MURCIA. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028 para fijar la hoja de ruta de las políticas de prevención, inclusión e integración social.
El documento ha sido diseñado en colaboración con diferentes administraciones, como la Red de Lucha contra la Pobreza, la Oficina de Transparencia y Participación, la Universidad de Murcia, el Colegio Profesional de Trabajo Social y entidades locales.
La Estrategia desplegará un total de 232 medidas, de las cuales 140 serán nuevas iniciativas. Dichas actuaciones pretenden dar respuesta a tres retos: disminuir los niveles de pobreza y exclusión, dar cobertura a todos los colectivos en situación de vulnerabilidad, y coordinar de manera eficaz todas las políticas de las distintas administraciones en materia de prevención y lucha contra la pobreza.
Con esta estrategia el Gobierno regional destina más de 110 millones de euros anuales a combatir la pobreza y la exclusión social, una inversión distribuida en las diferentes actuaciones puestas en marcha en las áreas relativas a servicios sociales, vivienda, empleo, educación y salud. Una red de recursos que puso en valor este miércoles pasado la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ante la Comisión Rectora de la Pobreza, órgano de participación en el que están representadas las diferentes administraciones públicas, así como la red de entidades sociales de lucha contra la pobreza.
En el ámbito de la educación, por ejemplo, establece el desarrollo del III Plan de absentismo y abandono escolar para mejorar y acelerar la respuesta educativa y social. En empleo, los sistemas de empleo y formación regional se coordinarán con los servicios municipales para definir la oferta formativa y laboral de los colectivos con mayor desventaja social.
En cuanto al ámbito de la vivienda, se contempla la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas en situación de pobreza o exclusión social, y por lo que respecta a la salud, el documento incluye como nueva medida el desarrollo de protocolos de mejora de coordinación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales comunitarios.
Además, la Estrategia integra la creación, en todos los ayuntamientos, de equipos interdisciplinares de servicios sociales, salud, educación o vivienda, que abordarán conjuntamente la intervención con familias en situación de pobreza.
El Gobierno regional ejecutará esta batería de medidas teniendo en cuenta la perspectiva de género, la accesibilidad universal o la protección de grupos vulnerables, y todas las actuaciones se evaluarán una vez se pongan en marcha. Para ello se llevarán a cabo informes de progreso anuales, contemplando una evaluación final en 2029 tras la implementación de la Estrategia.