MURCIA. Niega la mayor de la oposición y defiende su gestión. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha reprochado a los grupos de la oposición este lunes en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que se presenten las salvedades del informe del Tribunal de Cuentas como si fueran "ilegalidades" en el debate sobre la Cuenta General de 2022 y ha negado que la Comunidad Autónoma adeude "3.000 millones de euros" a proveedores. "No es verdad, son ajustes presupuestarios", ha afirmado.

Marín ha defendido que el Tribunal señala que la Cuenta General "presenta fielmente" la situación financiera y que la gestión "se ha ajustado en términos generales a la normativa", "sin perjuicio de las salvedades". A su juicio, estas no suponen una impugnación global de la cuenta, sino "ámbitos concretos de mejora", y ha advertido de que es una "distorsión deliberada" equipararlas a ilegalidades. "No hemos venido a fabricar titulares, hemos venido a hablar con hechos", ha señalado.

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2022 "avala la gestión presupuestaria" del Gobierno regional y señala que las cuentas representan "fielmente la situación económico-financiera y patrimonial de la Comunidad, así como los resultados del sector público regional", según defendió Marín. 

El consejero ha centrado buena parte de su intervención en el tratamiento contable de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS). Ha explicado que determinadas aportaciones no se registraron como gasto en 2022, lo que afecta al resultado presupuestario, y que el Tribunal recomienda ajustar esos saldos. Sin embargo, ha insistido en que no se trata de una pérdida real de recursos ni de una merma en la prestación sanitaria. "¿Se está faltando a la realidad? En absoluto", ha afirmado, recalcando que esas aportaciones se destinaron al "mantenimiento de los servicios públicos fundamentales".

En relación con el remanente de tesorería, ha detallado que el Tribunal recomienda ajustar derechos de cobro vinculados al SMS que podrían no recuperarse y que ello repercute en su cálculo. Ha precisado que el 99,41% del ajuste señalado por el órgano fiscalizador se concentra en la relación financiera entre la Administración regional y el SMS y ha añadido que esa corrección "ya se ha hecho en la cuenta de 2023". También ha subrayado que el remanente "no es una hucha" de libre disposición.

Marín ha enmarcado las tensiones financieras en la "infrafinanciación brutal" que, según ha dicho, sufre la Región, cifrando en 1.675 millones la diferencia respecto a la comunidad mejor financiada. Ha recordado que el 84% del presupuesto se destina a servicios públicos fundamentales -Sanidad, Educación y Política Social- y ha defendido que "los murcianos van a tener los servicios", aunque para ello haya que recurrir "al recurso de la deuda" a través de mecanismos extraordinarios.

Sobre la condonación de deuda planteada por el Gobierno central, ha cuestionado su utilidad práctica y ha señalado que, según la AIReF, el ahorro en intereses no puede destinarse directamente a más gasto social. "Si no me permite salir a los mercados y no me permite usar ese gasto, ¿para qué me sirve?", ha planteado.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, ha indicado que en 2022 ascendieron a 419 millones, lo que supuso un 67% menos que el año anterior, en un contexto marcado por la salida de la pandemia, la crisis energética y el inicio de la guerra en Ucrania. También ha defendido que el nivel de reparos se sitúa en el 0,07% de los expedientes examinados y que, según el seguimiento del Tribunal, una recomendación se ha cumplido, siete están en proceso y tres no.

Sobre la supuesta deuda con proveedores, ha reiterado: "¿Usted cree que si la Comunidad Autónoma debiera proveedores 3.000 millones de euros alguien nos iba a proveer? Nadie", insistiendo en que se trata de "ajustes presupuestarios" y no de impagos efectivos.

Intervenciones parlamentarias

El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha replicado que el informe contiene "casi 300 páginas" y ha subrayado el inciso "excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación". "Consejero, 300 folios de salvedades", ha insistido. Ha preguntado qué opinión le merece que la Asamblea Regional haya rechazado la Cuenta General entre 2015 y 2021 y si asume alguna responsabilidad. Martínez ha citado la sobrevaloración de derechos pendientes de cobro en 1.575 millones, un remanente "inflado" en 4.621 millones, 843 modificaciones presupuestarias y un déficit de 1.060 millones en 2022. También ha criticado la política fiscal del Ejecutivo y ha cuestionado la bajada de impuestos mientras, según ha señalado, más de 520.000 personas viven en riesgo de pobreza.

Por su parte, el diputado de Vox Rubén Martínez ha calificado de "estafa" la política fiscal del Gobierno regional y ha afirmado que la deflactación del IRPF supuso un ahorro de "entre 8 y 10 millones" para 550.000 contribuyentes, lo que equivale a "un euro y medio al mes" por persona. También ha vinculado el informe con indemnizaciones pendientes del terremoto de Lorca y ha acusado al Ejecutivo de "incompetencia".

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, ha considerado "francamente débil" que el Gobierno se ampare en comparaciones con el Estado y ha cuestionado que organismos incluidos en el presupuesto no figuren en la Cuenta General, citando las universidades públicas. Asimismo, ha criticado las bonificaciones fiscales, como la del impuesto de patrimonio.

Desde el PP, Carlos Albaladejo ha defendido que el Tribunal avala el cumplimiento general del marco normativo y ha rechazado que pueda calificarse la cuenta como "una estafa", destacando que el Gobierno regional reforzó plantillas y mantuvo prestaciones en un contexto económico complejo.