MURCIA. Yecla ya puede rozar con los dedos su nueva comisaría de Policía Nacional. Después de que se cancelara el anterior contrato para su construcción, las obras han encontrado un nuevo dueño, pues será ACS quien se encargue de finalizar estos trabajos.

En concreto, la culminación del edificio ha sido adjudicada a Vías y Construcciones SA, una filial del grupo presidido por Florentino Pérez, que se ha hecho con el ansiado contrato por el que han pujado hasta 16 compañías distintas.

La oferta económica ha sido el factor clave a la hora de decidir quién se hacía con esta licitación, pues el precio suponía el 70% de la nota final, mientras que el 30% restante residía en los criterios técnicos.

De hecho, ha accedido a estas obras tras quedar excluidas del contrato otras tres compañías que habían realizado una propuesta más asequible, pues la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos del Estado y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), el organismo que gestiona este edificio, ha considerado que sus ofertas eran anormalmente bajas.

En consecuencia, la filial de ACS recibirá finalmente 4,2 millones de euros por completar la nueva comisaría de Yecla, una tarea para la que contará con un plazo de 12 meses, de manera que no estará completada hasta la segunda mitad del 2026.

El proyecto, que comenzó en 2022, tuvo que ser paralizado en 2023 por problemas en el diseño inicial, lo que concluyó con la paralización de la obra y la construcción del contrato con la alicantina Aitana Actividades de Construcción y Servicios, que fue la compañía que inició las obras para la cimentación y la estructura, al tiempo que iba trabajando de forma paralela en las instalaciones. No obstante, conforme fue avanzando la construcción quedó patente que había varias deficiencias en el proyecto.

En concreto, se produjeron errores respecto a la medición de acero que se necesitaba y los materiales empezaron a encarecerse por encima de lo recogido en el contrato. Además, se detectaron una serie de carencias en el edificio que requerían de unos cambios para adaptarse a la normativa vigente, por lo que hubo que subsanar el proyecto en materia de ventilación, saneamiento y control de incendios.

Por tanto, el 16 de junio de 2023 la empresa y el Estado suscribieron el Acta de Paralización, con lo que las obras se dieron por finalizadas hasta actualizar las instalaciones a las nuevas necesidades. Sin embargo, estos cambios traían consigo un sobrecoste que sobrepasaba el 30% que permite la ley de Contratos del Sector Público, por lo que, tras no alcanzar un acuerdo, la firma alicantina solicitó en el mes de junio de este 2024 la resolución del contrato.

En cualquier caso, este trámite no fue completado hasta el pasado 16 de diciembre del 2024, lo que supuso una indemnización de 134.000 euros por daños y perjuicios, además de los ingresos que había recibido hasta ese momento por sus trabajos.