MURCIA (EP). El PP da otro gesto más hacia Vox en su meta por intentar cerrar un acuerdo presupuestario que se le resiste desde el pasado 1 de enero de 2025. Si este martes los populares se comprometían a apoyar una moción de Vox para condenar el Pacto Verde Europeo, ahora el Gobierno regional admite que el centro de menores de la pedanía de Santa Cruz, una de las primeras exigencias de los de José Ángel Antelo, no tiene cabida en su modelo de acogida de menores inmigrantes.

Así lo reconocía la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, en una respuesta desarrollada en la sesión de control celebrada  este miércoles en el Pleno de control de la Asamblea Regional: “No tiene cabida en el modeo de acogida y acogimiento residencial, que no es otro que nos marca Europa, Unicef y el Gobierno de España, al no cumplir con los estándares de entornos reducidos y de carácter familiar”.

Ruiz ha respondido así a una pregunta formulada por la diputada socialista Lola Jara, quien ha denunciado que el Gobierno de López Miras "se ha sometido al chantaje indigno" de Vox para cerrar este centro como condición para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2025. "Es inaceptable mercadear con la vida de 72 niños y niñas que han llegado a nuestra tierra en total desamparo", denunciaba.

Con todo, esta declaración no significa que la Comunidad vaya a cerrar la instalación, pero sí es la primera vez que se plantea explorar otras fórmulas. Y llega en pleno sprint final de la negociacón de los Presupuestos, pendientes de que PP y Vox se den la mano.

En la Asamblea, la consejera, en concreto, defendió que la Región de Murcia "va a cumplir siempre con la ley" y señaló que ya son nueve las entidades de acogida que han adaptado sus espacios al nuevo modelo. Según expuso, el centro de Santa Cruz fue concebido como una instalación de primera acogida temporal, pero actualmente acoge a más de 60 menores durante estancias prolongadas. "No es lo que quiere Europa, ni UNICEF, ni el propio Gobierno de Sánchez", recalcó.

Por su parte, la diputada Jara ha advertido de que la clausura del centro es "un retroceso en materia de protección de la infancia" y ha recordado que estos menores están tutelados conforme a la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución y la legislación autonómica. Ha señalado además que el Estado y la UE cofinancian este tipo de dispositivos, que son clave para la integración y la protección de los menores migrantes.

Desde la Comunidad explicaron que esta postura de la consejera se debe a varias razones. Son las siguientes:

1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los niños a vivir en entornos familiares y la protección a la infancia y juventud privada de entorno familiar. 
2. La Comisión Europea emitió la Recomendación (UE) 2024/1238 el 23 de abril de 2024, enfocada en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas integrados de protección infantil que prioricen el interés superior del niño. Este documento subraya la necesidad de priorizar el cuidado de los niños en entornos familiares y comunitarios, promoviendo la desinstitucionalización y la transición hacia servicios de calidad basados en la familia y la comunidad. Se insta a los Estados miembros a invertir en servicios no residenciales de calidad y a fomentar estrategias nacionales para acelerar esta transición.  
3. El Ministerio de Juventud e Infancia de España destaca que el acogimiento familiar ofrece a los menores un entorno estable y afectivo, evitando su estancia en centros de protección. Se enfatiza que el acogimiento familiar es una medida de protección solidaria que favorece el desarrollo del menor en un ambiente familiar, priorizando la reintegración en su familia de origen cuando sea posible. Además, se reconoce la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial, en línea con la legislación española vigente
4.  El Defensor del Pueblo ha recomendado durante más de dos décadas el acogimiento familiar de menores, señalando que, aunque existe un consenso sobre los beneficios de crecer en un entorno familiar, el cambio hacia este modelo no se ha producido de manera efectiva. Se subraya la necesidad de acentuar la aplicación de medidas alternativas al internamiento en centros, como el apoyo a la familia y el acogimiento familiar.

Crítica a los aranceles

La Asamblea Regional también abordó otros asuntos. Según recoge Europa Press, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López, sostuvo que el Gobierno autonómico "ha actuado con previsión, responsabilidad y compromiso" ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones de la Unión Europea, que afectan directamente a productos murcianos, especialmente del sector agroalimentario.

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Podemos Víctor Egío, la consejera reivindicó que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha diversas medidas desde antes incluso de la confirmación oficial de las restricciones comerciales por parte del gobierno estadounidense.

