MADRID (EP). El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado en el acuerdo para el despliegue de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la reunión de la Comisión Multilateral del Ministerio con las comunidades autónomas celebrada este martes, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Vivienda.
En la reunión, presidida por el secretario de Estado, David Lucas, se ha abordado la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que tendrá lugar a finales de mayo y que aprobará los criterios de reparto de los 7.000 millones de euros en primera vuelta.
En este sentido, dicha aprobación supondrá el inicio del procedimiento para la transferencia del primer desembolso del Plan por parte del Gobierno correspondiente a la anualidad de 2026 y que ascenderá a 800 millones de euros, según ha informado a las comunidades autónomas el secretario de Estado.
Asimismo, David Lucas ha insistido en alcanzar el acuerdo en torno a este Plan porque "es lo que está reclamando la sociedad española" y ha destacado que es la hoja de ruta para una "excelente cooperación" entre administraciones públicas y colaboración público-privada.
Por lo tanto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda triplicará los fondos que gestionarán las comunidades autónomas hasta los 7.000 millones de euros y establecerá un "modelo de corresponsabilidad" por el que el Gobierno de España aportará el 60% y las comunidades autónomas, el 40% restante.
A la reunión han asistido también el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara; y el anterior director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.
La Generalitat pide a Vivienda "flexibilidad"
La Generalitat ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que se permita "flexibilidad" en la aplicación de las medidas contempladas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de manera que "cada comunidad autónoma pueda adecuarlo a su realidad territorial".
Así lo han señalado fuentes del gobierno valenciano después de la Comisión Multilateral del Ministerio con las comunidades autónomas celebrada este martes. En este encuentro, según ha asegurado la administración central, se ha avanzado en el acuerdo para el despliegue de los 7.000 millones de euros del plan. Además, en la sesión, que ha presidido el secretario de Estado, David Lucas, se ha abordado la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que tendrá lugar a finales de mayo y que aprobará los criterios de reparto.
Por parte de la Generalitat, a la multilateral han asistido el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, y la directora general de Innovación y Transformación Urbana, Trinidad Ortiz Gómez.
En esta próxima sectorial, los consejeros de Vivienda de las distintas comunidades autónomas deberán aprobar el sistema de financiación y el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, según ha expuesto el Secretario de Estado, David Lucas, no varían con respecto al sistema vigente en el plan 22-25. Este acuerdo sectorial deberá pasar por el Consejo de Ministros, en junio, y volver a la sectorial para su ratificación, indican desde la Generalitat.
Para el Consell, "estos trámites, aún pendientes, obligarán a retrasar los acuerdos bilaterales entre el Ministerio y las CCAA que deben definir los planes y líneas de ayudas a poner en marcha y que, previsiblemente, se dilatarán más allá del mes de agosto".
Esta "incertidumbre" y el "alargamiento" de los plazos inicialmente previstos han sido puestos sobre la mesa por la Comunitat Valenciana, "ya que están poniendo en peligro muchos miles de ayudas, más de 15.000 familias atendiendo a los beneficiarios de alquiler, bono joven y compra del año pasado", remarcan las mismas fuentes.
En esta línea, aseveran, el Ministerio ha propuesto a las CCAA una resolución de transferencia anticipada de los fondos del propio organismo estatal previstos para 2026, "generando dudas en las autonomías, ya que sin establecer el marco normativo oportuno las comunidades no podremos comenzar a planificar y ejecutar el plan".
Dalta de tiempo
En este contexto, ante la "falta material de tiempo" en 2026, la Generalitat ha solicitado que los fondos de este año puedan ser ejecutados y justificados también a lo largo del 2027. Según afirman fuentes del ejecutivo autonómico, la Dirección General de Vivienda y Suelo se ha comprometido a posibilitarlo.
La Comunitat Valenciana, Andalucía y Aragón también han solicitado al MIVAU acceso al expediente de tramitación de este Real Decreto para conocer el contenido de los distintos informes y especialmente el del Consejo de Estado, sobre cuestiones incluidas en el plan y que podrían plantear problemas competenciales (calificaciones permanentes, registro de viviendas en alquiler).
Las mismas fuentes critican que la propuesta del Estado "tiene más imposiciones que acuerdos" y que, "aunque ya era hora de tener un plan, este no es el mejor plan posible". Por ello, la Comunitat Valenciana ha pedido expresamente que se permita "flexibilidad" en la aplicación de las medidas, de manera que "cada comunidad autónoma pueda adecuar el plan y las medidas que se contempla en él a su realidad territorial".
Dana
Por otro lado, también se ha abordado las prórrogas de plazos para las actuaciones financiadas con programas de fondos europeos. Parece que "por fin", subrayan estas fuentes, se podrá atender la demanda de las CCAA ante la "necesidad de flexibilizar" los plazos de ejecución tanto de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios como de las promociones de vivienda nueva "que viene impulsando la Conselleria".
Para la Comunitat Valenciana, es una "necesidad imperiosa" que surge muy especialmente como consecuencia de la Dana sufrida a finales de 2024 y que "no solo ha estresado la respuesta del sector de la rehabilitación o construcción de vivienda, sino que ha provocado un incremento de precios que desajustan los presupuestos iniciales presentados a las distintas convocatorias". "Es importante garantizar la flexibilidad de ciertos plazos y programas, como venimos solicitando desde hace meses", abundan.
En las próximas semanas, la Conselleria y el MIVAU revisarán el estado de ejecución de los proyectos sujetos a ayudas europeas de manera que se puedan abordar posibles soluciones individualizadas, concluyen estas fuentes.
