Región

Investigan a seis facultativos y al empleado de un laboratorio por la presunta falsificación de más de 250 recetas

  • Dos agentes de la Guardia Civil trabajan en la investigación
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MURCIA (EP). La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Eczane', ha investigado a siete personas -seis facultativos médicos y el empleado de un laboratorio farmacéutico- como presuntas autoras de los delitos de falsificación de documento público, tráfico de influencias, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar un supuesto entramado dedicado a la manipulación de recetas oficiales.

La investigación se inició a principios de año, cuando el Servicio de Inspección y Prestaciones Asistenciales de la Subdirección General de Ordenación y Prestaciones Sanitarias detectó anomalías en la prescripción, dispensación y facturación de recetas físicas de medicamentos bonificados adquiridos entre los años 2023 y 2024, cuyo gasto fue sufragado por el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Especialistas del Equipo de Delitos Económicos de la Benemérita averiguaron que los pacientes que constaban en los documentos no conocían a los médicos firmantes, no padecían las patologías indicadas y tampoco habían retirado los productos de las oficinas de farmacia, según ha informado el Instituto Armado.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los seis facultativos que presuntamente firmaban las recetas sin conocimiento de los pacientes, así como a la persona que retiraba los fármacos, quien ejercía como comercial del mismo laboratorio farmacéutico que fabricaba los medicamentos.

De acuerdo con la tesis de los investigadores, el comercial presentaba los documentos en distintas farmacias de la Región para obtener los productos sin coste, provocando que los establecimientos facturaran el importe directamente al erario público. La Guardia Civil sospecha que el entramado se fraguó con el objetivo de que el empleado incrementara sus objetivos de ventas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

 

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