El debate público se suele simplificar mucho, en mi opinión, y tiende a tratar a veces a la Universidad como una mera partida de gasto y no como lo que realmente es, una infraestructura económica y social de primer orden. Las sociedades que aspiran a ser prósperas, cohesionadas y resistentes tienen algo en común: invierten de forma sostenida en universidades sólidas. Desde el ámbito de la economía, el análisis es claro: la Universidad no solo forma profesionales, sino que produce capital humano avanzado, genera conocimiento, impulsa la innovación y articula la movilidad social. Esto no son meras palabras, es todo un engranaje entre economía y sociedad y, sin duda, cuando funciona bien, eleva la productividad, mejora la calidad institucional y refuerza la cohesión social. Por el otro lado, si se debilita, el deterioro quizás no sea inmediato, pero sí puede ser profundo y persistente.
Si nos detenemos en el área que mejor me desenvuelvo, la aportación económica, sus datos disponibles para España en los últimos años son contundentes. El sistema que incluye solo a las universidades públicas, sin entrar en cifras muy “finas”, generaría una contribución al PIB superior a los 23.000 millones de euros anuales, con un impacto total en términos de actividad económica que supera los 40.000 millones, y cerca de 440.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Parece claro que no se trata solo de gasto público canalizado, sino que es todo un ecosistema económico completo que moviliza rentas, empleo y recaudación fiscal, es decir, que genera un potente entramado.
Una de las métricas que considero más relevantes es el retorno por euro invertido. Las estimaciones suelen situar éste entre 4 y 5 euros por cada euro de financiación pública, si se consideran los efectos económicos y fiscales agregados. Por tanto, incluso bajo una lógica estrictamente contable, la Universidad es una inversión con multiplicador positivo, lo que se llamaría por mis colegas “un gasto público eficiente”.
Prescindir de las universidades —o debilitarlas— no es una opción neutra, no es de suma cero, es una decisión con consecuencias duraderas"
A todo esto se suma un hecho estructural y claro de nuestro país, más del 80 % de la investigación científica se realiza en universidades. Desde la salud hasta la ingeniería, desde la economía hasta el resto de las ciencias sociales, el conocimiento que sostiene la competitividad futura nace, en gran medida, en los campus universitarios. Así, si ampliamos la mirada a las últimas tres décadas, el papel de la Universidad se vuelve aún más evidente.
España ha pasado de un sistema universitario relativamente reducido a uno que forma a una parte sustancial de su población activa muy cualificada. Hoy, alrededor del 40 % de los adultos jóvenes cuenta con estudios superiores, una transformación silenciosa que ha sido clave para la modernización económica y la movilidad social, o por no hablar de la llamada generación del Baby Boom, también tuvieron la suerte y la tuvo nuestro país de que se pudieran acercar a esta institución, los resultados como evolución de España en muchos apartados y áreas ahí están.
Imaginemos, por un momento, un país —o una región— sin universidades. ¿Quién formaría a los médicos, ingenieros, economistas, filósofos, historiadores, químicos, docentes, juristas o investigadores?, ¿dónde se generaría el conocimiento propio? y algo por lo que también creo que debemos estar vigilantes ¿qué institución garantizaría, a gran escala, la movilidad social basada en mérito? -aunque en este apartado, paradójicamente haya voces que parece que critican la cultura del esfuerzo y el mérito, deberían explicar el modelo alternativo-. Incluso en el improbable escenario de poder y tener que importar todo el talento o externalizar la investigación, el coste sería enorme, dependencia estructural, pérdida de soberanía tecnológica y aumento de la desigualdad. Las universidades son, por tanto, uno de los pocos instrumentos capaces de combinar crecimiento económico con cohesión social. Prescindir de ellas —o debilitarlas— no es una opción neutra, no es de suma cero, es una decisión con consecuencias duraderas.
Me resulta a veces muy curioso que la Universidad sea, por una lado una institución criticada desde fuera - se la acusa de lentitud, burocracia o gobernanza imperfecta y quizás algunas críticas sean legítimas, pero la mayoría son muy simplificadoras- pero por otro lo revelador es que estas críticas conviven con una realidad constante y real, y es la de que muchos de quienes cuestionan la Universidad buscan formar parte de ella o colaborar con ella de alguna u otra forma. Esta contradicción revela que la Universidad sigue siendo un activo reputacional, intelectual y social de primer orden. No digo yo que la gobernanza universitaria no pueda y deba mejorar, pero conviene hacerlo con rigor y perspectiva comparada.
La Universidad es, ante todo, una comunidad de personas excelentes, comprometidas y conscientes de su responsabilidad social"
La Universidad sí tiene procedimientos, normas, controles y contrapesos, no es una organización sin reglas como a veces se quiere simplificar en el debate. Me suelo preguntar que si quienes la critican aplicarán en sus propias instituciones, organizaciones o vidas diarias estándares equivalentes de transparencia, participación y rendición de cuentas. Dicho esto, es razonable avanzar hacia una gobernanza más madura —llamémosle una “gobernanza 6.0”—, donde lógicamente cada actor se concentre en lo que mejor sabe hacer, como ahora te dicen los códigos de la sostenibilidad (ESG); es decir, los profesores e investigadores a enseñar con calidad e investigar y transferir conocimiento; los consejos sociales, en conectar Universidad y sociedad; los equipos directivos y gerenciales, internos y por qué no algunos externos, en gestionar recursos con profesionalidad; y los stakeholders y financiadores, en coproducir con todos los anteriores planes estratégicos realistas y evaluables.
El poder real de la Universidad está en ese equilibrio, no en el liderazgo personalista ni en la desregulación acrítica. En un momento de mi vida pude dedicarme con más amplitud a la Universidad y conocerla no solo entre los muros de mi facultad, sino en toda su extensión institucional. Esa experiencia transforma la mirada y por tanto siempre que puedo invito a conocerla por dentro, en toda su extensión, para debatir con criterio. Sin ánimo de comparar, con este ejercicio uno entiende que invertir dinero público en la Universidad es una buena decisión, no solo por los retornos económicos, sino por la calidad humana y profesional de quienes la integran. Pude comprobarlo participando desde su génesis en proyectos muy transformadores en el medio plazo como apoyar nuevas facultades, titulaciones, centros, infraestructuras, empleos, relaciones con los centros tecnológicos, la internacionalización empresarial o en la génesis e impulso del conocido Campus Mare Nostrum.
La Universidad es, ante todo, una comunidad de personas excelentes, comprometidas y conscientes de su responsabilidad social. Si nos detenemos en nuestra Región, el impacto del sistema universitario alcanza -como mínimo- alrededor del 1,75 % del PIB regional y más del 1,6 % del empleo, cifras que reflejan un papel económico difícilmente sustituible. En este contexto, por ejemplo la Universidad de Murcia – sin excluir lógicamente al resto de Universidades de nuestra Región- ha sido un pilar fundamental del desarrollo regional. Forma a los profesionales que sostienen los servicios públicos y el tejido productivo, impulsa investigación en áreas estratégicas y contribuye a construir futuro en forma de talento, innovación y cohesión social. En definitiva, invertir en universidades no es un acto de fe ni una concesión corporativa. Es, sencillamente, una de las decisiones económicas más inteligentes y socialmente responsables que puede tomar una sociedad que aspira a ser fuerte, próspera y justa.
Salvador Marín
Economista
Catedrático Universidad de Murcia
