MURCIA. En España una persona con movilidad reducida no puede alquilar un coche adaptado ni tampoco tener un vehículo de sustitución. Esta situación condena a muchos ciudadanos que se quedan "sin moverse, sin alternativa", impidiéndole ir al trabajo, a los estudios o cualquier otra actividad, tal y como denuncia la diputada murciana del PP Sonia Ruiz, quien asegura que la solución "existe" porque otros países, como Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Noruega y Reino Unido, han implantado existen kits universales removibles autorizados que permiten conducir de manera segura y temporal.

Por eso, para poner remedio a esta barrera, el PP de la Región de Murcia ha presentado una moción en la Asamblea Regional para reclamar al Gobierno de España que lleve a cabo los cambios normativos necesarios para la homologación de kits removibles (portátiles) para que puedan ser adaptaciones de los vehículos de personas con movilidad reducida.

El objetivo es “eliminar barreras técnicas y sociales" y ofrecer una solución para estos conductores que viajan, alquilan vehículos, usan coches compartidos o necesitan una alternativa temporal. "De ser autorizados, se conseguiría eliminar barreras técnicas y sociales proporcionando a las personas con movilidad reducida la posibilidad de usar vehículos de sustitución o alquilados cuando su coche esté en reparación, compartir adaptaciones entre vehículos reduciendo costes y, aumentando la movilidad familiar y profesional, así como, poder participar de manera mas igualitaria en la sociedad accediendo a trabajo, educación y ocio sin depender de terceros o del transporte público limitado", defienden los populares en la moción.

"No pedimos privilegios, pedimos algo tan básico como poder movernos, decidir y vivir como cualquier", reivindica la diputada Ruiz, promotora de la iniciativa.

Así funciona el kit portátil

El kit funciona del siguiente modo: es un sistema de anclaje a los pedales del acelerador y del freno de un coche automático que se instalan y retiran en minutos sin necesidad de herramientas complejas o modificaciones permanente. "No requiere ni tan siquiera la ayuda de un experto, ya que su colocación es simple y sencilla. Además, se pueden adquirir en tiendas y webs especializadas", explica la diputada Ruiz, promotora de la iniciativa.

“Derribemos obstáculos y reduzcamos burocracia para que las personas con discapacidad participen de manera más igualitaria en la sociedad accediendo a trabajo, educación y ocio sin depender de terceros o del transporte público limitado”, detalla la parlamentaria.

Los populares aseguran las personas con movilidad reducida conductoras afrontan un laberinto burocrático en la homologación de sus vehículos. "Cualquier modificación, ya sea un simple pomo del volante o el rebaje del suelo, es considerado por la ley como ‘reforma de importancia’, lo que requiere una triple documentación para considerarse legal: el informe del fabricante, el certificado del taller instalador y, en muchos casos, un proyecto técnico firmado por un ingeniero. Además, una vez hecha la obra, tienen un plazo escaso de tiempo para pasar una revisión específica".

Un ahorro de hasta 4.000 euros

Así, en España, adaptar un vehículo para que lo conduzca una persona con movilidad reducida suele costar desde unos 1.000 euros hasta 4.000 si la adaptación es básica de conducción. "Además, no es solo el aparato: la reforma debe quedar homologada y reflejada en la documentación/ITV, y la DGT exige que, si la discapacidad afecta a la conducción, se pase por un Centro de Reconocimiento y, en su caso, por Tráfico para fijar las adaptaciones que deben constar en el permiso".

“Encima, una vez hecho lo anterior, el vehículo no se puede vender ni transferir en un plazo de cuatro años, lo que genera un nuevo problema en el caso de que las necesidades de la persona con discapacidad cambien”, agregaba Ruiz.  “Por ejemplo, que se necesite una adaptación diferente sobrevenida, pues ello implicaría devolver las exenciones fiscales más los intereses, creando con ello una nueva barrera, esta vez económica, a la movilidad adaptativa”, lamenta.

“Reconocer estos kits como componentes certificados y seguros en España", en conclusión, "sería dar un paso firme hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, fomentaría la innovación y desarrollo de soluciones adaptadas e incentivaría la colaboración entre fabricantes y Asociaciones de Personas con Movilidad Reducida, garantizando seguridad, eficiencia y autonomía para quienes más lo necesitan".