MURCIA (EP). La Justicia gratuita registró 41.085 solicitudes de asistencia jurídica en 2024 en la Región de Murcia, un 11% más que las 36.725 del año anterior, mientras que el gasto global superó los 9,7 millones de euros y supuso un incremento del 13,9% con respecto a los 8,5 millones del 2023.

Así se desprende del XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación 'Aranzadi-La Ley' sobre el servicio prestado en 2024.

Según los datos aportados, se facturaron en la Región 62.344 asuntos -42.366 por el turno de oficio, 18.290 asistencia letrada y 1.688 asistencias de violencia de género-.

En la Región hay 1.284 abogados ejercientes adscritos al turno de oficio y otros 1.137 abogados de Asistencia Letrada. Además, 827 tratan asuntos de violencia de género y otros 595, asuntos de extranjería.

Datos nacionales

A nivel nacional, la justicia gratuita registró 1,1 millones de solicitudes de asistencia jurídica en 2024 en España, un 5% más que el año anterior, mientras que el gasto global superó los 344 millones de euros y supuso un incremento del 9,6%.

Además, el informe que refleja que se denegaron en torno al 10% de las peticiones tras el análisis de las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

Según los datos aportados, el 52% de los solicitantes son hombres, la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y el 50% de ellos con una renta media inferior a los 10.000 euros anuales, mientras que las mujeres representan el 48% de las peticiones.

Cae el número de abogados de oficio

Estos asuntos judiciales fueron atendidos por los cerca de los 39.941 abogados inscritos en el turno de oficio, una cifra que por primera vez desde que hay registros se sitúa por debajo de los 40.000 profesionales, lo que supone una "sangría" en palabras del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que atribuye el descenso a los "baremos irrisorios" que no se actualizan desde hace años, los retrasos en los pagos o las actuaciones que no se remuneran.

En concreto, la caída respecto al 2023, cuando había 40.748, es de un 2% menos. En 2019 representaban un 31% del total de los abogados ejercientes; el año pasado se quedaron en el 26,8%.

Según el informe, la comunidad autónoma que más gastó fue Cataluña con 68,1 millones, seguida de la Comunidad de Madrid con 55,1 millones y Valencia con 51,8. Los expertos explican el incremento del gasto por el aumento de la solicitudes y el hecho de que algunas regiones hayan actualizado los baremos de retribución.

En concreto, quienes lo hicieron fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y País Vasco.

La inversión media por ciudadano fue de 7,07 euros, una cantidad que varía entre las regiones en función de la población, el número de solicitudes o el volumen de asuntos de extranjería.

Además, Cataluña aglutina el mayor número de solicitudes gestionadas, con 267.982, por delante de Andalucía, con 223.038, la Comunidad de Madrid, con 162.436, y la Comunitat Valenciana, con 127.898.

En el lado contrario, Ceuta, con 4.409; La Rioja, con 4.606; y Melilla, con 3.027 fueron las que menos asumieron.