MURCIA. (EFE). El juzgado de instrucción de Totana que investiga al secretario general del PSOE murciano y diputado regional, Diego Conesa, como presunto autor de un delito de prevaricación por no tramitar una multa a un edil de IU-V ha desestimado el recurso de aquel contra la personación del PP en las diligencias. Según ha sabido Efe, Conesa pidió que se revocara la resolución de enero pasado en la que el juzgado admitía esa personación como acusación popular, para lo que alegó que el PP carecía de interés legítimo para ello y trataba de dilatar el proceso y politizarlo. Pidió al juzgado de forma subsidiaria que si mantenía su decisión, al menos exigiera al PP la entrega de una fianza.

El recurso de reforma, impugnado por el fiscal, ha sido desestimado por el juzgado, que reitera los argumentos del auto anterior, en el que se afirmaba que sin perjuicio de qué tipo de intereses pueda albergar el PP, "es evidente que el que se invoca no es ajeno a la actividad de control inherente a este tipo de personas jurídicas". Y añadía que no era necesario que se le exigiera la presentación de una querella, ya que cuando pidió intervenir, la causa ya estaba iniciada tras la denuncia planteada por el jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia cuando Conesa era alcalde de esa localidad.

Tampoco le era exigible la entrega de una fianza "al existir indicios contrastados de la posible comisión del delito, lo que en principio excluiría la litigación temeraria". Finalmente, señalaba que el PP estaba legitimado para ejercer la acusación popular como derecho de participación de los ciudadanos en la administración de justicia.

El dirigente socialista, aforado como miembro de la Asamblea Regional de Murcia, dijo el pasado 21 de enero al declarar como investigado de forma voluntaria que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos denunciados por el sargento que había sido jefe policial. Señaló entonces que entre sus competencias como alcalde cuando se denunció al edil de IU-V por su comportamiento en un control de alcoholemia no se encontraba la de tramitar las multas de tráfico, sino la de firmar los decretos sancionadores.

Y atribuyó lo ocurrido al suboficial, que no se habría preocupado debidamente de dar a la denuncia la tramitación usual, además de afirmar que este habría actuado por venganza debido a que había sido relevado del puesto de jefe de la Policía Local.