El 9 de enero de 2026, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la propuesta del Gobierno para el nuevo modelo de financiación autonómica. No fue una comparecencia técnica más. Fue, en realidad, la explicitación política de una asimetría estructural en el reparto territorial de recursos que, por primera vez, se reconoce sin ambages desde el propio Ejecutivo.

Las palabras importan. Y las de la vicepresidenta fueron extraordinariamente precisas: “El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma.” Y añadió: “La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero no se garantiza para todas las comunidades.” La frase es clave. Ordinalidad, sí. Pero no para todos.

Sin embargo, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado esta semana, en la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta tuvo que desdecirse parcialmente, o al menos matizar hasta el límite sus propias afirmaciones previas. Vino a decir que no hay privilegios, que el modelo no está cerrado, que todas las comunidades pueden sentirse cómodas y que el Gobierno seguirá buscando consensos.

Y es que uno no puede soplar y sorber al mismo tiempo.

A partir de ese momento, el discurso se convierte en un galimatías muy cercano al célebre humor de los hermanos Marx. Por un lado, la ministra de Hacienda que debe cumplir el compromiso político con Cataluña. Por otro, la dirigente socialista que necesita no dinamitar el equilibrio territorial ni alienar a comunidades como Andalucía. Y, al mismo tiempo, la vicepresidenta que preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Murcia recibe entre 300 y 400 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, y hasta 450 euros menos que Madrid"

 

Antes de evaluar las consecuencias de la decisión adoptada, conviene aclarar de dónde partimos. La referencia técnica indiscutida es la última liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica, correspondiente al ejercicio 2023, analizada por FEDEA —Fundación de Estudios de Economía Aplicada¹—. FEDEA utiliza el indicador relevante: financiación homogénea por habitante ajustado, que corrige por edad, dispersión, superficie e insularidad. Es decir, mide qué recibe realmente cada ciudadano, no cuánto se recauda en su territorio. El diagnóstico es claro y reiterado por la propia fundación: el sistema vigente es intensamente redistributivo. Comunidades con menor capacidad fiscal aparecen mejor financiadas por habitante, mientras que las más dinámicas aportan más y reciben menos. Ese es el punto de partida real sobre el que se construye el nuevo modelo.

Si descendemos del ranking agregado a los casos concretos, el contraste es aún más revelador. Según la citada liquidación de 2023 analizada por FEDEA, Murcia se sitúa en torno a los 2.300–2.350 euros por habitante ajustado, Cataluña alrededor de 2.600–2.650 euros y Madrid en el entorno de 2.700–2.750 euros.

Las diferencias no son menores. Murcia recibe entre 300 y 400 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, y hasta 450 euros menos que Madrid. Trasladado a población, esto supone cientos de millones de euros anuales de menor capacidad estructural de gasto público.

De esta forma, podemos concluir que la reivindicación catalana puede ser justa, como la de Murcia o Valencia. En otros tiempos ya antiguos (2003) cuando se obtuvo la primera liquidación del modelo de financiación, todas las comunidades más dinámicas comentaban: que trabaje Cataluña que lo que es bueno para ella, también lo será para nosotras.  

El contexto político actual dista mucho de aquel por diversos motivos y está tan enturbiado que es imposible ver la luz. En primer lugar, no es Cataluña, es Junqueras. Conviene subrayar un elemento institucionalmente delicado. El acuerdo no lo alcanza una comunidad autónoma como institución ni se negocia inicialmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El interlocutor decisivo es Oriol Junqueras, que no ocupa actualmente ningún cargo de representación institucional de Cataluña, pero sí una posición clave de poder parlamentario. Esto introduce un precedente relevante: la arquitectura del sistema de financiación se redefine mediante una negociación bilateral con un actor político, no a través de un consenso multilateral entre territorios.

Esta debilidad de origen se evidenció con claridad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado esta semana, el órgano multilateral que reúne al Ministerio de Hacienda y a los consejeros autonómicos para debatir y acordar la financiación territorial. El resultado fue contundente: prácticamente todas las comunidades autónomas votaron en contra de la propuesta, incluidas varias que, según las propias estimaciones del Gobierno y los análisis de FEDEA, mejorarían su posición relativa o captarían parte del crecimiento futuro de recursos.

