El problema de la vivienda sigue sin solucionarse en la Región. Tampoco en el resto de España. La extrema polarización que inunda la escena política española, con cada movimiento en cualquier parte del territorio nacional fiscalizados por Génova y Ferraz, sedes del PP y del PSOE respectivamente, resta cierta libertad a la hora de tomar decisiones que puedan redundar en beneficios para el territorio en cuestión. Ningún territorio tiene las mismas necesidades. Esta semana la oposición tumbaba el decreto de vivienda asequible con el que el Gobierno regional iba a construir cerca de 25.000 viviendas en los próximos cinco años. Se trataba de una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional de la VPO, adaptándola a las necesidades actuales de la sociedad. Además, al tratarse de vivienda protegida, la renta de los compradores podría ser como máximo de 6,5 veces el IPREM, que es lo establecido en la actualidad para la vivienda protegida con carácter general, lo que equivale a un tope de 54.600 euros.

El resultado de la votación provoca que todo sigua igual en materia de vivienda. Desde los Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (APIRM) lamentan que el hecho de que no se haya construido una sola vivienda de protección oficial desde agosto de 2022 vaya a seguir así. “No se harán viviendas de VPO hasta que el precio del módulo esté en su sitio. Si es más alto el coste de construir que el precio de venta, no se va a construir. Este decreto era mejorable, pero permitía tener un modelo más flexible, ahorrando tramitaciones, y ayudaba a poner vivienda en el mercado. Contaba con una prima de edificabilidad, que nos permitía construir más vivienda. Donde antes podíamos poner 10 viviendas, ahora se podrían construir 14”, apunta Jose Ramón Blázquez, presidente de Apirm. “Todo esto era interesante. Para hacer todo más sencillo, hay que cambiar leyes que ahora hacen imposible construir todo lo necesario. Por ello es fundamental ir aprobando este tipo de medidas para cambiar la situación”, lamenta Blázquez.

Desde los constructores también lamentaban el rechazo al decreto.  En un comunicado, desde Frecom aseguran que "el problema no ha estado en el contenido, sino en la gestión política". Y lamentan la falta de diálogo: "No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. No se ha buscado consenso. Esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica". La patronal ve con preocupación esta situación: "Como empresarios y también como ciudadanos, nos preocupa que reformas necesarias no salgan adelante por falta de entendimiento. La política útil es la que suma, escucha y construye. Hoy no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad".

Por su parte, Apirm señaló algunos apuntes del Banco de España. “En su informe anual de 2024 advertía de que el problema de la vivienda y sus efectos sociales y económicos adversos justifican la adopción de auténticas medidas de política económica, con horizonte temporal amplio, que afecten a las distintas administraciones con responsabilidades en materia de vivienda y que pongan un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda", indicaban desde los promotores. Según Apirm, lo que estaba pidiendo el Banco de España a las administraciones "era valentía y amplitud de miras, algo que desgraciadamente no se ha dado en esta ocasión en la Región", informaron fuentes de la asociación en un comunicado.