MURCIA. El atasco de la Justicia alcanza cifras insólitas. Hasta 223.574 asuntos judiciales están pendientes en la Región de Murcia, el dato más alto de la historia, con un 12% más que hace un año. Estos números significan que cada juzgado (cada órgano judicial, para ser preciso) soporta una media de 1.746 (entre pleitos y casos) sin culminar, atascados en su recta final, tal y como refleja la estadística oficial del tercer trimestre de este 2025, publicada este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante los meses de verano, los tribunales murcianos registraron 50.340 nuevos ingresos, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2024 y con una media de 393 por cada órgano judicial. Al mismo tiempo resolvieron 46.869 casos, un 2,1% más y con una media de 366 por cada órgano. Este incremento, explican desde el TSJ de la Región de Murcia, "refleja un esfuerzo sostenido de los órganos judiciales por mejorar la respuesta a la ciudadanía, aunque el volumen de resoluciones no resulta suficiente para absorber el conjunto de asuntos que ingresan y los que ya se encontraban en trámite".
Las cifras del tercer trimestre confirman la última tendencia: caen las entradas, pero continúa "una elevada presión estructural derivada de la acumulación de procedimientos pendientes, lo que sigue condicionando el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma", señalan desde el TSJ.
La Justicia lleva años clamando por la falta de recursos que alivien la carga de trabaja y al mismo tiempo den una mejor respuesta a la ciudadanía. "Llevamos tiempo explicándolo de muchas maneras”, reclama presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, "pero los datos vuelven a demostrar que, sin un refuerzo suficiente de recursos humanos y materiales, resulta muy difícil garantizar una justicia ágil, cercana y de calidad".
Como perspectiva histórica del disparado aumento de la carga de trabajo, cabe destacar que los 223.574 asuntos pendientes de ahora contrastan con los 115.643 anotados en 2019, el último año antes de la pandemia. El 2020 se cerró con 127.443 juicios sin resolver; 2021, por el contrario, hubo una tímida mejoría, al finalizar en 125.380; pero en 2022 se llegó a 141.211 y en 2023 a en 2023 se llegó a 179.188. 2024, el último año, se sobrepasó la barrera de los 200.000, con 206.805.
Por jurisdicciones
Por jurisdicciones, el orden Civil obtuvo el mayor descenso en el número de asuntos ingresados en este tercer trimestre de 2025, con 15.710 procedimientos, muy por debajo de los datos del mismo trimestre del año anterior. "Esta caída está estrechamente vinculada a la reducción de los procedimientos monitorios, que han experimentado un descenso muy acusado", añaden desde el TSJ. A pesar de ello, esta jurisdicción continúa concentrando el mayor volumen de carga de trabajo, con 141.635 asuntos pendientes al finalizar el trimestre.
En el ámbito Penal, por el contrario, hubo un aumento de los asuntos ingresados, que alcanzaron los 30.152. Aunque también incrementó el número de asuntos resueltos, la pendencia creció hasta colocarse en 56.383 procedimientos en trámite.
La jurisdicción Contencioso-Administrativa contabilizó 1.269 nuevos asuntos durante el trimestre, con una cifra de resoluciones que, aun siendo relevante, no logró reducir el volumen de asuntos pendientes, que se situó en 7.276.
En el orden Social, los órganos judiciales tramitaron 3.209 nuevos asuntos, lo que ratifica una tendencia al alza en este ámbito, con 18.280 procedimientos pendientes al cierre del periodo.
La tasa de litigiosidad llega a 12 asuntos por cada 1.000 murcianos
En términos de litigiosidad, fuentes del TSJ informan de que la Región de Murcia se situó en torno a los 32 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio que se mantiene por encima de la media nacional, sin contar el peso de la pendencia acumulada. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 31,25, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024.
La Región presenta la quinta tasa litigiosidad más elevada del país. Por delante se sitúan Canarias (41,14); Baleares (35,28); Cataluña (34) y Asturias (32,79). Y por detrás, Andalucía (32,03) y Madrid (31,78).
Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (21,75); País Vasco (22,62); Extremadura (25,18); Navarra (26,06); Castilla-La Mancha (26,23); Galicia (26,70); Castilla y León (28,11); Cantabria (28,82); Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).
