El Tribunal Supremo está a punto de resolver una cuestión que puede tener un enorme impacto económico y social: la validez del IRPH, el índice utilizado por numerosas entidades bancarias para calcular el interés de miles de hipotecas en España. Su sentencia podría suponer la devolución de miles de millones de euros a los consumidores o, por el contrario, consolidar definitivamente su aplicación.

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) se presentó durante años como una alternativa “segura” al Euribor. Sin embargo, a diferencia de este, no refleja el precio real del dinero en el mercado interbancario, sino la media de los tipos aplicados por los propios bancos, lo que ha resultado en cuotas más elevadas para los consumidores.

El problema no es solo económico, sino de transparencia. Muchos clientes firmaron hipotecas referenciadas al IRPH sin comprender cómo se calculaba ni qué consecuencias tendría frente a otros índices más habituales. Esa falta de información ha sido el eje central de la batalla judicial.

En marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia clave: el IRPH no es ilegal por sí mismo, pero los jueces españoles deben analizar si su inclusión en los contratos fue clara y comprensible. Es decir, si el consumidor entendía lo que firmaba. Desde entonces, los tribunales nacionales han emitido decisiones contradictorias, generando una gran inseguridad jurídica.

La cuestión no es solo técnica ni económica, sino también ética"

El Supremo, que en 2020 y 2022 se inclinó por una interpretación favorable a los bancos, vuelve ahora a examinar el asunto tras nuevas resoluciones del TJUE que refuerzan el deber de información y el control de transparencia. Su próxima sentencia podría modificar la doctrina vigente y abrir la puerta a miles de reclamaciones.

Si el Alto Tribunal concluye que las cláusulas IRPH fueron opacas, las entidades financieras podrían verse obligadas a reembolsar los intereses cobrados de más y recalcular los préstamos conforme a índices más equitativos, como el Euribor. La consecuencia sería un impacto económico considerable, pero también un paso adelante en la protección del consumidor financiero.

Mientras tanto, los afectados siguen esperando una respuesta definitiva. La cuestión no es solo técnica ni económica, sino también ética: ¿puede considerarse justo un índice cuyo funcionamiento el consumidor medio no podía entender sin conocimientos financieros avanzados?

El fallo del Supremo no solo resolverá una disputa entre bancos y clientes; marcará el rumbo de la transparencia bancaria en España para los próximos años. Y, con él, la confianza (o la desconfianza) de miles de familias en su sistema financiero.

Isabel Abellán del Rey (abogada) e Irene Abellán Brígido (abogada)