Hay gastos que se ven y otros que se van instalando silenciosamente en nuestra economía doméstica hasta convertirse en una auténtica losa. La vivienda pertenece cada vez más a esta segunda categoría. No hablamos únicamente del precio de comprar una casa o de la subida del alquiler. Hablamos de todo lo que cuesta vivir en ella: electricidad, agua, gas, comunidad, IBI, seguros y mantenimiento. Y cuando sumamos todas esas partidas, la fotografía cambia bastante.
Un reciente estudio de Fedea, elaborado por Fernando Pinto a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, permite medir precisamente ese esfuerzo residencial, entendido como la proporción de la renta disponible que un hogar dedica a su vivienda principal. Y los datos deberían hacernos reflexionar. Entre 2019 y 2024, el gasto residencial medio mensual pasó de 610 a 690 euros, un incremento del 13%. Pero algunas partidas crecieron bastante más: los suministros lo hicieron por encima del 25%, mientras que alquileres y cuotas hipotecarias aumentaron, respectivamente, alrededor de un 15% y un 12,5%.
La vivienda, por tanto, no solo refleja la desigualdad. La amplifica
Es decir, el problema de la vivienda no termina cuando se pagan las llaves. Ni siquiera termina cuando se termina de pagar la hipoteca. Los propietarios sin deuda destinan, de media, un 17,3% de su renta disponible a los gastos residenciales. La casa puede estar pagada, pero vivir en ella, evidentemente, no es gratis.
Pero el dato realmente preocupante aparece cuando introducimos la renta.
Los hogares situados en el primer quintil —el 20% con menor renta— dedican de media el 36,2% de sus ingresos a la vivienda. En el quintil de mayor renta, ese porcentaje cae hasta el 13,6%. Y si utilizamos un criterio más exigente y consideramos que existe sobreesfuerzo cuando la vivienda absorbe más del 40% de la renta, la desigualdad resulta todavía más evidente: afecta al 17,3% de los hogares del quintil inferior y apenas al 1,2% del superior.
La vivienda, por tanto, no solo refleja la desigualdad. La amplifica.
Y aquí aparece una paradoja especialmente incómoda. Quienes más esfuerzo realizan para pagar su vivienda son precisamente quienes tienen menos capacidad para elegir cómo acceder a ella.
No siempre alquila quien quiere alquilar. Muchas veces alquila quien no puede comprar.
Los hogares que viven de alquiler soportan un esfuerzo residencial medio del 33,5%, superior al 30,7% de los propietarios con hipoteca. La diferencia podría parecer pequeña, pero económicamente no lo es. Porque una parte de la cuota hipotecaria amortiza capital y, por tanto, permite ir construyendo patrimonio. El alquiler, no. Ambos reducen la liquidez mensual, pero solo uno de ellos permite acumular un activo.
Y esto nos conduce a una cuestión que me parece central en el debate sobre la vivienda. No siempre alquila quien quiere alquilar. Muchas veces alquila quien no puede comprar.
Aunque las condiciones financieras se hayan relajado respecto a los momentos de mayor endurecimiento monetario, acceder a una hipoteca no depende únicamente de poder pagar una cuota mensual. Hay que disponer de ahorro previo, estabilidad laboral, capacidad de endeudamiento y superar los criterios de riesgo de una entidad financiera. Precisamente requisitos más difíciles de cumplir para los hogares de menor renta.
La casa puede estar pagada, pero vivir en ella, evidentemente, no es gratis
Se produce así una especie de círculo perverso: quienes tienen menos renta destinan una proporción mayor de sus ingresos al alquiler; ese esfuerzo reduce su capacidad de ahorro; sin ahorro resulta más difícil acceder a la propiedad; y al permanecer en el alquiler continúan soportando una elevada carga residencial sin generar patrimonio.
No es extraño, por tanto, que los jóvenes aparezcan entre los colectivos especialmente expuestos. Los hogares unipersonales jóvenes soportan una presión superior a la media, asociada tanto a la ausencia de economías de escala como a su mayor dependencia del alquiler. Tampoco sorprende que el sobreesfuerzo alcance el 18,9% entre los hogares con baja intensidad laboral, frente al 7,4% entre aquellos con alta intensidad.
La desigualdad residencial tiene además una dimensión territorial. En Murcia, el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo alcanza el 16,9%, por encima de la media de numerosas comunidades autónomas. Cataluña, Madrid y Baleares encabezan la clasificación, con porcentajes del 19,3%, 18,8% y 18,1%, respectivamente.
Si esa escalera deja de funcionar, podremos multiplicar las ayudas, pero difícilmente estaremos reduciendo la desigualdad
Por eso me preocupa que reduzcamos el debate de la vivienda a quién concede más ayudas o quién subvenciona más el alquiler.
Las ayudas pueden ser necesarias para atender situaciones de vulnerabilidad y aliviar problemas inmediatos. Pero una política económica sustentada fundamentalmente en ayudas, transferencias y pagas resulta insuficiente —y a largo plazo ineficiente— cuando las causas de la desigualdad son estructurales.
Podemos subvencionar el alquiler, pero si no aumentamos la oferta de vivienda estaremos poniendo dinero público en un mercado que continúa teniendo un problema de escasez. Podemos complementar las rentas, pero si no contamos con un mercado de trabajo suficientemente flexible, dinámico y capaz de generar empleo productivo, estaremos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas.
Y lo mismo ocurre con la educación.
Necesitamos un sistema educativo que vuelva a entender la excelencia, el mérito y la formación como verdaderos instrumentos de igualdad de oportunidades. Porque la mejor política social no debería consistir únicamente en compensar a quien se queda atrás, sino en crear las condiciones para que pueda avanzar.
En definitiva: vivienda, empleo y educación. Tres políticas estructurales que deberían permitir recuperar algo que mi generación, la de los boomers, sí pudo experimentar: el ascenso social. La posibilidad real de que estudiar, trabajar, esforzarse y asumir responsabilidades permitiera vivir mejor que la generación anterior, acceder a una vivienda y construir un patrimonio propio.
Si esa escalera deja de funcionar, podremos multiplicar las ayudas, pero difícilmente estaremos reduciendo la desigualdad.
Y hablando de educación y de ascensores sociales… nos dejaremos el informe PISA para la próxima.
Fuente principal: Fernando Pinto (2026), “Esfuerzo residencial y desigualdad económica en España: evidencia 2019–2024”, Estudios sobre la Economía Española 2026/08, Fedea.
Isabel Martínez Conesa
Catedrática de la Universidad de Murcia y directora de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva
