CARTAGENA (EFE). El Ministerio de Agricultura ha desplazado a personal al puerto de Cartagena donde sigue fondeado, a la espera de atraque, el barco con cerca de 900 terneros devueltos por Turquía y Libia, con el fin de poder acceder al mismo y comprobar el estado de los animales.
Fuentes del Ministerio han informado a Efeagro de que el capitán del buque anunció su intención de atracar hace dos días pero, sin embargo, sigue fondeado en la bahía de Cartagena.
"Si el barco toca puerto, los animales serán sacrificados"
"La autoridad sanitaria española nos comunicó el lunes la resolución en la que nos decía que si el barco tocaba puerto los animales serían inmediatamente sacrificados", explicaba para el diario El Mundo Miquel Masramónn, abogado que junto a Jaime Rodrigo representa a Talia Shipping Line, la empresa armadora del Karim Allah.
Entre los motivos para resistirse al desembarco, añaden en el mismo diario nacional, figura que la empresa armadora, aunque sólo ha ejercido de transportista, podría ser considerara responsable subsidiaria del coste de todo este proceso de eliminación de los animales que, explica Masramón, podría ascender al "millón de euros".
La misión de los funcionarios del MAPA es seguir "todo" el operativo y el Departamento de Luis Planas está realizando "todas" las gestiones necesarias para subir al barco "a la mayor brevedad, ver el estado de los animales y realizar todas las inspecciones y comprobaciones oportunas". Se plantea la posibilidad más que probable de que los animales serán sacrificados y la carne destruida. En el caso de que la situación se mantenga, no se descarta que el barco sea abordado.
A la vista de los resultados de la inspección, se llevarán a cabo las acciones oportunas en aplicación de la legislación vigente sobre bienestar y sanidad animal, según las mismas fuentes.
Este lunes se conoció que Turquía y Libia habían rechazado el desembarco de dos barcos que portaban cerca de 2.700 terneros procedentes de España por reticencias sobre la posibilidad de que saliesen del país infectados por la enfermedad de la lengua azul, extremo que desmintieron tanto la asociación de productores (Asoprovac) como el Gobierno.