MURCIA. Las obras de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Yecla continúan avanzando. Los trabajos comenzaron el pasado mes de octubre y cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que el nuevo edificio estará completado en el mismo mes de este 2026. 

De hecho, las obras, llevadas a cabo por ACS, avanzan a buen ritmo, según ha comunicado este martes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una visita a la actuación, que ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros.

Asimismo, ha destacado el "compromiso del Gobierno de España con Yecla", que ya ha invertido más de 26 millones de euros en proyectos de vital importancia para el municipio, como la rehabilitación del Edificio de Cazadores, del Mercado Central y de la Capilla de la Virgen de las Angustias, por citar algunos ejemplos.

El proyecto, que comenzó en 2022, tuvo que ser paralizado en 2023 por problemas en el diseño inicial, lo que concluyó con la paralización de la obra y la construcción del contrato con la alicantina Aitana Actividades de Construcción y Servicios, que fue la compañía que inició las obras para la cimentación y la estructura, al tiempo que iba trabajando de forma paralela en las instalaciones. No obstante, conforme fue avanzando la construcción quedó patente que había varias deficiencias en el proyecto.

En concreto, se produjeron errores respecto a la medición de acero que se necesitaba y los materiales empezaron a encarecerse por encima de lo recogido en el contrato. Además, se detectaron una serie de carencias en el edificio que requerían de unos cambios para adaptarse a la normativa vigente, por lo que hubo que subsanar el proyecto en materia de ventilación, saneamiento y control de incendios.

Por tanto, el 16 de junio de 2023 la empresa y el Estado suscribieron el Acta de Paralización, con lo que las obras se dieron por finalizadas hasta actualizar las instalaciones a las nuevas necesidades. Sin embargo, estos cambios traían consigo un sobrecoste que sobrepasaba el 30% que permite la ley de Contratos del Sector Público, por lo que, tras no alcanzar un acuerdo, la firma alicantina solicitó en el mes de junio de este 2024 la resolución del contrato.

En cualquier caso, este trámite no fue completado hasta el pasado 16 de diciembre del 2024, lo que supuso una indemnización de 134.000 euros por daños y perjuicios, además de los ingresos que había recibido hasta ese momento por sus trabajos.