Corre por las redes la mejor prueba que conozco de que Ceuta es española. Y no se basa en la Historia, en la Geografía, ni en el Derecho, sino en un dato incontrovertible: miles de marroquíes están tratando de entrar en esa ciudad, cuando, si fuese de Marruecos, esos miles de marroquíes estarían tratando de salir de su recinto. Aclarado ese punto, la pregunta es: ¿Por qué no se han integrado Ceuta y Melilla en ninguna de diecisiete comunidades autónomas de España? En particular, ¿por qué se quedaron fuera de Andalucía? Vista la crisis actual, quizás tenga interés rememorar esa historia.
El 27 de agosto de 1997, una vez celebradas las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, se constituyó en Torremolinos la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. Con el objetivo de impulsar la autonomía de la región, formaban parte de aquella Asamblea los diputados y senadores de las ocho provincias andaluzas actuales. Durante la reunión Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, mostró un especial empeño en que se integrasen los representantes de Ceuta y Melilla. Eran un diputado y dos senadores por cada ciudad, lo que hacía un total de seis. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España se negaron en redondo. Por un lado, Antonio Jiménez Blanco, de UCD, defendió que Ceuta y Melilla debían integrarse en Andalucía y que sus representantes tenían derecho a participar en la Asamblea; por otro lado, Alfonso Guerra, del PSOE, argumentó que sus seis representantes eran de UCD, de modo que acogerlos alteraría la mayoría parlamentaria en la Asamblea a favor de ese partido y en contra del PSOE.
Reunida la Comisión en Carmona, los socialistas y los comunistas se negaron a integrar Ceuta y Melilla en Andalucía, pero accedieron a escribir que se podrían establecer relaciones especiales de colaboración"
En efecto, la correlación de fuerzas entre ambos bloques estaba tan ajustada que habrían bastado los dos diputados y los cuatro senadores de esas ciudades para disipar la mayoría parlamentaria de izquierdas. En ese caso el proceso autonómico andaluz quizás habría estado dirigido por los centristas, en vez de comandado por los socialistas con apoyo de los comunistas. Y eso, según Guerra, había que evitarlo a toda costa porque los socialistas y los comunistas querían un proceso rápido y una autonomía plena (como la de Cataluña), pero los centristas preferían un proceso más lento y una autonomía más limitada. De momento, los socialistas, aliados con los comunistas, se salieron con la suya. No obstante, José Manuel García Margallo, entonces de UCD, intervino para anunciar que no daban el asunto por zanjado. En septiembre siguieron las discusiones y finalmente el 12 de octubre la Asamblea adoptó una decisión: el Estatuto de Autonomía sería elaborado solo por los parlamentarios de las ocho provincias actuales, pero la Comisión Permanente de la Asamblea, compuesta por 18 parlamentarios, invitaría a un representante de Ceuta y a otro de Melilla para escuchar sus sugerencias e informarles de los avances. Así quedó la cosa.
Un par de años después, el 4 de diciembre de 1980, se formó un grupo de siete personalidades para elaborar el Estatuto de Autonomía. Por parte del Partido Comunista de Andalucía figuraba el sevillano Javier Pérez Royo, miembro a la sazón del Comité Central del PCE. Cuando ese catedrático de Derecho Político (luego Derecho Constitucional) fue elegido rector de la Universidad de Sevilla tuvo la gentileza de nombrarme vicerrector de su equipo. Y las explicaciones que daba sobre aquel asunto merecen especial atención. Reunida la Comisión en Carmona, los socialistas y los comunistas se negaron a integrar Ceuta y Melilla en Andalucía, pero accedieron a escribir que se podrían establecer “relaciones especiales de colaboración”. Se trataba de una fórmula suficientemente vaga para no comprometerse a nada. Era obvio que tal decisión de las izquierdas debilitaría la posición de esas ciudades ante el expansionismo marroquí, pero las protestas de los centristas y de muchos ceutíes no sirvieron de nada.
El lector acertará si ahora está sospechando que el cambio de postura respecto del Sahara del presidente Sánchez, que nunca se dignó explicar la causa de esa mutación, fue coherente con la negativa de sus predecesores a incorporar a Ceuta y Melilla a la Comunidad Autónoma Andaluza. Y, visto el comportamiento de las izquierdas andaluzas durante la transición, se pregunta si el presidente Sánchez no estará barajando pactar con el Gobierno de Marruecos alguna decisión de calado sobre Ceuta y Melilla. Después de todo, en 2021 destituyó a la ministra de Asuntos Exteriores, la culta vasca Arancha González Laya, a petición, según se rumoreaba, del Gobierno marroquí. La opinión del mismo Pérez Royo, que ha dicho hace poco que los ceutíes son españoles, pero su ciudad es africana, encaja con la temida cesión de soberanía. Pero eso da para otro Tibio.
