CARTAGENA (MP / EFE). Fue uno de los momentos más sonados que dejó el pleno de este miércoles en la Asamblea Regional. La diputada de Vox Virginia Martínez García se atavió con un niqab negro (un tipo de velo islámico que cubre todo el rostro de la mujer, salvo los ojos) e intentó intervenir desde su escaño para defender una moción presentada por su partido contra este tipo de vestimentas. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Regional se lo impidió.

"Usted no puede estar en este plenario vestida de forma. Le ruego que se cambie", le ordenó la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, que tampoco le concedió la palabra a la parlamentaria mientras estuviera cubierta con el niqab.

Nos alegramos de que en la Asamblea Regional se prohiban las cárceles de tela que humillan a la mujer.

Pedimos lo mismo en el resto de la Región.#Burka #RegióndeMurcia pic.twitter.com/e7JTpv5W8b

— VOX Murcia (@Vox_Murcia) December 10, 2025

Una vez despojada del velo, aunque todavía con la túnica negra, Martínez García sí pudo subir a la tribuna del Parlamento para defender sus razones. "Nos alegramos, señora presidenta, de que no se permitan esos ropajes porque después de 50 años de democracia llegamos a ver cómo las mujeres tienen que vivir en cárceles de tela". La diputada argumentó que si no se pueden llevar esas prendas en la Asamblea Regional, que "es la soberanía del pueblo de la Región de Murcia, tampoco se pueden llevar en los espacios públicos, que es donde viven los ciudadanos".

Fracasa la moción

La moción de Vox buscaba pedir la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de la Región porque, esgrimen, son prendas que "someten, ocultan y callan a la mujer" y atentan "contra los derechos fundamentales de las mujeres”. Sin embargo, el PP, PSOE y Podemos Izquierda Unida votaron en contra y el texto no fue aprobado.

Además, según informa Efe, la parlamentaria tildó de “cobardes y mezquinos” a los diputados que no apoyaran la moción, pero la presidenta de la Asamblea ordenó quitar del diario de sesiones ambas palabras por considerarlas un insulto. Tampoco le dejó a Martínez García poner un audio de dos imanes explicando “en España y en español” las obligaciones de las mujeres musulmanas, por lo que la diputada tuvo que leer una transcripción.

El PP critica el show

"Los ciudadanos de la Región se merecen un respeto, por lo que sus representantes políticos no deberían utilizar la Asamblea para montar numeritos y ‘shows’ como ha hecho Vox", reprochó el portavoz del PP, Joaquín Segado, quien dijo compartir "la lucha contra el fundamentalismo islamista, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y cualquier forma de violencia de género", pero, apostilló, "una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”.

Segado también arguyó que "obligar a una mujer a vestirse de determinada manera, imponerle un matrimonio forzoso o practicar la mutilación genital son ya delitos en el Código Penal". Añadió que "todo lo que pide Vox que se prohíba, ya está prohibido” al tiempo que concluía que "en la Región de Murcia el uso del burka es prácticamente inexistente, y el niqab es un fenómeno muy minoritario: lo saben en especial los alcaldes, que gestionan la convivencia en los barrios cada día".

Las razones de PSOE y Podemos

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU/V-AV, María Marín, expuso que la moción es “útil en otros países” islámicos, ya que en la región “no se utilizan” ni el nicab ni el burka. Recriminó “los delirios y alucinaciones casi enfermizas de los diputados de Vox” al dejar claro que su grupo “rechaza el burka, el nicab, cualquier tipo de vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer y cualquier imposición" sobre los cuerpos de las mujeres, "vengan de donde vengan”. Y puso como ejemplo una foto de Bianca Censori, esposa de Kanye West, con un vestido transparente en la gala de los Grammy

La diputada socialista Toñi Abenza, por otra parte, acusó a los parlamentarios de Vox de estar "enfermos de racismo" y afeó que pretenden "contagiar a los restantes de esta Cámara”. Tachó de “racista” y “engañosa” la moción, ya que “miente haciendo creer que se pueden sancionar en el ordenamiento jurídico situaciones que ya están prohibidas”, como el matrimonio forzoso o la ablación del clítoris.

A su juicio, “España ni es ni va a ser nunca un país donde el Estado en pleno siglo XXI abra las puertas a que el poder público sancione económicamente identidades culturales y expresiones personales”. Y terminó afirmando que “la prohibición basada en los prejuicios nunca es una política útil, sino un intento de imponer la visión sesgada, estrecha y vacía de la realidad” de la ultraderecha.