No fue un rechazo estrictamente partidista. Las razones fueron más profundas. En primer lugar, el rechazo al procedimiento: la propuesta llegó al Consejo cerrada, tras un acuerdo bilateral previo, sin una negociación técnica real en el órgano llamado precisamente a deliberar y construir consensos. En segundo lugar, la falta de información técnica completa. A día de hoy no es pública la documentación detallada entregada por el Ministerio a los consejeros, ni las hojas de cálculo con población ajustada, coeficientes definitivos o simulaciones individualizadas que permitan replicar los cálculos y evaluar con precisión el impacto territorial.

Desde el principio todos sabíamos que iba a ser imposible cerrar un nuevo acuerdo de financiación consensuado en el CPPF si no se aportaban más recursos a la financiación de las comunidades autónomas a expensas de la financiación del gobierno central. Nunca pensamos que desde el Ministerio de Hacienda se aceptara ceder recursos de la tarta a sus hermanas menores: las CCAA.

Se produce una confusión conceptual —no inocente— cuando se afirma que el resultado depende de cada comunidad"

El Gobierno sostiene que nadie pierde en términos absolutos. Y, estrictamente, es cierto. La propuesta incorpora un incremento muy relevante de la cesión de tributos que eleva los recursos del sistema entre 16.000 y 21.000 millones de euros anuales, fundamentalmente mediante el aumento de la cesión del IRPF hasta el 55% y del IVA hasta el 56,5%. La tarta crece. El debate no es recaudatorio. Es distributivo. Hasta ahí, lo compro.

Recaudar no es repartir. Aquí se produce una confusión conceptual —no inocente— cuando se afirma que el resultado “depende de cada comunidad”. Desde la lógica económica, lo que realmente se plantea es lo siguiente: las comunidades menos dinámicas mantienen esencialmente el statu quo, mientras que el incremento de recaudación se asigna preferentemente a las comunidades con mayor capacidad fiscal, porque la ordinalidad se aplica sobre el crecimiento, no sobre el nivel previo. No se corrige el pasado; se ordena el futuro.

Además, el verdadero ajuste está en los fondos de nivelación. Para que el principio de ordinalidad opere, aunque sea parcialmente, es imprescindible reducir el peso efectivo de los fondos de nivelación. Esto implica que las comunidades con mayor renta aportarán menos a la nivelación y que la solidaridad deja de ser progresiva para convertirse en defensiva. Este diagnóstico coincide con las valoraciones técnicas recientes de FEDEA², que reconocen que el modelo reduce algunas diferencias relativas, pero advierten de que introduce ajustes ad hoc, carece todavía de transparencia completa y no corrige las desigualdades estructurales del sistema de financiación autonómica. La propia vicepresidenta lo reconoció sin ambigüedad: “El resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben no es homogéneo para todas las comunidades".

Para la Región de Murcia, el acuerdo no implica una pérdida, pero sí algo más grave: la consolidación de una desventaja estructural"

Y no puedo cerrar sin analizar el caso de Murcia. El nuevo modelo de financiación autonómica no es un ajuste técnico. el Ministerio introduce fondos adicionales fuera del núcleo clásico de nivelación. Es decir, se fragmenta la redistribución para poder ajustar políticamente el resultado final. Este punto es clave: los nuevos fondos no son neutrales y no operan con los mismos criterios que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Estrictamente no se puede decir que Murcia pierda recursos, en efecto recibirá más. ¿Entonces? Tantos años peleando por la reforma para solucionar la tradicional infrafinanciación, y ¿ahora qué?

El sistema recauda más, sí. Pero el crecimiento no se reparte igual. Para la Región de Murcia, el acuerdo no implica una pérdida, pero sí algo más grave: la consolidación de una desventaja estructural. En un sistema donde la nivelación se convierte en suelo y no en palanca, Murcia queda estabilizada en su infrafinanciación, mientras otras comunidades capturan el crecimiento futuro. Y eso, más que una cuestión técnica, es una decisión política.

Y ahora que caigo… ¿no ha dicho nada todavía País Vasco? No va a permitir que quedarse fuera de la fiesta… Amigos, queda mucho por ver. Que por nadie pase.