MURCIA. El PSOE lo tiene claro. Con el actual texto del Gobierno regional, no van a apoyar el proyecto de ley que prepara el PP. "No podrán contar con el voto favorable de los diputados socialistas a su proyecto de ley de vivienda asequible, puesto que se trata del mismo texto del Decreto de Vivienda Asequible, que no fue negociado con ningún grupo y que ya fue rechazado en la Asamblea Regional", advertía este lunes el diputado socialista Miguel Ortega.

Los socialistas reclaman diálogo y acercamiento. Algo que por el momento no ha sucedido. “Si no se toman medidas para que baje el precio de la vivienda, de manera inmediata, el Partido Socialista no va a apoyar ninguna propuesta. No vamos a contribuir a blanquear la parálisis del Partido Popular, que en ocho años no ha hecho nada para que todo sea igual: el precio de la vivienda por las nubes y la gente asfixiada económicamente”, declaró el parlamentario, que la pasada semana fue el encargado de defender este asunto en la tribunal de la Asamblea.

Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico había aprobado a finales de septiembre esta normativa sobre medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística que hacer frente al actual problema de la vivienda. La norma quería promover la construcción de hasta 25.000 inmuebles asequibles en los próximos cinco años con precios de hasta 170.000 euros. Sin embargo, el PP, que gobierna en minoría, se quedó solo en su apoyo al decreto-ley y el texto fue derogado en la Asamblea. La oposición alegó que no hubo diálogo previo ni siquiera el PP les había llamado por telefóno para negociar las medidas.

El PP, tras sufrir el varapalo de la oposición, reaccionó para salvar el decreto-ley de Vivienda Asesquible, derogado por los votos mayoritarios de PSOE, Vox y Podemos-IU. El presidente murciano, Fernando López Miras, anunció que el Gobierno regional va a tramitar el texto como proyecto de ley "inmediatamente". Este movimiento significa que la norma volverá a la Asamblea Regional y los grupos de la oposición podrán hacer sus aportaciones. De hecho, el presidente intentará acelerar el trámite para que sea una realidad cuanto antes. De hecho, el Gobierno sacará este miércoles a consulta pública el proyecto de ley de Vivienda Asequible. 

Ahora el PSOE presenta una moción en la Asamblea Regional destinada a "garantizar que el suelo público nunca pierda su categoría de público y evitar así que unos pocos puedan hacer negocio, en el futuro, con el patrimonio de todos". Así lo enfatizaba Ortega: "Para estar del lado de la gente hay que bajar el precio de la vivienda”, decía el diputado, quien emplaza a las fuerzas políticas de la Región a posicionarse y decidir, si ante el grave problema de acceso a la vivienda en la Región de Murcia, "están del lado de la gente o de los que especulan con este bien básico".

“Desde el Partido Socialista queremos generar consensos en la Asamblea. Los grupos parlamentarios van a tener que decir si están a favor de medidas básicas que contribuyan a bajar el precio de la vivienda y la primera es esta moción”, alegó. Ortega recordó que sigue en pie la oferta del Partido Socialista al Gobierno regional para "alcanzar acuerdos que solucionen los grandes problemas y mejoren la vida de la ciudadanía de la Región de Murcia".

“Si López Miras quiere bajar el precio de la vivienda que se siente que se siente a dialogar con nuestro secretario general, Francisco Lucas. López Miras tiene que dejarse la fiesta y tiene que ponerse a trabajar acordando medidas que bajen el precio de la vivienda en la Región de Murcia”, señaló.

Reunión con la patronal de la construcción y los promotores

 

Precisamente este lunes, FRECOM y APIRM mantenóian una reunión con el PSRM-PSOE, con Francisco Lucas a la cabeza, para analizar los retos de la vivienda en la Región de Murcia. Durante la reunión, afirman, "se han compartido diagnósticos y propuestas sobre los principales retos que afronta el sector, así como posibles líneas de actuación que contribuyan a impulsar la construcción de vivienda y a facilitar su acceso a la ciudadanía".

La derogación causó malestar entre las patronales de la construcción y la promoción inmobiliaria, dos sectores que se han involucrado en la elaboración de la normativa. Desde Frecom aseguraban que "el problema no había estado en el contenido, sino en la gestión política" y lamentaban la falta de diálogo: "No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. No se ha buscado consenso. Esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica". Desde APIRM, por su parte, argüían que el decreto "tenía el propósito de mejorar la oferta de vivienda asequible, tan necesaria en la Región", y contenía medidas "acertadas para ello". Y apuntaban que "existen fórmulas para enriquecer y mejorar la norma sin perjudicar a los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiados de este decreto, pero la falta de diálogo y la desconfianza entre los grupos políticos han tumbado esta posibilidad".