MURCIA. La condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas está cerca de ser una realidad. Esquerra Republicana, uno de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, anunció esta semana que el Consejo de Ministros prevé el próximo 2 de septiembre dar luz verde al proceso para perdonar con el fondo de liquidez autonómica hasta 83.252 millones de euros a los gobiernos sometidos al régimen común. El Ministerio de Hacienda elude dar una fecha concreta, pero no niega que será el próximo mes, según apuntan varios medios nacionales.

En el caso de la Región de Murcia, la propuesta fijada por el departamento que dirige María Jesús Montero asciende a 3.318 millones de euros. Esta cantidad supondrá disminuir el 25,9% del pasivo autonómico, que ascendía en febrero (cuando Hacienda anunció la medida) a 12.802 milones de euros. Ahora esta cifra alcanza alcanza ya los 13.337 millones de euros, según el último dato actualiado del Bando de España, correspondiente al primer trimestre de 2025, el pasivo de la Región.

No en vano, la Región es, en términos relativos, la segunda más enduedada del país, con un pasivo que equivale al 30,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), sólo superada por la Comunidad Valenciana. La cifra lleva aumentando de forma general desde el año 2008, a ritmo de récord por año. Hace 17 años las arcas regionales debían 755 millones; el pasado 2024 se cerró con 13 513 millones de euros, el dato histórico más alto hasta ese momento y equivalente al 31,5% del PIB. Según sostiene el Ejecutivo regional, el 95% de ese incremento es consecuencia de la infrafinanciación.

La iniciativa de Hacienda, que ya fue validada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tiene que pasar también por el Congreso. Con todo, el propio Gobierno central espera conseguirlo antes de que concluya este 2025. Una vez que esté en vigor, se aplicará en aquellas comunidades que así lo soliciten. 

Los Gobierno del PP, como es el caso de la Región, expresaron su rechazo por considerar que incluye un reparto desigual. En Murcia, el consejero murciano de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, tachaba la ministra Montero de "arbitrariedad", porque considera que plantea una "exigua" quita del 25,9% de deuda, la sexta más baja por comunidades, cuando la Región es la peor financiada, tal y como lleva señalando en los dos últimos años la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

López Miras se opone

El presidente murciano, Fernando Lopez Miras, sostiene que es "un parche" y "un engaño" y reprocha que otros territorios se lleven porcentajes más elevados, como Andalucia (47%), Canarias (50%) y Asturias (37%). A su juicio, "la quita de la deuda es un acuerdo entre los separatistas y el PSOE y no lo vamos a permitir".

Por cifras totales, Andalucía se sitúa a la cabeza, con 18.791 millones, muy cerca de Cataluña, con 17.104 millones. Le siguen la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

Los sindicatos y los partidos de la oposición como PSOE y Podemos IU consideran que el Gobierno autonómico debería aceptar la condonación ofrecida. En febrero, el consejero Marín deslizó que la Comunidad no está por la labor de pedir la quita: "La Región de Murcia rechaza la medida aislada de condonar la deuda porque no soluciona nuestro verdadero problema que es la infrafinanciación lo que se resolvería con un nuevo sistema de financiación más justo y equitativo", esgrimió.

Con todo, voces independientes como Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) proponen un reparto "más equitativo", basado en la infrafinanciación y la población ajustada. Con su método, a Murcia le corrresponderían 5.069 millones frente al planteamiento de 3.318 millones de Hacienda.

Las tres fases de la metodología

La asunción de la deuda autonómica, según expuso en febrero la ministra, parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central "no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las Comunidades Autónomas". Hasta el punto de que se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras. "La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento.

Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado. El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar", explica la ministra. 

La metodología se divide en tres fases:

-Fase 1. El grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.

- Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.

- Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.