Entre las medidas, López ha destacado un programa específico de apoyo al sector agroalimentario dotado con 2,5 millones de euros, cuyo objetivo es mitigar el impacto de los aranceles y fortalecer la competitividad exterior de las empresas de la Región de Murcia.

Además de eso, ha asegurado, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre esta misma cuestión, que la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump "ha supuesto un serio perjuicio para el comercio internacional y para las empresas exportadoras de la Región de Murcia".

Durante su intervención, el socialista Alfonso Martínez ha advertido de que las medidas proteccionistas impulsadas por Trump pueden reducir las exportaciones regionales hasta un 18*% y causar pérdidas económicas de 124 millones de euros. "Pactar los Presupuestos regionales con Vox, la franquicia de Trump en España, es hacerse cómplices de su política arancelaria", ha declarado el diputado del PSOE, quien ha señalado que más del 56*% de las exportaciones murcianas a EE.UU. corresponden al sector agroalimentario.

Asimismo, ha lamentado que mientras el Gobierno de España ha movilizado 14.100 millones de euros para paliar el efecto de los aranceles en todo el país, el Gobierno regional haya destinado únicamente 7,5 millones para responder a esta crisis.

Por su parte, la consejera ha reconocido que "decisiones unilaterales como las tomadas por la administración Trump no fortalecen la economía, sino que limitan su capacidad de crecimiento". Ha insistido en que estas medidas afectan especialmente al agroalimentario, "un sector estratégico y vital para el empleo y el desarrollo de nuestra comunidad".

López ha subrayado que la Región de Murcia "ha actuado con responsabilidad, anticipándose y articulando medidas específicas para apoyar al tejido exportador", y ha reprochado al Ejecutivo central su falta de coordinación con las comunidades autónomas. También ha criticado que el 25*% de las ayudas anunciadas por el Gobierno de España se hayan destinado a Cataluña, frente a lo que considera un trato injusto al resto de regiones.

La consejera también ha confirmado que asistirá mañana al Consejo Interterritorial de Internacionalización, convocado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Una reunión que, según ha dicho, "llega tarde y mal". A su juicio, en esta reunión se les va a contar "lo mismo que contó Sánchez, un plan para hacer frente a la política arancelaria de EEUU, en el que no se ha contado con las comunidades autónomas ni con las propuestas del Partido Popular, pero sí con el apoyo de quienes quieren romper el país".

En ese sentido, ha insistido en que la reunión "debería ser de colaboración y no para hacerse la foto". Además, ha insistido en que desde la Región de Murcia se sigue reclamando un plan específico para los sectores más golpeados por los aranceles. "Un plan de apoyo real, eficaz y ágil. Y exigimos también que las comunidades autónomas tengamos un papel activo en la respuesta nacional, ya que no se puede seguir improvisando desde Madrid sin contar con quienes gestionamos día a día la economía real".

Plan de ordenación de Calnegre-Cabo Cope

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha confirmado, por su parte, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calnegre-Cabo Cope "se encuentra en elaboración", dentro de la planificación prevista por su departamento al inicio de la legislatura. Así ha respondido a la pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea Regional por la diputada de Podemos, María Marín, quien ha denunciado que la tramitación del plan lleva más de 33 años bloqueada.

Marín ha advertido de las amenazas actuales que sufre el parque, entre ellas la puesta en venta de la finca Cala Blanca como suelo urbanizable, en plena Marina de Cope, o la reciente aprobación de un camping para caravanas de más de 23.000 metros cuadrados dentro del espacio protegido. "El parque está invadido por caravanas casi todo el año y no se ha tomado ninguna medida de protección", ha denunciado la diputada.

Según ha recordado, el Gobierno regional dispone desde 2013 de un estudio de revisión y actualización del proyecto del PORN, financiado con fondos FEDER, pero el plan sigue sin ver la luz. "Sin el PORN y su Plan Rector de Uso y Gestión, el parque carece de escudo legal para evitar la degradación y la especulación urbanística", ha afirmado.

En su respuesta, el consejero ha defendido que su departamento trabaja "con rigor técnico, participación y respeto a los procedimientos legales establecidos". Ha asegurado que la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática sigue elaborando los documentos técnicos del plan, y ha destacado que Cabo Cope ha sido recientemente integrado en el catálogo de monte público de la Región de Murcia.