el único que es torpedeado sistemáticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien se ha convertido en el peor enemigo para los intereses de la provincia de Alicante".

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, como el Tajo y el Segura, y lo confirmaba "por ser conforme a derecho", según la sentencia a la que tuvo acceso