Los precios de la vivienda siguen subiendo mes a mes y año a año. Las administraciones y los promotores mantienen desde hace tiempo un pulso silencioso por revertir un problema que, como dicen los promotores, “es de primera necesidad”. Sin embargo, el escenario sigue sin cambiar. Los promotores inmobiliarios lo tienen claro: las administraciones deben cambiar el paso.

“Hay diferentes informes, pero yo te puedo hablar de los datos del INE. Hasta 2023 los precios van subiendo a un dígito. Pero en 2024, los precios ya suben un 11,65% en la vivienda usada y un 12,49% en la vivienda nueva”, cuenta Jose Ramón Blázquez, presidente de los promotores inmobiliarios de la Región. Lo cierto es que, como informa Idealista en un reportaje reciente, la edificación de obra nueva implica una inversión considerable en materiales, mano de obra y realizar una serie de trámites administrativos. La obtención de licencias, el cumplimiento de la normativa urbanística y las exigencias técnicas actuales incrementan el coste final del producto. Los materiales de construcción han crecido notablemente durante los últimos años. “Uno de los problemas es que, al igual que sucede con los coches, cada vez se tienen que hacer viviendas hablando claro ‘tope de gama’. Eso significa que tenemos cada vez mejores viviendas, pero todo ello incrementa el precio”, cuenta el presidente de los promotores inmobiliarios.

La falta de suelo, a juicio de los promotores, es culpa de las administraciones. “Son las administraciones las que tienen que poner suelo. Lo más complicado es pasar de urbanizable a urbanizado. En los últimos años los ayuntamientos han olvidado vertebrar las ciudades. Si no costean las conexiones, el precio de la vivienda nueva se incrementa. Además, todo ello obliga a adelantar a las promotoras un dinero por adelantado y muchas veces financiar a pulmón de esta manera es muy complicado. Cada vez es más complicado construir”, señala Blázquez. “Además, hay una burocracia brutal, una hipertrofia legislativa, porque las licencias no van rápido”.

Otro de los problemas que se observan en la Región es la falta de vivienda de protección oficial. “Durante muchos años, desde los años 80, se usaba mucho este tipo de vivienda. Hasta 2011 recibía ayudas y, después, se querían. Este tipo de vivienda implica una doble tramitación, lo que hace que sea muy compleja de vender. Además, no se han actualizado los módulos que marcan los precios máximos a los que se pueden vender. Si no se establecen unos precios acordes, el promotor no va a vender por debajo del precio de coste. Si a eso le sumas que la renta per cápita en la Región solo alcanza el 83% de la renta nacional, menor por tanto que en otras zonas de España, pues se complica”, señala Blázquez.

Los promotores siempre que pueden se lo manifiestan constantemente a las administraciones. “Siempre lo digo. El verdadero especulador del suelo es la administración. Los presupuestos solo van a gastos corrientes. Se les ha olvidado invertir. Tampoco les interesa bajar los impuestos, que son del 25% de coste de la vivienda”, señala Blázquez. “Si gastamos dinero en financiar el vehículo eléctrico, debemos invertir también en vivienda energética. Se creen que la vivienda lo soporta todo y no es así”, añade.