Si le sirve de consuelo al Gobierno, en mi casa no solo no presentamos presupuesto, sino que tampoco cumplimos con las reglas de gasto. Con no deber mucho cuando termina el año, nos damos por satisfechos. Pero claro, en la Constitución no se contempla la obligación de hacerlo en casa, pero sí menciona que lo debe elaborar el Gobierno para su examen, enmienda y aprobación en las Cortes Generales (artículo 134.1 de la Constitución Española).

Visto lo visto, es paradójico que, con mandato constitucional incluido, las consecuencias de no tener un presupuesto en el ámbito familiar sean peores que en la Administración del Estado. En aquel ámbito, todo son disgustos y agobios. En éste, chismorreos políticos y poco más.

En definitiva, ¿qué ocurre si el Gobierno no presenta los Presupuestos? Sería justo atarlos en el mes de julio en una de esas plazas con el suelo de hormigón sin árboles que tanto les gustan, o meterlos en un tren con destino a Extremadura, o incrustarles unos auriculares donde solo suene el villancico del Burrito Sabanero. Pero no. En este mundo, todavía hay humanidad y, como ha hecho el pleno del Senado planteando en el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones por no presentarlos por tercer año consecutivo, hay maneras de exigirlo más civilizadas.

Cuando tumbamos los Presupuestos o incitamos a no presentarlos no estamos ganando una batalla política: les estamos girando un cheque en blanco para que gasten como quieran"

 

La Constitución y posteriores leyes, como la Ley General Presupuestaria de 2003, dejan clara la exigencia, pero no las consecuencias del incumplimiento. Me parece sano y pertinente que podamos obtener una sentencia del Tribunal Constitucional que circunscriba mejor dichas consecuencias. El conflicto planteado incluye la petición de declarar la nulidad de las prórrogas de los últimos tres años (y que resuelva la enorme complejidad jurídica que pudiera conllevar) y señalar un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria. En el incumplimiento constitucional no creo que haya dudas. En lo que significa, trasciende y si se pueden exigir plazos cerrados, tendremos que esperar.

Interesante es recordar, como lo hace la iniciativa de la Cámara Baja, la relación que hubo entre la no aprobación de los Presupuestos y la disolución de las Cámaras en los años 1995 y 2019 para asumirlo como una convención constitucional. El argumento es muy forzado para el caso actual, pero me parece una buena medida a incluir en el ordenamiento jurídico para el futuro.

El órgano donde se decide en qué y cómo nos gastamos el dinero es el Consejo de Ministros, cuando debería ser el Congreso de los Diputados"

Es pertinente profundizar en la “incomodidad” que debe manifestarse en un Gobierno avieso que no cumple con su principal exigencia de gestión, que es la elaboración de Presupuestos. Hoy en día, no existe dicha incomodidad, sino todo lo contrario. El gran problema que conlleva no es poder aplicar las políticas de gastos o ingresos, sino fiscalizar una política opaca. Todo son ventajas para el responsable político de elaborarlos. Cuando tumbamos los Presupuestos o incitamos a no presentarlos no estamos ganando una batalla política, ni estamos avergonzando a nadie. Les estamos girando un cheque en blanco para que gasten como quieran sin necesidad de pasar por las Cortes a pedir su aprobación o a dar una mera explicación.

Ahora mismo, el órgano donde se decide en qué y cómo nos gastamos el dinero es el Consejo de Ministros, cuando debería ser el Congreso de los Diputados. La Ley General Presupuestaria en su capítulo IV determina ciertas limitaciones para modificaciones de créditos presupuestarios, pero la entrada en vigor de la Ley de presupuestos de 2023 generó excepcionalidades (pensada para una correcta ejecución de los fondos europeos), que permiten al Consejo de Ministros cambiar créditos entre secciones presupuestarias sin pasar por el Congreso. El incremento de gasto en defensa es un ejemplo relevante de ello. Según un artículo que leí hace unos días, a mediados de diciembre llevábamos más de 19.300 millones de euros de gasto aprobados para el año 2026 acudiendo a cambios presupuestarios en el Consejo (que no incluyen gastos recurrentes como nóminas, pensiones o transferencias a otras administraciones). El demente o masoquista que pretenda seguir el hilo de los cambios de créditos realizados no tiene más remedio que perderse en datos opacos, discrecionales y agregados.

La laxitud en los mecanismos de control es la antesala del dispendio y mal gobierno"

Puede que esté sesgado por mi trayectoria profesional como controller, pero resulta inaceptable esta ausencia de marcos que permitan un control y evaluación de la política fiscal. La parálisis presupuestaria no solo afecta a este mandato constitucional, el Gobierno no presenta el preceptivo Plan Económico Financiero por incumplimiento de las reglas de gasto de 2024 (que sí exige a las CCAA que tampoco las han cumplido), mantiene inconsistencias cada vez más divergentes entre los marcos fiscales nacionales y europeos por no acometer la transposición de la Directiva europea de marcos fiscales y genera peores informes con inconcreciones y aspectos mejorables en estimaciones básicas, como en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (que sustituye en el nuevo marco europeo de gobernanza fiscal a la Actualización del Programa de Estabilidad). Y no lo digo yo, lo remarca la AIReF.

Al final, la laxitud en los mecanismos de control es la antesala del dispendio y mal gobierno. Si percibimos que no solo no es un problema, sino que es más fácil, será cada vez más difícil volver al rigor. No es tan flagrante o entretenido como las incidencias con la mujer y/o hermanos de presidentes o con sucesivos secretarios de organización de algún partido, pero puede llegar a ser más letal.