El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, eligió el Parador de Lorca -con el castillo al fondo y un frío moderado acompañando la mañana- para anunciar que las obras del nuevo Tribunal de Instancia de la ciudad encaran su recta final. Si se cumplen los plazos, el edificio estará terminado este verano y comenzará a funcionar a pleno rendimiento antes de que acabe el año.

La inversión asciende a 17 millones de euros y permitirá concentrar en un único inmueble a jueces, magistrados, fiscales, funcionarios y al conjunto de operadores jurídicos. “Queremos una justicia del siglo XXI, más ágil, más cercana y con medios adecuados”, vino a resumir el ministro, que enmarcó el proyecto dentro de lo que definió como la mayor transformación de la justicia en décadas.

Durante su visita, Bolaños avanzó que mantendrá encuentros con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el secretario de Gobierno y la presidenta del Tribunal de Instancia de Lorca para analizar la implantación del nuevo modelo organizativo y detectar posibles mejoras. Pero más allá del edificio, el titular de Justicia quiso poner el foco en el refuerzo de plantilla anunciado esta misma semana.

El Gobierno ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados -375 por turno libre y 125 para juristas con más de diez años de experiencia-, la mayor convocatoria en la historia judicial española. De ellas, 19 corresponderán a la Región de Murcia, lo que supone, según destacó, un incremento del 11,2% en su planta judicial. “Será la comunidad autónoma más beneficiada porcentualmente de toda España”, subrayó, reivindicando las inversiones previstas también en Murcia capital, Molina de Segura y, cuando se cedan los terrenos, Cartagena.

El ministro defendió que este refuerzo permitirá acercar a España a las ratios europeas de jueces por habitante y cumplir, por primera vez de forma simultánea, con la reserva del 25% de plazas para el llamado cuarto turno, prevista en la ley desde 1985.

Preguntado por la actuación del Ministerio del Interior tras la denuncia contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Bolaños respaldó la respuesta de Fernando Grande-Marlaska. Aseguró que se actuó “de manera inmediata y contundente” apartando al cargo en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos y abriendo expediente a quienes pudieran haber encubierto conductas irregulares.

El ministro aprovechó para marcar distancias políticas: ninguna organización, afirmó, está libre de comportamientos machistas o agresiones, pero la diferencia radica en cómo se responde. Según sostuvo, cuando los casos afectan al ámbito socialista, las salidas son rápidas; en otros partidos, dijo, se tiende a proteger al presunto agresor y a cuestionar a la víctima. También puso en valor que cada vez más mujeres denuncien y lo hagan con mayor libertad.

Sobre la posible exigencia de conocimiento de lenguas cooficiales en la futura regulación de inmigración acordada con Podemos, aclaró que el texto aún se encuentra en fase de audiencia pública. Todas las aportaciones, explicó, están siendo estudiadas antes de elevar el proyecto al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de Ministros. En cualquier caso, negó que se haya establecido como requisito imprescindible el conocimiento de una lengua cooficial para obtener autorizaciones de residencia o trabajo.

Con inversiones en infraestructuras, refuerzo de personal y nuevas reformas normativas, Bolaños quiso presentar en Lorca la hoja de ruta del Ejecutivo en materia judicial: más medios, más jueces y una estructura pensada para reducir tiempos de respuesta y equilibrar cargas de trabajo. El nuevo Palacio de Justicia de la ciudad, aseguró, será una pieza más de ese engranaje.